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Sànchez pide su libertad para ser candidato y dice que respetará al TC

JxCat se querellará contra juez Llarena si su aspirante no logra acudir a la investidura del lunes

Imanol Fradua - Miércoles, 7 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La Mesa del Parlament convocó ayer el pleno de investidura de Sànchez para el lunes próximo.

La Mesa del Parlament convocó ayer el pleno de investidura de Sànchez para el lunes próximo. (Foto: Efe)

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La Mesa del Parlament convocó ayer el pleno de investidura de Sànchez para el lunes próximo.

pamplona- El aspirante a hacerse con las riendas del Govern, Jordi Sànchez, reclamó ayer al Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional u obtener un permiso para poder acudir al pleno de investidura del lunes próximo. Tras conocerse su candidatura a president, el presidente del Parlament Roger Torrent movió rápidamente ficha para establecer el arranque de la sesión plenaria a las 10.00 horas del 12 de marzo. En paralelo, la defensa jurídica de Sànchez envió un escrito al magistrado Pablo Llarena reclamando su libertad, amparándose en la vulneración de sus derechos políticos y mostrando su respeto a la “legislación vigente”, incluso con las decisiones del Constitucional.

Llarena, el magistrado que lleva el grueso de la respuesta judicial ante el procés, será quién decida. Pero la defensa letrada de Sànchez, que ha recibido hasta cuatro negativas del Supremo para salir de la prisión de Estremera en la que lleva en prisión provisional desde el 16 de octubre, tuvo que subrayar sus argumentos nuevamente. Recalcó la “decidida voluntad” del número dos de JxCat y candidato tras la renuncia de Puigdemont de “obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad”. Su cumplimiento de las normas no comportará “renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas”, advirtió, pero calificó su aspiración a encabezar la Generalitat como “una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido”.

El documento de defensa de Sànchez puso en entredicho que el aspirante a president pueda incurrir en obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas o riesgo de fuga, tres condicionantes por los que Llarena lo mantiene en prisión provisional desde hace cuatro meses. También rememoró el precedente del caso Yoldi, que permitió al miembro de ETA Juan Carlos Yoldi acudir al Parlamento Vasco en 1987 al pleno de investidura en el que aspiraba ser elegido lehendakari. La última de las claves de la reclamación judicial versó sobre el agravio que viene padeciendo el expresidente de la ANC con respecto a otros dirigentes de las formaciones soberanistas que han propulsado el procés. El documento, de hecho, apeló al “tratamiento radicalmente desigual” ofrecido por los diferentes estamentos judiciales estatales a Sànchez, un mero “líder de una asociación cívica”, con respecto a otros investigados por rebelión como la dirigente de ERC, Marta Rovira, que quedó en libertad bajo fianza. Por ese motivo, solicitó a Llarena que su caso sea resuelto bajo “las mismas razones” que le llevaron a dejar en libertad a otros imputados por rebelión como el expresident Artur Mas, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o los consellers cesados Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

“Hagan un gobierno de acuerdo con las normas del Estado de derecho. Entonces habrá diálogo”

Mariano Rajoy

Presidente del Gobierno español

“Sería algo falto de lógica que no se le permita asistir, pero ya veremos qué ocurre”

apoyo de JxCat y ERC La segunda intentona para nombrar un president tras el 21-D, que además deberá solventarse en tan solo cinco días, generó el enésimo terremoto político en Catalunya. Además del listón judicial de Llarena, Sànchez deberá superar otra barrera como obtener el apoyo de la CUP para una mayoría absoluta o la abstención en una segunda votación, que también requeriría de que Puigdemont y el conseller cesado Comin delegaran sus votos en esta segunda cita. Por ahora, y pese a las fricciones, cuenta con el apoyo de su partido y de ERC. Torrent (ERC) se reafirmó en que defenderá “los derechos políticos de todos los diputados. Y el derecho de Sànchez pasa por someterse al debate de investidura”.

La formación de Sànchez, JxCat, elevó el listón al vaticinar que promoverá una “querella criminal” contra Llarena si no lo deja en libertad o no le permite acudir a la investidura. “Sería un hecho gravísimo, que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Catalunya”, resaltó el portavoz Eduard Pujol. La CUP, por el contrario, mantiene su negativa a investirlo. Lo ve “difícil”, por lo que la mayoría absoluta soberanista en el Parlament se podría tambalear. Aún así, JxCat y ERC no cejan en su empeño de forjar una alianza. De hecho, trasladaron a los cuperos a última hora de la tarde una nueva propuesta de acuerdo, que la formación antisistema valorará estos próximos días.

El Gobierno español no se mueve ni un milímetro de su posición. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, volvió a exigir que los independentisas nombren a un aspirante sin condicionantes judiciales. “Debería ser un candidato que pudiera ejercer sus responsabilidades”, recalcó, a la par que exigió a JxCat que “no amenace” a Llarena. El presidente Mariano Rajoy tampoco varió un ápice su discurso. Avisó que solo tenderá su mano al diálogo si existe respeto el Estado de derecho, a la ley y a los tribunales.

El PNV censuró el caso de Sànchez, al que se mantiene en prisión provisional “por supuestos delitos que no envuelven la violencia”. Es por ello que el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró que “sería algo falto de lógica que no se le permita asistir”.

petición de forn Por su parte, la defensa del cesado conseller de Interior Joaquim Forn volvió ayer a pedir al Tribunal Supremo que le permita salir de prisión. Su defensa, que ya inentó que abondonara la prisión en enero, aunque sin éxito, presentó un escrito en el que apeló a sus circunstancias personales y familiares para pedir su excarcelación e insistió en que no presenta riesgo de reiteración delictiva, dado que no tendrá responsabilidad políticas tras renunciar al acta que obtuvo el 21-D.