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la Confederación debió arreglar motas

Condenan a la CHE a pagar 81.006 euros a otro agricultor ribero por las riadas de 2013

La AN, que obligó a indemnizar en noviembre a un agricultor de Valtierra con 95.335 €, reitera que la Confederación debió arreglar las motas

Enrique Conde - Miércoles, 7 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Riada de enero de 2013 en el Ebro en Castejón.

Riada de enero de 2013 en el Ebro en Castejón. (F. P-N)

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Riada de enero de 2013 en el Ebro en Castejón.

pamplona- La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado la reclamación de un agricultor de la Ribera que sufrió daños en varias parcelas de maíz, cebada, arroz y brócoli que posee en Arguedas, Tudela, Milagro y Villafranca por las inundaciones consecutivas en sus terrenos debido a las riadas de 2013. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es condenada por su responsabilidad patrimonial al no haber reparado las motas de defensa del río Ebro y tendrá que abonar 81.006 euros al agricultor. Esta sentencia, de 12 de enero, se conoce dos meses después de que la CHE fuera condenada también en la Audiencia Nacional a abonar algo más de 95.335 euros a otro agricultor de Valtierra que resultó igualmente perjudicado en diez parcelas de maíz y alfalfa por las mismas inundaciones. La sentencia es recurrible ante el Supremo.

Al igual que en el caso anterior, la Administración había desestimado la pretensión del agricultor ribero ya que la CHE entendía que entre sus tareas no existe el mantenimiento constante de las secciones de desagüe de los cauces. El recurrente alegó al entender que la razón de la inundación era la rotura de las motas de defensa del río en Castejón y que, pese a que el Gobierno habilitó partidas presupuestarias para su reparación, la Confederación no actuó por lo que el agua, que ya se había salido el 20 de enero, volvió a desbordarse el 31 de marzo y el 11 de junio. Además, se exponía en el recurso que el caudal en las últimas ocasiones era mucho menor que en la riada de enero (en la primera fue de 2.199 metros cúbicos por segundo, mientras que después fue de 1.662 y de 1.907) y que los trabajos de reparación se efectuaron muy avanzado el año 2013, por lo que según el letrado del agricultor “todo ello demuestra un funcionamiento deficiente y anormal del servicio público”. Pese a que la Administración del Estado reconociuó las fechas en las que se produjo el desbordamiento del río, consideró la crecida como ordinaria pero destacó la sucesión de crecidas relevantes en la primera mitad de 2013, lo que constituye un evento extraordinario en la dinámica fluvial y alegaba que el daño no es antijurídico y que la Administración no estaba obligada a mantener las defensas y motas del río, pues sus tareas consisten en la administración, control y protección del dominio público hidráulico, no en el mantenimiento continuo de las secciones de desagüe de los cauces.

ANEGADAS 40 DÍAS SEGUIDOS El demandante aportó a la causa un informe pericial y concluía que las inundaciones fueron producidas por la rotura de los diques de contención en la primera riada de enero. Resumía el especialista que las tres citadas riadas se produjeron por la pasividad de la Confederación en la no reparación de los diques. La sentencia estima el informe y argumento que las avenidas acontecidas no tuvieron carácter extraordinario y, por tanto, “no podemos considerar que nos encontremos ante un supuesto de fuerza mayor que rompa el nexo de causalidad, cuya existencia corresponde probar a la Administración”. Algunas de las parcelas permanecieron 40 días seguidas anegadas y en las distintas inundaciones se produjeron daños de diferente consideración en los cultivos, como la alfalfa y los cereales donde el cultivo resultó totalmente dañado.

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