Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

UPN y PP huyen de una comisión que analizaba las sentencias sobre torturas

Los abogados Izko y Sánchez proponen “medidas extrajudiciales” que rediman la ausencia de investigación
Los populares ven “un circo” denunciar malos tratos para “denigrar” a la Policía

A. Irisarri / Oskar Montero - Sábado, 10 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Los abogados Amaia Izko y Óscar Sánchez, miembros del equipo de juristas que llevó a Estrasburgo los casos de cinco navarros torturados.

Los abogados Amaia Izko y Óscar Sánchez, miembros del equipo de juristas que llevó a Estrasburgo los casos de cinco navarros torturados. (Oskar Montero)

Galería Noticia

Los abogados Amaia Izko y Óscar Sánchez, miembros del equipo de juristas que llevó a Estrasburgo los casos de cinco navarros torturados.

pamplona- UPN y PP escenificaron ayer de la manera más gráfica posible su rechazo a reconocer que los malos tratos también han formado parte de la estrategia antiterrorista del Estado. Regionalistas y populares fueron los dos únicos partidos que dieron plantón en el Parlamento foral al equipo jurídico de abogados que ha conseguido llevar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los casos de cinco ciudadanos navarros que denunciaron torturas y tratos degradantes durante sus detenciones, y a los que paulatinamente Estrasburgo ha ido dando la razón frente al Estado, incapaz de explicar sin sonrojo cómo cinco personas bajo su custodia y en régimen de incomunicación pudieron recibir puñetazos, patadas, vejaciones y asfixias de las que levantaron acta los peritos médicos. Pero antes de escuchar a los abogados Amaia Izko y Óscar Sánchez, los portavoces de UPN y PP en la comisión de Relaciones Ciudadanas que acogió la comparecencia optaron por la espantada. Cabe deducir que la derecha seguirá pensando que su presencia en la comisión, de alguna manera, hubiese legitimado un discurso que ellos siguen negando de plano, pero que ya no niega ni el Estado, que ha reconocido públicamente y con sentencias el uso de los malos tratos. Pero incluso en la cerrazón hay posturas más coherentes que otras: el PP avisó a primera hora de la mañana de que no asistiría, tildando la sesión de “circo denigrante” contra los cuerpos policiales. UPN, por el contrario, no dijo nada pero faltó igualmente, también por no dar crédito a la ponencia.

grabar las detencionesPero, en realidad, a lo único que dieron la espalda el primer partido de Navarra y la formación que gobierna en España desde 2011 es a cinco ciudadanos navarros que sufrieron malos tratos, que denunciaron los abusos y a los que una instancia internacional ha terminado reconociendo que España no hizo lo suficiente ni por evitar las torturas ni por investigarlas luego. Amaia Izko y Óscar Sánchez se apoyaron en las sentencias que Estrasburgo viene marcando desde 2007 y especialmente en los casos de Oihan Ataun, Jon Patxi Arratibel, Xabier Beortegui, Mattin Sarasola e Igor Portu. A estos dos últimos el TEDH ha reconocido una indemnización de 50.000 € por haber sufrido “trato inhumano y degradante” durante su detención acusados de atentar en la T4 madrileña. Y al margen de casos particulares, lo que Sánchez destacó como más importante son las “conclusiones globales” del TEDH, que realiza un análisis de toda la cadena de custodia de los presos en el Estado.

Tal y como explicó Sánchez, Estrasburgo detecta que España tiene un déficit en actuaciones previas de cara a evitar malos tratos. Lo acredita poniendo en duda los “parcos” informes médicos de la Audiencia Nacional, la labor de los jueces de instrucción o el abuso del régimen de incomunicación, desaparecido en otros países. Frente a eso, Sánchez hizo suyas las propuestas del TEDH y pidió que España garantice “el acceso a un abogado en el momento de la detención, la posibilidad de solicitar un médico de confianza, comunicar rápidamente a la familia la detención, y a que se grabe toda la detención”, como única garantía para cribar las denuncias correctamente. De lo contrario, “el sistema seguirá teniendo muchas deficiencias que impedirán el acceso a la justicia y la garantía de no repetición”.

Por su parte, Amaia Izko se centró en analizar tres aspectos a su juicio “claves” de la reciente sentencia sobre Sarasola y Portu, a quienes ella misma ha llevado el caso hasta Europa. Izko subrayó que la sentencia considera los maltratos como hechos probados y que incluso “tres votos particulares” pidieron que se calificasen los malos tratos de “torturas”. También, que la decisión de Estrasburgo está basada en que, en régimen de incomunicación, la carga de la prueba recae en el Estado, que es quien tiene que demostrar que no se produjeron torturas. Y, por último, que en esta sentencia ha quedado acreditado que “el recurso a alegar que las denuncias forman parte de una estrategia de manual de ETA” no puede “denegar la posibilidad de enjuiciamiento”, algo que ha sucedido en “muchísimas ocasiones”.

Por esa razón, y porque “la doctrina de Europa evidencia que el Estado no investiga eficazmente las torturas”, Izko lanzó la posibilidad de que las personas que las han sufrido obtengan algún tipo de resarcimiento “extrajudicial”, que sin embargo no terminó por concretarse en ninguna propuesta más allá de que tendría que partir de instituciones como el Parlamento o el Gobierno. Es una posibilidad que acogieron bien los miembros del cuatripartito y sobre la que el PSN rehusó posicionarse.