La crisis de las pensiones

Por Jesús Pardo Gurpegui, José R. Loayssa y Joan Bosch - Lunes, 12 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

una y otra vez en los medios de comunicación aparecen mensajes señalando la inviabilidad del sistema actual de pensiones. Mensajes en muchas ocasiones defendidos por expertos directamente vinculados con intereses empresariales y financieros y cuya perspectiva económica tiende a ser ortodoxa y alineada con los paradigmas del neoliberalismo que sufrimos.

Los argumentos, que se repiten una y otra vez siguiendo la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite hasta la saciedad se convierte en una verdad de facto, son los mismos que ya se señalaron en la década de los 90: “el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida hacen insostenible un sistema de pensiones públicas dignas”. Sería infantil negar que la esperanza de vida al llegar a los 65 ha aumentado (aunque se trata de un incremento menor entre las clases populares), ni que se acercan a la jubilación las generaciones nacidas en el periodo de alta natalidad conocido como baby-boom(1955-70). Pero no pensamos que de estos datos se pueda deducir una inviabilidad del sistema de pensiones, sino en todo caso la necesidad de un cierto esfuerzo dirigido a conseguir un aumento de ingresos que hagan que los recortes en las prestaciones no sean inevitables, como pretende el Gobierno respaldado por todos los que defienden los intereses de los sectores privilegiados que no dependen de las pensiones para su subsistencia en la tercera edad.

Más allá del envejecimiento de la pirámide de población (que además obvia que la inmigración es una alternativa a ese problema), la crisis de las pensiones tiene que ver fundamentalmente con una devaluación salarial (que ha sido la apuesta para salir de la crisis en nuestro país) y con el paro que sigue estando a niveles inasumibles. Todo ello se ha traducido en un desplome de las cotizaciones, un desplome al que las desgravaciones injustificadas de las cotizaciones patronales a la SS han contribuido.

Una política dirigida a crear empleo productivo público de calidad, en vez de subvencionar al sector privado que solo crea trabajo precario y con bajos salarios, podría revertir esa caída de ingresos en el sistema público de pensiones.

Es más, el porcentaje del gasto de pensiones en relación al PIB no tiene por qué dispararse siempre que se mantengan cifras de crecimiento normales de este último. Si el aumento del PIB supera el 1,8 % (de hecho ese porcentaje se podría mantener o aumentar de una manera sostenible, incluso con crecimientos por encima del 2% si no hay un aumento inesperado de la inflación) disminuir levemente. Además, siempre queda la opción menos deseable de financiar las pensiones por medio de los impuestos generales.

¿Cuál es entonces el problema? En nuestra opinión, estamos ante un paso más en el desmantelamiento del Estado del bienestar del que las pensiones constituyen un pilar fundamental. Se intenta abrir nichos de negocio a la

banca en forma de planes de pensiones privados que defraudan a los ahorradores y garantizan beneficios a esas entidades. Una banca cuyos beneficios en estos momentos proceden más de las comisiones que del margen comercial de la intermediación financiera o del negocio vinculado al sector inmobiliario (hipotecas).

Se trata también de buscar una disminución del gasto público social para dedicarlo a inversiones que faciliten los negocios privados, sobre todo especulativos y para seguir pagando una deuda pública que a pesar de que estemos en un momento favorable por la caída de intereses, constituye una carga enorme (y una amenaza mayor) para la economía y el desarrollo de nuestro país.

Si fuéramos más lejos podríamos incluso pensar que la alarma sobre la insostenibilidad de las pensiones proceda de que el propio gobierno no se cree la fortaleza del ciclo de crecimiento iniciado en 2013, y no descarta una recaída de los niveles de crecimiento del PIB por debajo del umbral de la creación de empleo y por qué no, nuevas recesiones.

De hecho, no se han resuelto ninguno de los factores que estuvieron detrás de la crisis del 2007-2009, la competencia internacional sigue exacerbada y hay síntomas de sobreproducción en muchas ramas industriales, eso sin contar con los posibles efectos de guerras comerciales como la actual del acero. Ni siquiera la burbuja financiera se ha superado a pesar de haber sido el precipitante de la recesión de 2007-2008, bajo cuyo influjo seguimos estando. Hay una montaña de valores financieros que se negocian diariamente sin que en la mayoría de los casos tengan una correspondencia clara con activos de la economía real y las regulaciones introducidas son, en su mayoría, escasas e inoperantes. Estamos en un escenario de volatilidad financiera, una de cuyas últimas manifestaciones ha sido la reciente crisis de la bolsas y no se pueden excluir nuevos estallidos de la burbuja persistente.

Por lo tanto, el verdadero riesgo para las pensiones es el propio sistema económico dominante que atraviesa una fase en la que los crecimientos económicos sólidos y estables no están garantizados y cuando los hay revierten en beneficios empresariales y rentistas y no en salarios y gasto social.

Quizás nuestro sistema de pensiones sea incompatible con el modelo económico actual y con la globalización neoliberal, la cuestión entonces es qué vamos a hacer, renunciar a las pensiones o acometer una transformación económica en profundidad.

Los autores son miembros de ATTAC Navarra