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La oposición valora que Estrasburgo confirme falta de libertad expresión

EFE - Martes, 13 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 14:09h

PAMPLONA. La mayoría de los grupos de la oposición ha valorado hoy la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en 2007 una foto gigante de los Reyes, puesto que confirma la falta de libertad de expresión.

Una sentencia que coincide con el debate esta tarde en el pleno del Congreso de la toma en consideración de una proposición de ley de ERC en la que propone que los delitos de injurias a la Corona y ultraje a España desaparezcan del Código Penal.

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha destacado que la sentencia de Estrasburgo confirma que la libertad de expresión se está vulnerando en España por leyes anacrónicas que protegen a instituciones como la Monarquía por encima de la Constitución.

Pero Garzón, que ya propuso en febrero derogar el delito de injurias a la Corona y de ultraje contra patria, entre otros, ha precisado que la decisión del Tribunal Europeo no afecta solo a leyes anacrónicas, sino también a la "interpretación reaccionaria" de los tribunales españoles.

En su opinión, todos los grupos de la cámara deberían entender que es momento no solo de derogar preceptos del Código Penal, sino de revisarlo en su totalidad para que se preserve la libertad de expresión y España no quede como un país "pasado de rosca" en la defensa de derechos fundamentales.

En el mismo sentido se ha pronunciado su compañero de grupo parlamentario Miguel Anxo Fernán Vello, de En Marea, quien ha hablado de un nuevo "revolcón" de los tribunales europeos a la Justicia española y de "paso positivo importante" en la lucha por los derechos y libertades.

"La libertad de expresión está por delante de la defensa de la figura del Rey", ha recalcado el diputado gallego, mientras que para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, la sentencia pone de manifiesto el "grave problema de déficit democrático" de España, que existen comportamientos autoritarios y que la justicia solo llega desde Estrasburgo.

Ha recalcado que son los tribunales europeos los que protegen los derechos de libertad de expresión y pensamiento, y ha considerado que "sería bueno" que los progresistas españolas leyeran sus sentencias.

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la resolución conocida hoy es "acertada" y ha llamado a tener "mucha consideración" porque ocupa una posición "más alejada y neutral".

Ha recordado que este tipo de decisiones ya se han producido en países que tienen como máxima la libertad de expresión, como Estados Unidos, donde ya se dijo que quemar un bandera no es delito.

Solo Ciudadanos se ha diferenciado de estas opiniones en boca de su portavoz, Juan Carlos Girauta.

Ha asegurado que respetan "de forma escrupulosa" las decisiones judiciales y, si el Tribunal Europeo considera que el caso de Girona no es constitutivo de delito, acatan la sentencia, pero ha defendido la existencia de un delito de injurias al Rey en el Código Penal.

También respeta pero no comparte esta sentencia el portavoz del PP, Rafael Hernando, para quien ese tipo de conductas son "ofensas a muchos ciudadanos" y la ofensa de "forma deliberada" debe tener una respuesta.

El PSOE no ha entrado a analizar la decisión de Estrasburgo al considerar que deben ser los tribunales españoles los que deben tenerla en la cuenta en futuras decisiones.

Ha recalcado, no obstante, que la sentencia cuestiona un caso específico y pone el foco en la pena privativa de libertad y la ha diferenciado de la iniciativa de hoy de ERC, que su grupo no apoyará porque plantea una despenalización con carácter general.

Los tribunales españoles impusieron a Enric Stern y a Jaume Roura una multa de 2.700 euros a cada uno para eludir la prisión por un delito de injurias a la Corona, con la advertencia de que si no la abonaban se ejecutaría la condena a 15 meses de prisión.

Ahora, el fallo unánime del tribunal europeo condena a España a indemnizar a los demandantes con la misma cantidad que pagaron de multa, además de otros 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios.