Mesa de Redacción

Otra sentencia sonrojante

Por Joseba Santamaria - Miércoles, 14 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El Tribunal Europeo de Derechos de Humanos ha vuelto a condenar a los tribunales de justicia españoles, esta vez por imponer condena de prisión a dos jóvenes catalanes que quemaron una foto del Rey. A juicio del alto tribunal de Estrasburgo, la medida vulnera la libertad de expresión y no fue proporcionada. La desautorización sistemática de el Tribunal de Derechos Humanos al Estado español pone en evidencia lo que ya vienen denunciado especialistas en Derecho Constitucional, juristas, fiscales, abogados o periodistas y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional: una aplicación discrecional del Código Penal para limitar derechos civiles y políticos fundamentales y para perseguir penalmente la crítica, la pluralidad y la disidencia. El Estado español sufre desde hace años una progresiva involución antidemocrática en materia de libertades fundamentales y la aplicación de un populismo punitivo en los altos tribunales de justicia. Basta ver los sucesivos fallos contra el Estado español por no investigar las denuncias de malos tratos o de torturas de personas detenidas e incomunicadas o el último auto del juez Llarena que impidió a Jordi Sánchez acudir a su investidura como president de Catalunya en el Parlament pese a no haber sido condenado ni inhabilitado por delito alguno, estar de forma innecesaria y forzada en prisión preventiva y mantener vigentes todos sus derechos, lo que le permite ser elector y elegible. Esa decisión política de Llarena vulnera los derechos de Sánchez y será desautorizada antes o después, bien por el Supremo o el Constitucional, bien en última instancia por Estrasburgo, evidenciando de nuevo la falta de garantías democráticas en muchos procesos judiciales de connotaciones políticas. Quizá ahora les dé igual a los impulsores ideológicos de esta justicia politizada y a los magistrados cómplices que la aplican -se saben, al menos por ahora, blindados de cualquier responsabilidad por ello-, pero el nivel de sonrojo soportable tiene un límite también para los profesionales de la justicia y para los ciudadanos que demandan una justicia democrática y garantista.