Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

Catedráticos de todo el Estado rechazan la prisión permanente porque no evita el delito

Más de cien penalistas ven en peligro la reinserción en puertas del debate de hoy en el Congreso de los Diputados

Míriam Vázquez - Jueves, 15 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El ministro de Justicia, Rafael Catalá (d) y los diputados del PNV Aitor Esteban (i) y Mikel Legarda conversan en el hemiciclo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá (d) y los diputados del PNV Aitor Esteban (i) y Mikel Legarda conversan en el hemiciclo. (Foto: Efe)

Galería Noticia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá (d) y los diputados del PNV Aitor Esteban (i) y Mikel Legarda conversan en el hemiciclo.

pamplona- Un centenar de catedráticos de Derecho Penal de todas las universidades públicas del Estado irrumpieron ayer en el debate sobre la prisión permanente revisable para reclamar que se derogue. El manifiesto trascendió en puertas de que el Congreso de los Diputados vote hoy las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos contra la propuesta de derogación del PNV. Los juristas rechazan la prisión permanente porque no disuade a los criminales de cometer delitos, argumentan también que la seguridad de los ciudadanos una vez que salgan esos presos de la cárcel ya está garantizada con medidas como la libertad vigilada sin necesidad de mantenerlos de por vida entre rejas, y lamentan que se ponga en riesgo el principio de reinserción y, con ello, los principios básicos de la democracia. Entre los firmantes, que los promotores cifran en “más de 105”, se encuentran cuatro catedráticos de Derecho Penal de la UPV/EHU: Adela Asua, José Luis de la Cuesta, Norberto de la Mata y Jon Mirena Landa.

Los juristas citan hasta cuatro artículos de la Constitución que vulnera esta condena: el artículo 15 sobre la prohibición de penas inhumanas, el 25.2 sobre la reinserción social, el principio de legalidad consagrado en el punto 25.1, y la seguridad jurídica contemplada en el 9.3. Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso sobre esta figura. Los firmantes, muchos de ellos exmagistrados del Constitucional y del Supremo, aseguran que, más allá de chocar con la Constitución, la prisión permanente “no es una buena ley”. “No hace de la nuestra una sociedad mejor: no añade eficacia en la evitación de los delitos más graves y sí comporta un significativo deterioro de nuestros valores básicos”, dicen.

El pronunciamiento llega en un momento en que el debate se estaba deslizando por los derroteros de lo emocional, en plena conmoción por el asesinato del niño Gabriel Cruz, cuyo caso entra dentro de los supuestos de esta pena porque la víctima es menor de 16 años. Esta figura la instauró el PP en 2015, e implica que los presos solo puedan salir de la cárcel si superan una evaluación con pronóstico favorable a la reinserción una vez cumplidos, al menos, 25 años de cárcel. La prisión permanente se prevé para los asesinatos que, a juicio del Gobierno, generan mayor alarma social, como los perpetrados contra los menores de 16 años, los que se producen tras una violación, los que lleven a cabo las organizaciones terroristas, o los que se cometan contra el rey, su heredero o jefes de Estado extranjeros, entre otros supuestos. La actitud del PP en las últimas jornadas le ha valido ser acusado de electoralismo y de utilizar a las víctimas.

El PNV impulsó hace meses una propuesta para derogar esta figura. En concreto, hoy se someterán a votación las enmiendas a la totalidad con las que PP y Ciudadanos tratarán, sin éxito, de tumbar la propuesta jeltzale, que tiene el respaldo del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes. Los populares han aprovechado su enmienda para tratar de extender la prisión permanente a más supuestos, y Ciudadanos plantea endurecer las penas por la vía de la restricción de los beneficios penitenciarios y los permisos de salida. La votación se va a producir con los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y Sandra Palo, así como una representación de la familia de Yeremi Vargas y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, en la tribuna de invitados del Congreso. PP y Cs han puesto a su disposición su cuota de invitados.

Los populares han presionado al PNV y la izquierda con el apoyo social a la prisión permanente. Los padres de Diana Quer y la niña Mari Luz han recabado dos millones y medio de firmas. Ayer, tras reunirse con los jeltzales Aitor Esteban y Mikel Legarda, Juan Carlos Quer se declaraba “decepcionado” con los grupos que quieren suprimir esta figura. “El mensaje de estos niños desde arriba, como el de Gabriel, que ya está con Diana, Marta, Ruth y José, Mari Luz o Amaia, es tan potente que os aseguro que sí o sí evitaremos que se derogue la prisión permanente revisable”, dijo.

La presión a los partidarios de la derogación es intensa. Ayer mismo, el burukide Koldo Mediavilla tuvo que salir al paso de unas acusaciones de Carlos Herrera en la cadena Cope, donde insinuó que el PNV trata de proteger a los presos de ETA. Herrera dijo a Aitor Esteban que esta medida “es para meter entre otros en la cárcel a amigos que habéis tenido en tu partido y a los que habéis protegido tanto, durante tantos años, que han matado tanto y a tantas personas en España”. Mediavilla lo tildó de “homínido escasamente evolucionado” y compartió argumentos de los juristas.

reinserciónEl manifiesto de los catedráticos, por su parte, esgrime que la prisión permanente “no disuade de la comisión de los delitos más graves” en mayor medida en que lo pueden hacer las penas que existen y que ya son muy elevadas (treinta años por un delito, o cuarenta por varios). También descartan que se necesite esta pena para evitar que el preso vuelva a cometer un delito cuando salga en libertad. “Este efecto preventivo lo despliega suficientemente el tratamiento penitenciario y la posibilidad posterior de adopción de medidas de libertad vigilada”, argumentan.

Además, detectan “reparos” desde el punto de vista de los valores de “una sociedad democrática”. Creen que retrasa la reinserción y que acaba complicándola por el “deterioro personal” que produce una estancia larga en la cárcel. También critican que el preso no sepa cuánto va a durar su condena, porque todo depende de la evaluación a la que se someterá, como pronto, 25 años después de entrar en prisión. Añaden la “imprecisión” que suelen tener los pronósticos de peligrosidad.

Por último, recuerdan que las situaciones de otros países con prisión permanente no son comparables porque tienen un periodo mínimo de condena mucho menor que el español, de 25 años. En Suecia es de 10 años, Reino Unido tiene 12, Alemania tiene 15, y en Francia es de 18 años. Esgrimen también sentencias del Tribunal Europeo contra Reino Unido por proponer una revisión de las penas más allá de los 25 años. Firman, entre otros, el vicepresidente emérito del TC, Tomás Vives Antón, y el padre de la Ley Penitenciaria, Carlos García Valdés.

Últimas Noticias Multimedia