la nueva y creciente proliferación de grupos ultras en el entorno del fútbol europeo y la reiteración de actos violentos en los aledaños de los estadios o dentro de ellos, especialmente coincidiendo con encuentros de competiciones continentales, demanda una seria reflexión que supera la natural exigencia a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos al diseñar los protocolos de prevención de incidentes y apunta a los propios clubes de fútbol y a los organismos responsables del desarrollo de las competiciones. La actuación de los fanáticos violentos del Olympique de Marsella en San Mamés, con el resultado de dos heridos -que pudieron ser muchos más si la fatalidad hubiese acompañado a la bengala que lanzaron al repleto graderío inferior-, evidencia que ni siquiera una numerosa en efectivos y coordinada actuación policial, con un control exhaustivo de la hinchada, es capaz de anular completamente el riesgo que supone la impredecible reacción de los violentos, su mera existencia en el fútbol. Ayer, dos de las instituciones de la CAV, el Parlamento Vasco, a través de una iniciativa, y el Ayuntamiento de Bilbao, por boca de su alcalde, Juan Mari Aburto, emplazaron tanto a los clubes como a la UEFA a que actúen de modo inmediato para atajar un problema que les atañe y compete aunque traslade un problema de orden público. Que los clubes se escuden en estatutos que ya prohíben las actitudes violentas de sus socios y estipulan las sanciones preceptivas a quienes los incumplan es, simplemente, una falacia si son los propios clubes, como en el caso del OM, quienes proporcionan a los grupos violentos infraestructura y sobre todo las entradas para los partidos, bien directamente o mediante la nada inocente ausencia de control de su venta. Que la UEFA arguya las sanciones impuestas en las últimas décadas a clubes por incidentes violentos demuestra que el máximo organismo del fútbol europeo es capaz, cuando se lo propone, de emplearse con severidad ante el fenómeno y, sin embargo, es también una forma de posponer la toma de la decisión que le corresponde para acabar con los ultras: la exclusión inmediata y sin excepción de sus competiciones de todo club que no haya depurado de su hinchada a los grupos protagonistas de incidentes anteriores así como de todo club cuyos hinchas los protagonicen en el futuro.