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Republicanismo

Del verde al amarillo

Por Santiago Cervera - Domingo, 18 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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La detención de José Enrique Abuín El Chicle, acusado del asesinato de Diana Quer, se produjo por pura casualidad quinientos días después de la desaparición de la chica. Abuín intentó secuestrar a otra mujer, que en esta ocasión pudo huir y describir al agresor ante la Policía Local. Fue entonces cuando se informó del suceso a la Guardia Civil y esta pudo relacionar el asunto con lo ocurrido meses atrás. Tras ser interrogado, el mismo Abuín confesó el asesinato de la madrileña y llevó a los investigadores al lugar en el que escondió el cadáver. Si no hubiera reiterado, afortunadamente sin éxito, un intento de secuestro, seguramente seguiría comiendo lacón con grelos en su casa. De hecho, el Juzgado había cerrado la causa por falta de progresos en la investigación. A la Guardia Civil no se le puede pedir que resuelva todos los casos, pero en este asunto lo llamativo es la reacción que tuvo en las horas inmediatamente posteriores a la detención del delincuente. Primero, diciendo que en realidad le tenían vigilado y pensaban hacer un informe inculpatorio para reabrir el caso, algo que resulta inverosímil puesto que a punto estuvo de secuestrar a otra víctima. En segundo lugar, filtrando a algunos medios (como El Español) que habían trabajado con técnicas cibernéticas para identificar unas luces de vehículos cruzando un puente por la noche, alardeando torpemente de una sofisticación al estilo CSI que más parece un juego de consola sin ninguna relevancia pericial. Y tercero, lo más alucinante, convocando una inopinada rueda de prensa en la que numerosos mandos, jefe de la UCO incluído, sacaron pecho y nos soltaron que un nuevo reglamento de la UE que limita el tiempo en el que la operadoras de telefonía guardan los datos personales de los usuarios impediría en el futuro resolver casos como el de Diana Quer. Espectáculo increíble: unos picoletos bien engalanados, tras fracasar rotundamente en la investigación de un crimen, con reglamento europeo o sin él, diciéndole a la Comisión Europea lo que tiene que hacer en materia de protección de la intimidad. Sin legitimidad, sin templanza, sin vergüenza.

El espectáculo visto tras la aparición del cadáver del niño Gabriel ha sido asqueroso, se mire por donde se mire. En Fuencarral, el mismo programa de televisión que días atrás glosaba las andanzas sexuales de un tal Gustavo cambió su escaleta, enlutó a su presentadora, sentó en el estudio a un policía liberado sindical y a una abogada ahíta de botox, y todos ellos se pusieron a hablar de las circunstancias del crimen. Desde Cordovilla se emitía una alerta push a los suscriptores de su servicio digital anunciando, textualmente, “La autopsia al pequeño Gabriel, en tu tablet”. Y en Rodalquilar, la Guardia Civil daba otra rueda de prensa, consolidando la tradición iniciada en enero en Coruña. En ella contaron tres cosas. Una, detalles de una investigación que, al estar judicializada, cualquier abogado espabilado podría utilizar para pedir la anulación de determinadas pruebas. Segundo, una recreación de apreciaciones subjetivas sobre el perfil de la acusada, calificando de muy diversas maneras su personalidad, sin que conste peritaje psicológico alguno. Y en tercer lugar, nos contaron que son humanos, que sufren en casos de este tipo, que han llorado en público y en privado al conocer la depravación humana que lleva a asesinar a un niño. El Twitter de la Guardia Civil insistió momentos después en esta misma idea, divulgando un mensaje que decía que los guardias “se emocionan y lloran porque hay sangre y piel bajo el uniforme... porque son humanos” (sic). Nadie niega que esto sea así, pero que alberguen emociones no es ningún atributo profesional, ni por ello se les paga y se les pone una pistola al cinto.

¿A qué viene esta novedosa actitud, esta presencia mediática que discurre entre lo banal, lo autoritario y lo ridículo? En Galicia, intentando trocar un fracaso de investigación en un éxito político y de imagen. En Almería, apuntalando el amarillismo que ha hecho del caso de Gabriel un infecto espectáculo mediáticol. Alguien ha debido creer que los uniformes verdes han de tener su propio espacio de protagonism o público, cuando lo que les corresponde es exclusivamente auxiliar a la justicia y trabajar con menos aspavientos y mayor profesionalidad.