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Juana Bengoechea aplaudió el documento

El PP desautoriza a una parlamentaria vasca y se enroca contra el informe de torturas

Bengoechea había puesto en valor la profesionalidad de Paco Etxeberria y no cuestionó la veracidad del trabajo

Míriam Vázquez - Martes, 20 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El antropólogo Paco Etxeberria y la criminóloga Laura Pego, en la Comisión de Derechos Humanos.Foto: Efe

El antropólogo Paco Etxeberria y la criminóloga Laura Pego, en la Comisión de Derechos Humanos.Foto: Efe

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El antropólogo Paco Etxeberria y la criminóloga Laura Pego, en la Comisión de Derechos Humanos.Foto: Efe

bilbao- La dirección del PP desautorizó ayer a una de sus representantes en el Parlamento Vasco, Juana Bengoechea, por haber aplaudido el informe de torturas encargado por el Ejecutivo de Urkullu y realizado por el Instituto Vasco de Criminología. La parlamentaria dio la sorpresa cuando reconoció la profesionalidad de los autores, entre los cuales destaca el reputado forense Paco Etxeberria, cuyo trabajo académico es difícil de cuestionar. Bengoetxea fue más allá y dijo que nadie duda de la “veracidad” del estudio.

Su discurso suponía un vuelco con respecto a la posición histórica del PP, contrario a cualquier gesto que suponga un reconocimiento de la tortura si no hay sentencia de por medio. El PP siempre ha creído que estos reconocimientos alimentan la teoría del conflicto para justificar a ETA y dañan la reputación de los policías. En el caso concreto del informe examinado ayer en el Parlamento Vasco, el PP había pedido su retirada inmediata. De ahí el shock político tras el discurso de Bengoechea. Fuentes del partido consultadas por este periódico aclararon que su valoración es “personal”, y atribuyeron el entuerto a que la parlamentaria mezcló la figura del forense y su reconocida trayectoria, con el contenido del informe. Las mismas fuentes se remitieron a la posición fijada por su presidente Alfonso Alonso, e insistieron en pedir la retirada del documento. Su posición sigue siendo un muro de granito en este debate, aunque plantea la contradicción de que el PP ensalza la profesionalidad de Etxeberria, pero pide la retirada de su documento.

El forense compareció ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco a petición de Elkarrekin Podemos en compañía de Carlos Martín Beristain y Laura Pego. Todos ellos son los autores delProyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014,que recoge 4.129 denuncias. La inmensa mayoría se refiere a la Policía española y la Guardia Civil, aunque hay 336 casos que afectan a la Ertzaintza. En diciembre del año pasado, cuando fue presentado este informe, el PSE decidió desmarcarse de sus socios de gobierno del PNV para criticar este documento en fondo y forma, y considerar que abona la teoría del conflicto. El PP lo vio “perjudicial y lleno de desequilibrio”.

El discurso de Bengoechea ayer se recibió como una rectificación. Aseguró que “nadie duda” de la “veracidad, honradez y excelencia” del estudio. Además, trasladó a Paco Etxeberria el “orgullo” de la sociedad vasca por su trayectoria profesional.

Según precisó, nunca ha afirmado que este informe sea “sesgado”, y tampoco cuestiona que los testimonios que recoge sean “verdad”. Añadió que lo que critica su partido es la “altura moral” de algunas de las personas cuyos testimonios se recopilan en el trabajo. Aludió a ciertos sacerdotes, con el argumento de que en algunas iglesias “se han visto símbolos de ETA en los altares”.

También le preocupa que este trabajo sea utilizado por determinados sectores para justificar el terrorismo. Este discurso supondría un hito en la posición del PP que de momento no acude a los actos del Gobierno vasco en el Día de la Memoria porque incluye a las víctimas policiales y cree que mezcla todas las violencias;tampoco participa en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia. Por su parte, el Gobierno español ha recurrido en el Tribunal Constitucional la ley vasca que busca reparar los abusos policiales desde 1978 a 1999. La condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por trato inhumano a Igor Portu y Mattin Sarasola no ha modificado su posición.

El socialista José Antonio Pastor también aclaró que su grupo no ha pretendido cuestionar el trabajo y, de hecho, dijo que está “muy documentado y elaborado”. Fuentes socialistas puntualizaron que sus únicas reservas tienen que ver con que alguien pueda considerar que este documento es definitivo y una verdad absoluta, de manera que los más de 4.000 casos reflejen hechos ciertos y no sean un instrumento de trabajo. Piden al secretario de Convivencia, Jonan Fernández, que garantice un análisis pormenorizado. El PSE sí pone en valor los “más de 200 casos evaluados con el Protocolo de Estambul”.

El discurso del PSE no causó tanto impacto porque, en realidad, los socialistas son partidarios de reconocer a las víctimas de abusos policiales (impulsaron el primer decreto que abarcaba desde 1960 hasta 1978, y aprobaron con el PNV la ley que estudiaría los casos desde 1978 a 1999, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional). La única reserva que expresó ayer Pastor fue que algunos sectores puedan utilizar el estudio para justificar a ETA.

profesionalidadFuentes del Gobierno vasco se declararon “sorprendidas positivamente” por el cambio del PP y, en menor medida, del PSE. Todo ello, antes de que se produjera la desautorización por parte de la dirección de Alfonso Alonso.

El Gobierno vasco cree que el carácter profesional del informe va calando poco a poco. El PP admite que el equipo técnico es impecable, y todo apunta a que sus discrepancias se deben a criterios políticos. Etxeberria es una eminencia en su campo. Participó en las pesquisas para identificar los cuerpos de los niños Ruth y José, y también trabaja en las exhumaciones de gudaris y milicianos de la Guerra Civil. Ayer pidió que nadie vea una “mano negra” en el documento.

las claves

Informe. Paco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego son autores del informe sobre torturas, que va desde 1960 hasta 2014. Recoge 4.129 denuncias, 336 de las cuales afectan a la Ertzaintza. Solo existen 20 sentencias del Tribunal Supremo, que reconocen los casos de 31 personas.