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[EN UN VISTAZO] 18 puntos clave para aproximarse al caso 'Ultzama'

Andoni Irisarri - Jueves, 22 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 18:08h

Vista general de la planta.

Vista general de la planta. (Patxi Cascante)

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  • Vista general de la planta.

Los ganaderos tienen un problema. La versión oficial sostiene que la planta de biogás fue la opción del Ayuntamiento de Ultzama en 2007 para solucionar el problema de gestión de purines que tenían varios ganaderos de la zona.

¿Había alternativas? Sí. Un informe del Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) fechado en 2006 proponía gestionar los desechos animales a través de un sistema de balsas y un plan personalizado para cada ganadero. La actual consejera Elizalde, Ignacio Gil, director de Desarrollo Rural, y Xabier Berruezo, administrador concursal de Bioenergía, apuntaron en esta comisión que la planta, en su día, fue posible por una legislación favorable, la existencia de ayudas y la posibilidad de hacer negocio.

Al final, la planta. Se hicieron varias reuniones con ganaderos (en alguna participó el propietario de Levenger, empresa a la que luego se adjudicaría el proyecto) y el Consistorio optó por una planta para producir y vender electricidad, gas y vapor, con base en purín. Un megaproyecto del que el Consistorio se beneficiaría cobrando un canon de 40.000 anuales. Comptos cifra en 5,7 millones el coste de la planta.

Lo que mal empieza, mal acaba. Comptos lo deja claro en su informe: la contratación del anteproyecto y el proyecto en abril y octubre de 2007 por parte del Ayuntamiento fue "irregular". En resumidas cuentas, el órgano cree que se adjudicaron a dedo a Aierdi Ingenieros.

La "cobertura", en 2008. Pero con los planos ya hechos, los promotores se percatan de que les falta el sostén legal de la operación sin el que no podrían optar a ayudas públicas. Entonces es cuando Comptos cree que le dan "cobertura legal" mediante un proceso negociado en 2008.

Sin rastro de los documentos de 2007. Irene Tortajada, secretaria municipal entre septiembre de 2006 y noviembre de 2007, niega que se hiciera nada a dedo. Dice que hubo dos procesos negociados en 2007 de los que tiene que haber constancia en el Ayuntamiento. El Consistorio, sin embargo, no ha encontrado ningún rastro en papel de aquellos supuestos procesos, en dos búsquedas pedidas por el Parlamento.

"Hay cosas que aclarar".A Comptos también le llama la atención que el pliego no exigiera un mínimo de solvencia económica y técnica. También que el plazo para presentar ofertas fuese del mínimo legal, y que hubiese una "gran asimetría" en la información que utilizaron Levenger, la firma del empresario checo que participó en las primeras reuniones, y Singular, que perdió el concurso aunque acreditó tener más experiencia y fondos propios que los exigidos. De hecho, Singular alertaba en su oferta de que había que aclarar "aspectos técnicos y económicos".

"Que no nos cueste un euro". Fue el objetivo del Ayuntamiento. Le importaba menos que se financiase a costa de todos los navarros, de los que salieron los 3,28 millones en ayudas. Se consiguieron a través de un sistema de facturación cruzada: el Ayuntamiento accedía a las ayudas de Desarrollo Rural que sólo se concedían a entidades locales (un total de 1.556.294 ), y Bioenergía a las de inversión industrial del departamento de Desarrollo Económico (906.008 ). Luego, Consistorio, Levenger y Bioenergía (mercantil formada con capital de Levenger y otros socios y que asumió la gestión de la planta) se cruzaban las facturas para pagar todo con dinero público. A Comptos el sistema le pareció raro y lo denunció a la Fiscalía, que en julio de 2017 comunica que no ve nada ilegal y que no va a iniciar actuaciones.

El expediente de Industria. A finales de septiembre de 2008, el Consistorio solicita ayudas a la inversión industrial al departamento de Innovación, Empresa y Empleo. Pérez Arregui, entonces alcalde, figura en ese expediente como persona de contacto de una sociedad en constitución. Declaró no haber solicitado ninguna subvención a otras administraciones, pero a 1 de septiembre de 2008 Desarrollo Rural ya había aprobado la primera ayuda al Ayuntamiento, dice Comptos.

La duplicidad. La petición de subvenciones por dos vías distintas propició un sobrefinanciamiento público del proyecto. Comptos lo achacó a una "duplicidad de facturas". El Gobierno calcula que esa duplicidad otorgó a la planta 370.000 de más. El vicepresidente Ayerdi dijo que el complejo "entramado societario" dificultó localizar este sobrepago, cuya devolución reclama el Ejecutivo.

El modelo de negocio, "la carta a los Reyes Magos".Lo corroboraron la administración concursal y los peritos de Paymacotas y Albatros. De inicio, fallaron todas las previsiones de ingresos del plan de viabilidad: los gastos de explotación y financieros fueron siempre superiores en transporte, producción y recogida de purines. Por contra, no se vendía ni la electricidad, ni el vapor ni mucho menos el compost previsto. Errores graves que, a juicio de Berruezo, "un empresario mínimamente diligente no hubiese cometido". Un error puede ser que, como el purín no era suficiente para generar energía, en aquellos depósitos acabó echándose de todo: residuos lácteos, gallinaza... Y claro, los materiales se resintieron mucho.

El desastre. Los informes periciales que adjunta Comptos en su informe no tienen desperdicio. Presentan una planta en estado de "abandono", sucia, con averías graves todos los meses y en la que en cinco años no se había hecho ningún mantenimiento. La corrosión en las máquinas era generalizada;había calderas rotas y motores averiados (sólo funcionaba uno de los cuatro que generaban electricidad). También existía un problema con los repuestos: Vitkovice sólo daba piezas a su servicio oficial. Eso llevó incluso a la canibalización de la planta, como denominaron los peritos a utilizar como repuestos piezas de la propia planta. Por si fuera poco, el grueso del sistema operativo estaba en checo, lugar del que procedía la maquinaria.

La seguridad, ausente. Tampoco había planes de protección, salud y seguridad para los empleados, e incluso algunos sistemas de prevención como detectores de gases y medidores de fugas fueron desconectados. Hay que recordar que la planta trabajaba con gases, combustibles y temperaturas altísimas a lo largo del proceso.

Y todo en menos de 4 años. Los informes periciales datan de 2014, y la planta fue inaugurada en 2010. El pliego era ambicioso en las previsiones de vida útil de la infraestructura: la concesión durante 30 años, con opción a otros 20. Sin embargo, la planta, en ese estado, sobrevivió de manera autónoma sólo durante 3 años y medio. Resucitar la planta hubiese costado, como mínimo, 909.210 euros, como calculó Albatros. Y tampoco había garantía de reflotar el proyecto.

¿Rentable hasta 2013? No.Los exgestores del proyecto siempre defendieron que lo que mató a la planta fue la retirada, en 2014, de las primas a la generación de energía. En sus alegaciones el exalcalde Patxi Pérez Arregui cree que esto fue "esencial", ya que hasta entonces "la gestión había sido rentable". Esto Comptos lo niega de plano. Inadmite la alegación y precisa que a 31 de diciembre de 2013, seis meses antes de la retirada de las ayudas, el balance económico de la planta arrojaba 346.908 euros en pérdidas. De hecho, la planta no pagó el canon concertado con el Ayuntamiento ni en 2013 ni en 2014, dejando 76.567 sin abonar.

El cierre, petición de los ganaderos. Al contrario de lo que ha mantenido (y mantiene) UPN, el cierre de la planta no responde a un capricho político de EH Bildu, sino a una petición de los socios mayoritarios. Una asamblea extraordinaria el 29 de septiembre de 2014, con la empresa ya en concurso, ratifica con el apoyo del 63% del capital (los ganaderos tenían un 42%) la decisión de liquidar y cerrar la empresa. Es algo que recordó el administrador concursal en comisión.

El secuestro, cuestionable. Sin embargo, el Ayuntamiento decide en noviembre de 2014 secuestrar la concesión para seguir prestando el servicio, "apoyado en informes jurídicos", precisa Comptos. No obstante, el órgano fiscalizador cree que a esas alturas ya se sabía que las dificultades "no eran temporales", por lo que "hubiese sido más adecuado resolver la concesión". El periodo de secuestro, de 14 meses, costó al Ayuntamiento 78.500 .

El Ayuntamiento... ¿en riesgo? A juicio del actual secretario municipal, Alfonso Araujo, la valoración de los activos podría acabar en un "juicio gordo en los tribunales" una vez se ha resuelto la concesión, y existe una pugna entre Ayuntamiento y los bancos, ante los que la propia concesión sirvió de hipoteca. Esto, según Comptos, podría poner "en riesgo" el patrimonio del Consistorio por "la resolución del contrato concesional".

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