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Geroa Bai pide que UPN pague los posibles perjuicios de Oncineda

Tensa comparecencia de la presidenta de la Cámara de Comptos para explicar su reciente informe

R. Usúa - Jueves, 22 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

estella-lizarra- La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, compareció ayer en el Parlamento para -a petición del cuatripartito-, explicar el informe sobre el Caso Oncineda hecho público hace unas semanas. Tras su exposición, desde Geroa Bai señalaron que “UPN debería pagar los posibles perjuicios” que este caso pueda tener para Estella-Lizarra, mientras que para EH Bildu toda la operación era para “proteger un pelotazo urbanístico”.

En su exposición, la presidenta del órgano fiscalizador repasó todo el proceso, iniciado en 2006, y alertó del peligro real que acecha al Ayuntamiento a expensas del dictamen que pueda emitir el Consejo de Navarra, ya que podría tener que desembolsar casi 15 millones de euros por los terrenos. Por supuesto, remarcó, como en el informe, que la tramitación y aprobación de los convenios urbanísticos de expropiación forzosa, así como los anexos, “no se adecuan plenamente a la normativa aplicable”.

Y es que, dijo que las exalcaldesas Mª José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN) firmaron “sin autorización expresa de la Junta de Gobierno Local”, y recordó que “no constan informes técnicos que justifiquen la operación, algo especialmente relevante en el caso de los anexos”.

Olaechea también puso el acento en que fueron asesores externos al Ayuntamiento los que llevaron el asesoramiento, control y seguimiento de los convenios. “Las exclusión de los órganos técnicos municipales contraviene la normativa, y tampoco era adecuada a los intereses municipales”.

Desde Comptos también se recordaron las recomendaciones ofrecidas al Ayuntamiento y se explicó que si finalmente el dictamen del Consejo de Navarra atiende la petición del Consistorio, los terrenos revertirían a los propietarios, aunque estos podrían reclamar una indemnización si justifican los daños y perjuicios causados.

ACUSACIONES A UPN Y PSN El primero en tomar la palabra fue el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde, quien dijo que Comptos “confirma lo que decíamos hace unos meses punto por punto”. Hualde añadió que había informes en 2009 que alertaban a la Alcaldía de UPN de la situación, “pero no se actuó”, y criticó la postura de Ganuza, su táctica del “no sabía y de echar la culpa a los funcionarios”. Aunque hay que esperar a las conclusiones del Consejo de Navarra, aseveró que, “como estamos ante un tema local, corresponde al Pleno dirimir responsabilidades”. Eso sí, ante “hechos de tamaña gravedad”, dijo que podría esperarse la intervención de la Fiscalía. Por todo ello, concluyó que “UPN tendría que pagar los posibles perjuicios que esta gestión nefasta puede acarrear para Estella”.

El siguiente en tomar la palabra fue el parlamentario Adolfo Araiz (EH Bildu), quien le dijo a Begoña Ganuza, allí presente, que tenía “una oportunidad de oro” para explicar “lo que todos queremos saber”, por qué firmó con un propietario un precio de 108 euros/m2, cuando con el resto el acuerdo era de 43,94 euros. Araiz le dijo que “dio por bueno, sin ningún informe que justificase ese precio, la valoración de la otra parte. Tendrá que dar más explicaciones de las que ha dado en las alegaciones, echando balones fuera y responsabilizando a los técnicos municipales”.

Así mismo, le dijo que no tenía competencia para firmar y que, si procede la revisión de oficio y “todo esto termina muy mal, las exalcaldesas de UPN y PSN pueden estar incursas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial por negligencia grave. No sé si son conscientes”. Y es que, a juicio de EH Bildu, “se estaba protegiendo un pelotazo urbanístico”.

Rubén Velasco (Podemos) reconoció que el Caso Oncineda “no pinta nada bien” y ante inversiones importantes como la prevista para la Ciudad Deportiva dijo que “se necesita un control público reforzado. Lo que no se puede es externalizar y dar por buenos determinados datos, dijo en relación a la valoración de los terrenos. Además, comentó que el informe “deja de manifiesto que no hubo suficiente transparencia ni información”. Por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin afirmó que el informe es “absolutamente concluyente” y recordó que, “si no se consigue la nulidad” es posible que el Parlamento tenga que “adoptar medidas para evitar la quiebra del Ayuntamiento. La gestión fue temeraria y se caracterizó por una falta total de transparencia”.

la defensa Como era de esperar, el parlamentario de UPN Luis Zarraluqui se mostró “crítico” con el informe “por algunas cosas que se dicen y sobre todo por lo que no se dice”. Afirmó que el proyecto fue apoyado en su día por el pentapartito, pero no por UPN. Posteriormente, cuando UPN llegó a la Alcaldía, “asumió el proyecto, que estaba apoyado por el resto de grupos y con unos convenios firmados por el anterior equipo municipal”. “A la alcaldesa -Begoña Ganuza- se le pasó el famoso anexo de los 108 euros que venía acompañado de un informe de valoración de un técnico externo, firmado por la anterior alcaldesa y con el sello del Ayuntamiento. La alcaldesa decide que por responsabilidad hay que firmar los anexos”, dijo.

Por su parte, la representante del PSN, Inma Jurío, cuestionó también algunos aspectos recogidos en el informe y señaló igualmente que el proyecto fue apoyado por todos los grupos políticos salvo por UPN. “Resulta extraño que ahora nadie tiene conocimiento de nada de lo que se estaba gestando. Se intenta hacer ver que ha habido una total falta de transparencia sobre la tramitación del procedimiento”, dijo, para señalar que el proyecto y el Plan General de Estella pasaron por diversas administraciones. Por su parte, Ana Beltrán (PP), habló de “caza de brujas” por parte del cuatripartito.

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