Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

¿Intervenir la democracia?

La no investidura de Turull no altera una realidad más grave: si el juez Llarena decreta prisión a los citados hoy e incluye la suspensión de su función parlamentaria, dejaría al soberanismo en minoría en el Parlament

Viernes, 23 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La abstención ayer de la CUP y la imposibilidad, por tanto, de que Jordi Turull fuese elegido president de la Generalitat antes de su citación hoy ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, muestra de nuevo las dificultades internas del soberanismo catalán y su traducción a errores que han terminado por marcar el procés. Sin embargo, la no investidura de Turull no altera una realidad más grave: frente a la oferta de diálogo al Estado de su discurso de ayer, su citación junto a Romeva, Rull, Forcadell, Bassas y Rovira para que les sea notificado el auto de procesamiento por el delito de rebelión sitúa a Catalunya ante un escenario de intervención judicial que excede la de su autogobierno por Madrid en virtud del art. 155, aún vigente. La posibilidad cierta de que el juez Llarena endurezca las medidas preventivas sobre Turull y el resto de los citados y decrete su ingreso en prisión -parece evidente tras denegar ayer la libertad a Joaquim Forn y Jordi Sànchez- permitiría la aplicación por el juez a los parlamentarios soberanistas de una interpretación extrema del art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también denominado artículo Yoldi ya que fue reformado a raíz de la candidatura a lehendakari del preso preventivo de ETA, Juan Carlos Yoldi, en 1987. Estipula que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión”. Es decir, salvo renuncia previa de los investigados antes de acudir hoy al TS, y dado que Puigdemont y Comin, en Bruselas, no pueden ejercer de parlamentarios, Llarena podría dejar al soberanismo con 62 de los 70 escaños obtenidos en las elecciones de diciembre y en minoría frente a los 65 constitucionalistas o, en su defecto, mantener al soberanismo bajo la amenaza de suspensión, lo que en todo caso supondría una intervención judicial de la democracia por alteración del resultado de las elecciones. Que ello deslegitimase cualquier decisión de esa cámara adulterada y, por tanto, una mayoría de la sociedad catalana diese la espalda a lo que queda del intervenido autogobierno catalán parece no preocupar a quienes se dijeron dispuestos a repetir las elecciones hasta que su resultado les satisfaga.

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