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Jueces y fiscales alaban la labor de UPAS en asuntos sociales de difícil encaje penal

El presidente del TSJN y el fiscal superior destacan los servicios de la unidad con mujeres, menores, ancianos o enfermos

Kepa García Unai Beroiz - Viernes, 23 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

De izquierda a derecha, el fiscal Sánchez, el magistrado Galve y el jefe del servicio de gestión de penas, Amador Ruiz.

De izquierda a derecha, el fiscal Sánchez, el magistrado Galve y el jefe del servicio de gestión de penas, Amador Ruiz.

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  • De izquierda a derecha, el fiscal Sánchez, el magistrado Galve y el jefe del servicio de gestión de penas, Amador Ruiz.

pamplona- Los dos principales representantes en Navarra de la judicatura y del Ministerio Público -Joaquín Galve Saura, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y José Antonio Sánchez Sánchez-Villarés, fiscal jefe- respaldaron la labor desarrollada por la Unidad de Protección y Atención Social de Policía Municipal (UPAS) y destacaron especialmente el trabajo de sus agentes en casos que se sitúan a medio camino entre los asuntos sociales y la actuación judicial, donde las intervenciones no siempre se pueden ajustar a lo convencional.

Ambas personalidades tomaron parte ayer en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento con motivo de los 30 años de funcionamiento de UPAS de la Policía Municipal de Pamplona. La unidad cuenta ahora con 16 efectivos, seis de ellas mujeres, y sus tareas se centran en la protección de mujeres (violencia de género), menores (maltrato, delincuencia juvenil, mendicidad) y otros colectivos vulnerables, como personas mayores, enfermos o drogodependientes.

El acto se celebró en el Baluarte y fue inaugurado por la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia Itziar Gómez. Las ponencias continuaron por la tarde y hoy por la mañana, cuando está previsto que el alcalde Joseba Asiron acuda a su clausura.

El magistrado Galve fue el primero en intervenir. Como titular de un juzgado de instrucción en Pamplona durante ocho años, recordó los inicios de la unidad, que fue creada para hacer frente al incremento de la mendicidad infantil a finales de los noventa y fue aumentando sus actuaciones con el abandono de menores y la delincuencia juvenil.

El actual presidente del TSJN destacó el cambio legislativo que supuso traspasar las competencias a los juzgados de lo Contencioso Administrativo en asuntos tan delicados como el traslado de enfermos, actuaciones en domicilios de personas mayores en situación de abandono, menores o problemas de convivencia vecinal.

“A UPAS le tocó vivir en sus inicios los años de la heroína, con 15 o 20 muertos al año”

Joaquín Galve

Presidente del TSJN

“Es difícil marcar las pautas en algunos casos, hay que aplicar el sentido común”

José antonio

Tirando de buena memoria, Galve recordó una actuación de UPAS con unos menores trapicheando drogas, que acabó con una conversación con los padres mostrándoles las evidencias fotográficas de la acción de sus hijos;o una intervención en las antiguas casas de Mújica, donde la acumulación de basuras y suciedad que encontraron dejó casi grogui a un perro policial.

“necesidad legal y social”Por su parte, el fiscal José Antonio Sánchez Sánchez-Villarés señaló que “la creación de UPAS respondió a necesidades legales y sociales”, refiriéndose a las actuaciones que se sitúan en la frontera de lo penal y lo social.

El fiscal jefe de Navarra comentó las dificultades iniciales para dar cobertura legal a intervenciones en muchos casos humanitarias, donde suele ser más efectivo el sentido común que el Código Penal. Como fiscal de menores comentó la gran importancia de contar con agentes capaces de conocer los entornos de los jóvenes y adolescentes que son objeto de alguna intervención, bien como víctimas o como responsables del hecho, para establecer los recursos precisos.

los apuntes

200 participantes. Doscientas personas están participando en las jornadas, con el salón casi repleto durante las ponencias.

Balance 2017. UPAS tramitó el año pasado 191 denuncias relacionadas con violencia de género, 81 por malos tratos en el ámbito familiar, 61 intervenciones con personas mayores, 38 traslados psiquiátricos involuntarios, en 18 casos de malos tratos con menores como víctimas y en 16 donde el menor fue el agresor.

Infiltrado. El magistrado Galve se reencontró con muchos agentes de su época en el juzgado de instrucción, incluido uno que estuvo infiltrado en una operación antidroga.

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