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caso ultzama

La mayoría parlamentaria concluye que en el caso Ultzama hubo mala gestión y graves “irregularidades”

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E consensúan un documento en el que creen que podría darse un “delito de prevaricación” en la contratación previa

Andoni Irisarri - Sábado, 24 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La planta de biogás de Ultzama, en una foto tomada el martes. Está cerrada desde enero de 2016, faltan las cúpulas de los tanques y presenta un estado de abandono.

La planta de biogás de Ultzama, en una foto tomada el martes. Está cerrada desde enero de 2016, faltan las cúpulas de los tanques y presenta un estado de abandono. (PATXI CASCANTE)

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  • La planta de biogás de Ultzama, en una foto tomada el martes. Está cerrada desde enero de 2016, faltan las cúpulas de los tanques y presenta un estado de abandono.

PAMPLONA.- Los grupos parlamentarios ya han depositado en los servicios jurídicos de la Cámara las conclusiones sobre la comisión que, durante los últimos diez meses, ha investigado la quiebra y desaparición de la planta de biogás de Ultzama. Y salvo en el caso de UPN (vinculado directamente con los promotores del proyecto en 2007), tanto Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E como el PSN lo tienen claro: el proyecto no sólo estuvo mal concebido y peor ejecutado, sino que además ha estado salpicado por graves “irregularidades” que en última instancia hicieron fracasar el proyecto, que contó con más de tres millones de euros entre ayudas públicas de los departamentos de Desarrollo Rural, Industria (actual Desarrollo Económico) y avales de Nafinco (que luego pasó a formar parte de Sodena), que respaldó el proyecto con casi un millón de euros de los que luego tuvo que responder ante los bancos.

Las conclusiones más completas las han presentado las fuerzas del cambio. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han consensuado un documento conjunto en el que se ha tratado de condensar lo más importante del estudio de 15.000 folios de documentación que han arribado al Parlamento estos meses y la audiencia de una treintena de comparecencias. El documento es extenso y minucioso: 157 páginas en las que se reconstruye, con todo el rigor que ha permitido un caso del que ha faltado bastante información, la historia de un proyecto desde el informe del ITG Ganadero de 2004 hasta el cierre de la planta, en enero de 2016. Todavía, como quien dice, no hay unas conclusiones definitivas. El martes está previsto que la comisión se reúna, ponga encima de la mesa todas las propuestas y trate de buscar un texto unitario. Lo que está claro es que las conclusiones consensuadas por las fuerzas del cambio tienen mayoría y que pueden darse casi por aprobadas en su totalidad.

“prevaricación continuada”El informe no deja nada sin abordar, pero quizá lo más novedoso con respecto a todos los detalles que han ido saliendo en comisión tiene que ver con el papel del exalcalde de la localidad, Patxi Pérez Arregui, primer edil de Ultzama entre 2003 y 2012 (el proyecto se impulsó en 2007) y actual miembro de la ejecutiva de UPN. El documento de conclusiones firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E dedica varias páginas a analizar la responsabilidad que tuvo el exalcalde en el proceso de contratación del anteproyecto y el proyecto de la planta en 2007, y del posterior proceso de “cobertura legal” que se hizo en 2008 y que Comptos tildó de “irregular”. La comisión considera que Pérez Arregui, siendo consciente de que en 2007 había encargado el proyecto a Aierdi Ingenieros sin mediar un trámite administrativo, firma en abril de 2008 tres resoluciones de alcaldía (las números 74, 75 y 76) que adjudican los trabajos que ya estaban hechos desde hacía un año a la misma ingeniería por valor de 145.000 €, en un proceso “puramente formal” con la intención exclusiva de aparentar el cumplimiento de una normativa para poder solicitar ayudas públicas. Además, las conclusiones consideran que los expedientes se partieron en tres para no superar el tope de 90.000 € a partir del que había que hacer una convocatoria abierta con publicidad. Este hecho, por su gravedad, lleva a las fuerzas del cambio que firman las conclusiones a considerar que las actuaciones de Pérez Arregui podrían haber constituido un “delito continuado de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal”, sobre todo teniendo en cuenta que Pérez Arregui era consciente de que los trabajos ya se habían hecho en 2007.

Se apoya el cuatripartito en que en el Ayuntamiento no hay rastro en papel de ninguna resolución de alcaldía que adjudicase el trabajo a Aierdi Ingenieros en 2007;en la declaración del ingeniero José María Mariñelarena en la que aseguró que sólo se les dijo “adelante”;y sobre todo en la declaración del secretario municipal, Alfonso Araujo, quien admitió en comisión que “el proyecto estaba ahí” y que “era evidente que se había contratado antes”, sólo que de alguna manera se le quiere dar un soporte. De hecho, el cuatripartito también cree que, por consiguiente, el certificado de ajuste a la legalidad del proceso de 2008 que redactó el secretario municipal también es “absolutamente irregular”, en la medida en la que conocía que las resoluciones 74, 75 y 76 se hicieron “para dar cobertura formal a una contratación ilegal realizada en el año 2007”.

Por esta y por muchas otras razones, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E solicitan en la última página de su escrito de conclusiones una reprobación política de Pérez Arregui (además de otros representantes políticos) y que se remita una copia de las conclusiones a otras esferas. Por ejemplo, al Tribunal de Cuentas que investiga la posible responsabilidad contable del caso;y al juzgado de Pamplona, al considerar “que se ponen en conocimiento del juzgado nuevos hechos a los que ya son objeto de investigación, que se podría considerar que son constitutivos de un delito continuado de prevaricación” que todavía no se habría tenido en cuenta. El PSN, por su parte, ha querido mantener un perfil propio y, en su tónica de dar una cal y otra de arena, equipara al promotor del proyecto con el denunciante de las irregularidades, diciendo que ambos han mostrado una “nula capacidad de gestión”, y repartiendo entre ambos las responsabilidades de una posible reclamación económica al Ayuntamiento de Ultzama.

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