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El Tribunal de Contratos vuelve a anular el transporte escolar pese al voto discrepante del presidente

Estima un recurso de las compañías de autobús y modifica el sistema de adjudicación de lotes

Jesús Morales - Sábado, 24 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Estudiantes hacen cola para subir a un autobús escolar, a la salida de un centro educativo.

Estudiantes hacen cola para subir a un autobús escolar, a la salida de un centro educativo. (JAVIER BERGASA)

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  • Estudiantes hacen cola para subir a un autobús escolar, a la salida de un centro educativo.

PAMPLONA- El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha anulado nuevamente la licitación del Servicio de Transporte Escolar para el curso 2017-2018 promovido por el departamento de Educación del Ejecutivo foral, tras estimar parcialmente un recurso interpuesto por diez empresas de autobuses y considerar que el sistema de adjudicación por lotes (rutas) puede perjudicar la elección de las ofertas más ventajosas. El acuerdo del tribunal cuenta con el voto particular del propio presidente, que discrepa de las dos vocales al entender que el pliego de la licitación se ajusta a la normativa vigente en la materia.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal de Contratos corrige las condiciones para la contratación del servicio de transporte escolar para el curso 2017-2018, tras haber estimado en septiembre de 2017 una reclamación la asociación de transportistas Anet (Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística), entre otras razones, por el establecimiento del precio del servicio de acompañante (la persona que atiende a los menores de 16 años en los desplazamientos).

En esta ocasión el recurso ha sido promovido por Compañía Navarra de Autobuses, Automóviles del Río Alhama, Ativar, La Burundesa, La Estellesa, Autobuses la Estellesa, Autobuses Rio Irati, Autocares Albizua, Autobuses Pamplona Madrid contra el anuncio de licitación y los pliegos que regulan del contrato, entre otros motivos por entender que “el criterio de adjudicación que prima el menor kilometraje de los vehículos para la prestación del servicio no es válido” porque no presta “ninguna ventaja a la calidad y seguridad”, y sostener que dicho criterio resulta “discriminatorio” ya que “perjudica a las empresas que trabajan más y tienen más experiencia”.

DISTORSIÓN DE LA COMPETENCIAEstas alegaciones son rechazadas por el Tribunal de Contratos, que sí ha estimado con los votos de las dos vocales el tercer motivo esgrimido por los recurrentes, quienes explican que “la licitación se configura en varios lotes con un precio de licitación y un número de vehículos distinto, pudiendo presentarse los licitadores a cuantos lotes consideren, aun cuando su flota sea inferior a la necesaria para la ejecución de los lotes a los que concurren, pudiendo, asimismo, repetir vehículos en cada lote ofertado”. Por ello, añaden que “puede darse el caso de que un licitador resulte adjudicatario de más lotes de los que puede asumir en realidad por lo que se introduce un sistema por el cual los licitadores manifiestan su orden de preferencia para el caso de resultar adjudicatarios en varios lotes no compatibles entre sí o cuando carezcan de la totalidad de los vehículos necesarios para la correcta ejecución de ellos”, lo que a su juicio “puede dar lugar a prácticas que distorsionan la competencia como sería el caso de que una empresa que sabe que tiene una alta valoración técnica se concertase con otra empresa para que hiciese una oferta económicamente muy agresiva para un lote en que el ha manifestado el último orden de prelación”.

Al respecto, el tribunal administrativo aprecia dos infracciones en el pliego: “la relativa a la obligación de indicar en el anuncio de la licitación el número máximo de lotes que se podrían adjudicar a cada licitador y la ausencia de los de los criterios y normas objetivos que determinarán qué lotes serán adjudicados a cada licitador”, e insta a Educación a actuar “mediante la determinación del tamaño de los lotes, así como con las posibilidades de limitar el número de lotes a los que se pueda licitar, o el número de lotes a adjudicar a un mismo licitador”.

Sin embargo, el presidente concluye que la reclamación debería haber sido desestimada ya que en la licitación se establece que es “la propia solvencia del licitador (sus medios) la que limita el número de lotes de los que puede resultar adjudicatario”.

el proceso

Primera licitación. El proceso arrancó al finalizar la anterior adjudicación del transporte escolar, cuyo coste se estimó, por ejemplo en 2015-16, en 13,56 millones. Así, de cara al inicio del curso 2017-18 se preparaba una nueva licitación, por un curso prorrogable a cuatro. Educación previó que hubiera un rediseño de las líneas, entre otros cambios. La licitación se publicó el 1 de julio de 2017. Segunda licitación. Días después de esa licitación, la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (Anet) presentó un recurso y solicitó la suspensión cautelar. Esta se adoptó y, en septiembre, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos estimó el recurso. Así, se preparó una segunda licitación, publicada el 20 de diciembre, que también fue recurrida diez días después por diez compañías de autobús. El tribunal ahora estima parte de esa reclamación.

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