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Republicanismo

Intersecciones

Por Santiago Cervera - Domingo, 25 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

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No creo que el magistrado Llarena actúe por delegación de una estrategia gubernamental contra los instigadores del procés. De una parte, él parece consciente del omnímodo poder que las leyes procesales otorgan a los instructores de las causas, jueces que pueden hacer literalmente lo que les da la gana, y a los que la rectificación de sus criterios por instancias jurisdiccionales superiores no merma ni su posición en el escalafón ni su nómina. De otra, el Gobierno de Rajoy parecía satisfecho con el status quo que el asunto catalán tenía a principios de esta semana: en lo político, la patata caliente estaba en manos de unos soberanistas impelidos a formar govern si querían levantar los efectos del 155, y en lo jurídico se constataba una situación de los procesados entreverada por los que estaban huidos, los ya encarcelados y los que disponían de libertad bajo fianza. Llarena había acordado la declaración de causa compleja para supuestamente alargar seis meses más su instrucción, y el calendario que se aventuraba era el del procesamiento en junio y el juicio a finales de año. Creyó ver Rajoy eso que algunos llaman ventana de oportunidad, y anunció para el día 27 la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas sólo podrán ser aprobadas si el PNV así lo desea, y a la vista está que los de Ortuzar no tienen ninguna gana de hacerlo mientras persista el 155. Desde la transición, sólo ha habido un ejercicio en el que se rechazaron los presupuestos del Estado, en 1996, preámbulo del final del felipismo que aconteció justo ese año. De manera que si Rajoy aprobaba los de este año, acabaría más o menos la legislatura. Y si no, habría de entregar la cuchara más pronto que tarde. Todo este mal hilvanado escenario se rasgó definitivamente cuando el miércoles Llarena anunció, al mediodía, la emisión el viernes del auto de procesamiento, y como aditamento se filtra la especie de que además de las correspondientes inhabilitaciones supondrá también prisión para los que hasta ese día disfrutaban de libertad condicional. El resto de los acontecimientos se suceden de una manera atropellada: el pueril intento de investidura de Turull, la pétrea posición de la CUP -desde luego, hay que reconocer que no son políticos tacticistas-, y las lágrimas a la puerta del Supremo que ayer quedaban retratadas en las portadas de todos los periódicos. De la moqueta al maco, en horas veinticuatro.

Igual que el alpinista siempre ha de contar con tres puntos de apoyo en la pared, en el juego de hipótesis sobre lo que hay por delante conviene afianzar primero las certezas. Una, que Llarena ya ha redefinido el calendario con su auto del viernes: habrá juicio a principios de otoño y sentencia (con seguridad, condenatoria) a principios de 2019. Segundo, que en Cataluña no se va a poder constituir un nuevo govern no sólo porque la CUP no va a apreciar motivos para cambiar su posición, sino sobre todo porque ya no quedan interlocutores con autoridad bastante en las filas soberanistas: habrá nuevas elecciones por el solsticio. Y tercero, que Rajoy tendrá que mandar a las Cortes, preso está de sus palabras, unos presupuestos que sabe que no se van a poder aprobar en tanto no se resuelva lo de Cataluña. Indefectible escenario de implosión, mientras aumenta esa sensación inconcreta que precede a los momentos en los que todo cambia, igual que se adivina la tormenta por el olor a ozono. La rotunda ascensión de Ciudadanos en las encuestas, mientras en Génova sólo se dedican a hacer memes sobre Rivera para soltarlos en los grupos de Whatsapp, hace que ya todo sea una cuestión de tiempo.

Que Llarena no haya entendido su desempeño como el de un mandado del Gobierno no quiere decir que lo que está haciendo no tenga muy relevantes intersecciones con lo político. La primera se va a evidenciar en las condiciones en las que se deberán desarrollar las probables elecciones catalanas del verano, en las que los soberanistas no van a poder montar sus listas con sus actuales dirigentes, y parece que no hay muchos más. La segunda intersección llegará con la sentencia a los procesados pocos meses antes de unas elecciones generales, en las que a todos los partidos se les preguntará si están dispuestos a un indulto que suponga borrón y cuenta nueva.

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