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"La deriva de Europa es preocupante"

Cuando salvar vidas es delito

La inmovilización cautelar del barco de Proactiva Open Arms en Italia es el último episodio de una creciente criminalización y estigmatización de los defensores de los derechos de los inmigrantes en Europa

Un reportaje de Marta Martínez - Lunes, 26 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Imagen de una patera rescatada con decenas de inmigrantes a bordo que tratan de llegar a las costas europeas por el Mediterráneo, una travesía cada vez más peligrosa que el año pasado les costó la vida a 2.700 personas.

Imagen de una patera rescatada con decenas de inmigrantes a bordo que tratan de llegar a las costas europeas por el Mediterráneo, una travesía cada vez más peligrosa que el año pasado les costó la vida a 2.700 personas. (Foto: Cedida)

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“Estamos dejando a miles de personas en manos de milicias criminales” - “Proteger y salvar vidas en peligro en alta mar es la prioridad de cualquier barco civil” - “La deriva de Europa es preocupante. Nos quieren eliminar, nos quieren callar la boca”- “El código penal español diferencia claramente entre el ánimo de lucro y la ayuda”

“Un entorno tan hostil acalla las voces de quienes tratan de mantener vivo el recuerdo de Aylan Kurdi y otros que han muerto cuando atravesaban fronteras”. Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, volvió a denunciar la semana pasada la criminalización que sufren quienes se dedican a salvar vidas en las fronteras europeas. Lo ha hecho con motivo de la inmovilización cautelar del barco de Proactiva Open Arms en el puerto de Pozzallo (Italia) y la investigación a tres de sus integrantes por asociación criminal y fomentar la inmigración irregular.

“Se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a personas en movimiento y se les han embargado sus embarcaciones”, lamentaba Forst. Este mismo mes, el relator presentaba un informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que criticaba la “criminalización” y “estigmatización” que sufren las personas que defienden los derechos de los inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Forst mencionaba expresamente el caso de Helena Maleno, citada a declarar el pasado mes de diciembre por la Justicia marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar. Esta es una de las tareas que lleva realizando desde hace diez años desde Tánger, su ciudad de residencia.

“La persecución que vivimos es similar a la que hace unos años sufrían en Latinoamérica las defensoras de personas inmigrantes. La deriva que ha tomado Europa es preocupante. Estamos notando que nos quieren eliminar, que nos quieren callar la boca, incluso autoridades que tenían que estar al servicio de la ciudadanía, como es el caso de la Policía del Estado español”, denuncia Maleno. La investigadora y defensora de derechos humanos está esperando la resolución del juez desde que el 10 de enero se dieran por concluidos los interrogatorios. “La espera es angustiosa, este impasse es como una condena”, asegura. Y tiene una esperanza: “Espero poder ir a recibir el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación -es una de las galardonadas de este año-”.

Su caso se remonta a 2012, cuando la Policía española inicia una investigación sobre sus llamadas a Salvamento Marítimo. “Y como resido en Marruecos, hace parte de la investigación a las autoridades marroquíes, que también me investigan y me pinchan los teléfonos”, explica. El país magrebí no encuentra nada relevante y, en España, un fiscal de la Audiencia Nacional concluye que su actividad no es delictiva;su caso ni siquiera llega a juicio. “La Policía española envía el dossier con su investigación a Marruecos, pero no envía la resolución del fiscal de la Audiencia Nacional que dice que mi actividad no es delictiva. Yo he sido interrogada aquí en Marruecos por el dossier de la Policía española. A día de hoy, después de ver este dossier, puedo decir que la Policía marroquí ha respetado más mis derechos fundamentales que la Policía española”, lamenta. “Yo me puedo encontrar encarcelada por haber llamado a los servicios de Salvamento Marítimo y eso es gravísimo”, apunta.

Según Maleno, el recrudecimiento de la situación de las defensoras de derechos humanos “viene paralelo con el creciente negocio que hay en las fronteras y la entrada en el negocio de la industria de la guerra”. “El negocio del control migratorio ha crecido muchísimo en los últimos años, Europa va a invertir muchísimo dinero en el control migratorio y las empresas que están gestionando ese control migratorio son las mismas empresas de venta de armamento desde Europa. Estas empresas, además, están haciendo lobbies muy importantes en el Parlamento Europeo para diseñar las políticas de control de fronteras, cuantos más intereses económicos, más vulnerables nos sentimos”, señala.

Proactiva Open ArmsEsta criminalización se hace evidente en el Mediterráneo central: a principios de 2017, doce embarcaciones humanitarias colaboraban en el rescate de inmigrantes en la zona, a finales de año la cifra se redujo a cuatro y, en la actualidad, solo queda uno, elAquarius, de la ONG SOS Méditerranée, con la colaboración sanitaria de Médicos sin Fronteras. Hasta hace una semana estaba también el barco de Proactiva Open Arms, pero el domingo pasado fue inmovilizado cautelarmente después de un incidente en alta mar.

Detrás de esta realidad se encuentran dos razones: la amenaza de la Guardia Costera libia y un férreo código de conducta impuesto por el Gobierno italiano que tuvieron que firmar las ONG para seguir trabajando en el Mediterráneo. El texto establece que no se navegue en aguas libias, que no se emitan señales luminosas o de radio que puedan avisar a los traficantes, admitir en los barcos a un oficial judicial y declarar las fuentes de financiación. El pasado agosto, Médicos Sin Fronteras anunció que no firmaba el código y que suspendía su actividad en el Mediterráneo ante las “restricciones a la asistencia humanitaria” impuestas por Libia. La alemana Sea Eye comunicó también su retirada ante los problemas de seguridad por “el explícito trato contra las ONG” por parte de las autoridades libias. Y así una organización tras otra.

“Desde que el verano pasado el Gobierno de Roma y las milicias libias firmaran un acuerdo para frenar las llegadas de inmigrantes, estamos siendo testigos de una campaña, como mínimo, para entorpecer el trabajo de las ONG de salvamento en el Mediterráneo, y creo que también se ha debido, en gran medida, a un cálculo electoral. El Gobierno socialdemócrata se dio cuenta de que para las elecciones que se celebraron hace dos semanas este tema podría dar o restar votos”, explica desde Italia Ane Irazabal, corresponsal de EiTB. “Se tienen noticias de que ha bajado mucho el número de llegadas de inmigrantes. Estamos hablando de que, en los primeros meses de 2018, han llegado un 70% menos. Está claro que, desde el punto de vista político y táctico, el acuerdo entre Italia y las milicias libias está surtiendo efecto, pero ¿cuáles son las consecuencias? Estamos dejando a miles de personas en manos de las mismas milicias que antes del acuerdo se enriquecían con el tráfico de personas”, advierte Irazabal. “Estamos dejando a miles de personas en manos de criminales, en centros de detención en los que no sabemos cuáles son las condiciones”, enfatiza.

Òscar Camps, fundador y director de Proactiva Open Arms, explica que “cuando llegamos, la situación que nos encontramos era demasiado complicada, había que atender a los casos médicos más graves, por lo que empezamos a sacar a las mujeres y niños”. Una hora después llegó un barco libio y recibieron una llamada de Italia que les informaba de que la coordinación de la operación pasaba a Libia. “Era la primera vez que escuchábamos que los libios coordinan un rescate y no sabemos por qué”, cuenta. Los guardacostas libios amenazaron a los integrantes de Proactiva Open Arms para que les entregaran a los inmigrantes a bordo, lo que generó pánico porque “nadie quería subir al barco de los libios”. Los activistas se negaron y, tras un momento de angustiosa tensión, los guardacostas libios se fueron. “Proteger y salvar la vida de las personas en peligro en alta mar es la prioridad de cualquier barco civil y militar en alta mar. Todas las demás decisiones pasan a un segundo plano”, asegura Camps.

En la misma situación que Proactiva Open Arms se encuentra la alemana Jugend Rettet desde el pasado agosto, cuando las autoridades italianas incautaron su barco y, siete meses después, todavía se investiga a sus cooperantes por favorecer la inmigración irregular. Italia obligó a la tripulación a desplazarse al puerto de Lampedusa, interrumpiendo así sus labores de vigilancia por negarse a firmar el código de conducta.

La situación en el Mediterráneo se ha vuelto más dramática si cabe. Antes de la retirada de la mayoría de ellos, los barcos civiles efectuaban el 35% de los rescates -Proactiva Open Arms ha salvado a más de 20.000 personas- y aún así 2.700 personas perdieron la vida el año pasado, que se conozca.

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