Admiten una querella contra el presidente de Figarol por malversación y prevaricación

Un juzgado de Tudela investigará a Rafael Martínez por pagar a un abogado y una procuradora 667 euros con dinero del Concejo y al secretario por no cobrar una deuda de 13.800 euros al propio Martínez

Ainara Izko / Iban Aguinaga - Martes, 27 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Miembros de la plataforma vecinal de Figarol, antes de comparecer en el Parlamento.

Miembros de la plataforma vecinal de Figarol, antes de comparecer en el Parlamento.

Galería Noticia

Miembros de la plataforma vecinal de Figarol, antes de comparecer en el Parlamento.

figarol- Meses después de que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) les diera la razón y de acudir al Parlamento a explicar su situación, vecinos de Figarol, constituidos en plataforma, han dado un paso al frente y, con el dinero recaudado en una colecta, se han querellado contra el presidente del Concejo, Rafael Martínez, y contra el secretario y concejante Daniel Remón. “Se ha intentado durante dos años y de buenas maneras que se solucionara el problema, pero no nos ha quedado más remedio que acudir al juzgado”, explican al respecto.

En el caso de Martínez, que en enero entregó de forma provisional su carné de UPN y sobre el que pesa una resolución del TAN que le exhorta a abonar los 13.823,04 euros (según calculan los vecinos) que adeuda por el arrendamiento de La Residencia (un edificio), un juzgado de Instrucción de Tudela le investigará, tras la admisión a trámite de la querella, por haber utilizado, presuntamente, dinero del Concejo “sin autorización del Pleno” (según la acusación), en concreto 667,26 euros, para pagar las costas de un procedimiento judicial que perdió contra unos vecinos. “En lugar de pagar las minutas que giraron a su nombre, no a nombre del Concejo”, tanto un abogado como una procuradora como consecuencia de una condena en costas, “ordenó a la administrativa que las pagase con cargo al Concejo” consta en la querella. Según se detalla en la misma, además, “los Presupuestos del Concejo de Figarol no contemplan ninguna partida de gasto para hacer frente a las facturas que deba pagar el presidente a abogados y procuradores por asuntos personales suyos. Por tanto, el Concejo sólo podría pagar ese gasto si aprobase un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, cosa que no ha ocurrido”.

En consecuencia, se le imputan hechos que podrían ser constitutivos de uno o varios delitos de malversación de caudales públicos (castigados con pena de prisión de uno a dos años y multa, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años) y de prevaricación administrativa (penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años).

También se ha admitido a trámite la querella contra el secretario y concejante Daniel Remón, en este caso, según señala la acusación, por no haber reclamado a la Asociación Club Hípico Doshaches, gestionada por el propio Rafael Martínez (presidente del Concejo desde junio de 2011), las rentas dejadas de abonar entre abril de 2012 y 2016 y que ascenderían a 13.823,04 euros.

Los hechos que se imputan a Daniel Remón, pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia (al que corresponde una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años) y de malversación de caudales públicos, por omisión (penado con prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de seis a diez años).

Deuda de 13.823,04 euros Todo se remonta al año 1998, fecha en la que el Gobierno de Navarra cedió gratuitamente el edificio denominado La Residencia al Concejo y éste a su vez al Club Hípico Doshaches (por un periodo de nueve años y medio), con la condición de que se acondicionaran las instalaciones. Transcurrido ese plazo, se acordó en 2008 establecer una nueva cesión, pero fijando una renta de 450 euros al mes, más el IPC. Hasta el primer trimestre del año 2012, el Club pagó la cuantía estipulada. A partir de abril de 2012, sin embargo, la asociación comenzó a pagar, sin que existiera acuerdo alguno de Pleno para reducir la renta y coincidiendo con el nombramiento de Rafael Martínez como presidente del Concejo, 162,02 euros al mes en lugar de 486,66 euros (aplicando la subida del IPC). Tras ser preguntado por esta cuestión, Martínez lo achacó a un “error administrativo”, que solventó eliminando directamente en mayo de 2016, por dos votos a favor y uno en contra, la tasa cobrada por el arrendamiento del inmueble.

Esta cuestión fue denunciada ante el TAN, que el pasado mes de abril dio la razón a los vecinos a la hora reclamar al Club los débitos no satisfechos. Sin embargo, ante la “pasividad” del Concejo a la hora de ejecutar la resolución, el TAN le dio en julio de 2017 tres meses de plazo para liquidar la deuda porque de lo contrario pondría la situación en conocimiento del Ejecutivo foral.

Entre tanto, el Concejo acordó ejecutar la resolución del TAN, pero Remón, en su condición de secretario y de presidente en funciones (al ausentarse Martínez de la votación por ser parte implicada) “no llevó a cabo actuación alguna para reclamar la deuda” dice la querella. En octubre, el TAN dio cuenta al Gobierno de Navarra del incidente de ejecución. Un mes después, Remón se puso en contacto con el Club, a través de una carta que “contiene dos errores, voluntarios o involuntarios”, recoge la querella, en la que le rogaba que abonara “lo antes posible” las deudas pendientes desde abril de 2013, en lugar de 2012, por importe de 12.338,02 euros, en vez de 13.823,04 euros.

“Ni tan siquiera le ha dado un plazo para pagar la deuda, ni mucho menos ha convocado una sesión del Concejo para acordar su reclamación judicial”, lamentan los vecinos en la querella. “Esto significa que Remón de una forma totalmente arbitraria, dolosa, pertinaz y con un absoluto desprecio de las normas legales y de las resoluciones del TAN, sigue sin llevar a cabo las actuaciones necesarias para cobrar a la Asociación Club Hípico Doshaches las cantidades que adeuda al Concejo de Figarol”, resumen. “Todo ello con un evidente ánimo de favorecer al presidente del Concejo de Figarol, perjudicando de paso los intereses del Concejo y de todos los vecinos”, concluyen.

Intervención del gobierno El Gobierno de Navarra notificó el 15 de febrero que realizará las actuaciones necesarias para ejecutar subsidiariamente la resolución del TAN, indicando asimismo al Concejo que “cualquier gasto a que hubiere lugar por efecto de la ejecución subsidiaria será con cargo a la entidad local, ordenando, en su caso, a la Dirección General de Administración Local, que detraiga la cantidad que se produjera del Fondo de Haciendas Locales, en la parte de transferencias corrientes”.

Últimas Noticias Multimedia