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Caso Ultzama, punto y seguido

La comisión de investigación del caso Ultzama presentó ayer sus conclusiones, en las que acredita no solo un “entramado” para lograr una doble financiación, sino que pone de manifiesto el modelo de gestión clientelar de UPN

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El Juzgado de Instrucción tiene trabajo analizando el contenido de las conclusiones elaboradas por la comisión parlamentaria que ha investigado la quiebra de la planta de biometanización de Ultzama, un proyecto frustrado impulsado por un Ayuntamiento afín a UPN y que ha costado más de tres millones de euros a las arcas públicas. El documento, que recoge 93 apartados, fue presentado por los grupos del cambio y aprobado con sus votos. En resumen, señala la existencia de un entramado que tendría como fin el conseguir dos subvenciones de distintos departamentos del Gobierno de Navarra por un mismo concepto (en total 2,4 millones de euros por depósitos de digestión anaerobia), lo que al entender de los parlamentarios puede constituir un delito de fraude;además, reprueba la conducta del exalcalde Patxi Pérez Arregui, a quien achaca un presunto delito continuado de prevaricación por la adjudicación directa del proyecto. Pérez Arregui, alcalde entre 2003 y 2012 (cuando se impulsó la planta), es en la actualidad miembros de la Ejecutiva de UPN y anteriormente desempeñó el cargo de director general de Administración Local cuando era consejero José Javier Esparza. Hay que recordar que el exedil no prestó ninguna colaboración a la comisión y se negó a responder a las preguntas planteadas por los parlamentarios durante su comparecencia. No extraña, conociendo estos antecedentes, que los regionalistas hayan puesto todos los obstáculos a su alcance al trabajo de la comisión y que ayer se revolvieran hablando de “conclusiones predeterminadas”. Sin embargo, buena parte de lo recogido en el informe final aparece en el trabajo de fiscalización realizado por la Cámara de Comptos. En la documentación aportada ya quedaba constancia de la sobrefinanciación con dinero público, del papel de intermediación del Ayuntamiento, de que los planes de ingresos de la empresa eran casi ficticios y de la facturación cruzada. Pero UPN, por boca de Sergio Sayas, trató ayer de desprestigiar a Comptos señalando además a su presidenta, Asun Olaechea, con la grave acusación de haber realizado una “actuación política”. Las conclusiones serán sometidas a la aprobación del Pleno del Parlamento, pero en las sesiones desarrolladas durante semanas se ha puesto en evidencia el oscurantismo y la falta de colaboración, tanto de gestores de la planta como de los políticos, y ha sacado a la luz otro despilfarro más en la gestión de UPN en el Gobierno de Navarra, ese modelo de gestión clientelar en el que el dinero público acaba en manos privadas.

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