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La contratación pública deberá respetar los convenios sectoriales

Aprobado el dictamen de la ley, que introduce cláusulas sociales y simplifica los procedimientos

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- La comisión de Hacienda aprobó ayer por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, tras varias semanas de trabajo en la ponencia constituida a tal efecto para adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo.

Una de las novedades más importantes reside en que toda contratación pública deberá garantizar la calidad del empleo a través del obligado respeto a los convenios sectoriales, también en los casos de subrogación. De esta forma se evitan las ofertas temerarias, fuera de mercado, a costa de perpetuar la precariedad, con la consiguiente afección a la calidad de los servicios prestados.

De hecho, como criterio general se ha sustituido la expresión “oferta económica más ventajosa”, por “oferta con la mejor relación calidad precio”.

El proyecto de Ley Foral, al que se le han añadido 204 enmiendas, tiene por objeto propiciar un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, y un uso eficiente de los fondos públicos.

La norma pretende promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de las pymes (ofrecen el mayor potencial de empleo) y proporcionar herramientas para el uso de la contratación pública como un instrumento de las políticas sociales, ambientales o de investigación.

A tal fin, para caminar hacia una economía social de mercado altamente competitiva, se incluyen medidas de simplificación del procedimiento y de reducción de cargas administrativas.

al día en obligaciones tributariasEl proyecto de ley avanza también en la incorporación de medidas de prevención y transparencia para hacer efectivos los principios de la nueva gobernanza, concebidos en todo caso para combatir el fraude, el clientelismo, la corrupción o los conflictos de intereses.

Ahí se sitúa la restricción de los procedimientos negociados y sin publicidad que, con sustento legal, reducían el conocimiento público general de las licitaciones, y la exclusión de las empresas que, por ejemplo, no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o hayan incurrido en graves vulneraciones laborales o fiscales.

En el transcurso del debate se discutieron tres enmiendas in voce, de las que solo prosperó una, del PSN, que excluye de la aplicación de esta ley a las entidades y asociaciones de defensa de medio ambiente, caza y pesca, “por razón de su naturaleza”.

Por el contrario decayeron las dos de UPN. La primera pretendía excluir a los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de la reserva que, por motivos sociales, se establece para la participación en los procedimientos de adjudicación, por considerar que en la propia definición de estos centros ya se garantiza la carencia de ánimo de lucro.

La segunda enmienda abogaba por eliminar el requisito de elaboración de un plan de euskera para formar a los trabajadores, cuando el objeto del contrato exija una atención al público. Para UPN es un requisito “desproporcionado e injusto”, mientras que desde I-E se precisó que se trata de “un mero guiño al avance del euskera, que ni obliga ni determina”. - J. Encinas