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Condenan a multa a un exjefe de la Seguridad Social y le absuelven de cohecho, junto a 4 acusados más

La Audiencia ve que podía asesorar a particulares y que ni amañó subastas ni usó información

Enrique Conde - Jueves, 29 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Fachada de la casa Recari de Aoiz, que era propiedad de los acusados y entregaron al funcionario.

Fachada de la casa Recari de Aoiz, que era propiedad de los acusados y entregaron al funcionario.

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  • Fachada de la casa Recari de Aoiz, que era propiedad de los acusados y entregaron al funcionario.
  • Juan Carlos Riezu.

PAMPLONa- Si bien la Fiscalía pedía 8 años de cárcel para Juan Carlos Riezu Barasoain, quien fuera durante tres lustros jefe de una unidad de recaudación de la Seguridad Social, por un delito de cohecho y tres delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios (asesoramiento en subastas, facilitar la intervención en negocios y uso de información secreta o privilegiada), la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra le ha condenado a una leve multa de 2.700 euros al no quedar probado que la actuación del recaudador fuera irregular en unos casos o no estuviera amparada por la compatibilidad que le otorgó en su día la Seguridad Social. Riezu, al que se suspende de empleo dos años como recaudador jefe, queda absuelto del resto de delitos que se le imputaban. Igualmente, dos empresarios de Tierra Estella, Gregorio C.L. y José María V.B., a los que la Fiscalía pedía seis años de prisión por cohecho, también son absueltos, y lo mismo ocurre con una abogada conocida del principal acusado, Gina M.M. y con otro conocido de Riezu y también empresario, Miguel Ángel S.A. Al jefe de la Seguridad Social, o a familiares suyos, le unían lazos con el resto de procesados en el accionariado de sociedades o en la participación conjunta en algunas propiedades.

Riezu ya había sido condenado a 22 meses de prisión como cooperador de un delito de alzamiento de bienes en una sentencia alcanzada de conformidad antes del juicio, por la sucesión de empresas de hoteles Marsans para evitar el pago de sus deudas a la Seguridad Social. Su pena se sustituyó por multa de 13.200 euros. Junto a él se condenó al jeque Jamal Satli, dueño de los hoteles BlueBay, y al exeuroparlamentario de PP y UPN, Javier Pomés.

compatibilidad como abogadoAhora, según la Audiencia, la acusación formulada por la Fiscalía y la Seguridad Social ya partía de un error cuando señalaba que Riezu no podía ejercer como abogado al mismo tiempo que era recaudador jefe. El acusado solicitó en 2004 la compatibilidad para un asunto específico (la defensa de un compañero de trabajo en un pleito). Sin embargo, lo que se acordó en una resolución de 5 de julio de 2004 por parte de la Administración fue acordar el reconocimiento de la “compatibilidad solicitada como la del ejercicio libre de la abogacía” por lo que podía ejercer su actividad en el sector público y, a su vez, trabajar como abogado. Así lo reconoció el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en una certificación de febrero de 2013 que luego matizó en junio cuando el reconocimiento de compatibilidad “carece de validez”. La Audiencia concluye que “la realidad es que mediante la resolución de 2004 se le concedió la compatibilidad para ejercer como abogado, sin más limitaciones que las especificadas por asuntos en los que tuviera participación como trabajador de la Seguridad Social”.

En cuanto a los asesoramientos ofrecidos a terceros, la Audiencia entiende que Riezu considera que la posible actividad delictiva que se imputa queda limitada a asesoramientos prestados por el funcionario en relación con asuntos tramitados en la unidad de la que era responsable. El tribunal advierte que existe “un amplio cauce administrativo”, al margen del derecho penal, “adecuado para valorar esa actuación fuera del ámbito administrativo al que nos hemos referido (su unidad), interpretación esta que es respetuosa con el principio de intervención mínima del ámbito penal”.

ASESORAMIENTOS PERMITIDOSPartiendo de esas premisas, la Audiencia entiende que Riezu no cometió delito al asesorar a varios particulares que le consultaban por deudas, le contrataban como abogado o asesor o le pedían escritos profesionales. “Unos asuntos ni siquiera afectan a actuaciones relativas a la Seguridad Social y otros eran ajenos a las unidades de recaudación en las que fue jefe”. Del mismo modo, “por idéntica razón”, no constituye delito el asesoramiento a los empresarios Gregorio C.L. y José María V.B. en sus sociedades por cuestiones ajenas a la Seguridad Social o en unidades que le eran ajenas. En el ordenador de Riezu se encontraron escritos elaborados por diversos deudores para reclamar la devolución del precio pagado en subastas y cuya elaboración era atribuida a Riezu por parte de las acusaciones. “El hecho de que fueran conocidos no permite concluir con certeza, deducir necesariamente, que el escrito lo confeccionara el acusado. Son igualmente posibles y admisibles otras explicaciones, como que Riezu hubiera accedido a ese escrito a fin de estudiarlo para analizar o informar. No puede ignorarse -añade la Audiencia- que las dos personas que habitualmente participaban en subastas, siendo razonable considerar que tuvieran conocimiento y experiencia para poder elaborar esos escritos”.

intereses comunes sin más datosEn cuanto a si hubo información privilegiada para participar en subastas, la Audiencia dice que “es cierto” que en la causa “se ha puesto de manifiesto la realidad de la existencia de relaciones particulares e incluso posibles intereses comunes entre Riezu y los otros acusados que participaron en las citadas subastas y resultaron adjudicatarios. Pero ello no permite concluir con suficiente fundamento ese aprovechamiento por parte de Riezu de sus funciones para forzar o facilitar esa participación en tales subastas y obtener ventaja a través de terceros. Todos ellos negaron cualquier actuación conjunta y no consta ningún dato revelador de contactos previos. Tampoco consta dato alguno revelador de que el importe usado para adquirir bienes o, posteriormente, el obtenido, en las subastas tuvieran un origen o destino ajeno a los propios intervinientes en las subastas o relacionado con Riezu”.

no facilitó información secretaSobre el uso de información privilegiada para consultas de particulares, la Audiencia concluye que a Riezu “se le consultó por parte de los responsables de sociedades o de los particulares” y dadas esas autorizaciones “no cabe apreciar ánimo alguno de apoderamiento y conocimiento de datos reservados, ni uso de secretos o información privilegiada ni, mucho menos, que ello se efectuara por el funcionario con ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero”.

no hay cohecho, fue devoluciónPor último, en cuanto al delito de cohecho que se les imputaba tanto a Riezu como a los empresarios de Tierra Estella, el tribunal zanja que tampoco ha quedado probado. Acreditaron que Riezu entregó a Gregorio C.L. 70.000 euros cuando este atravesaba una difícil situación económica y dicho ingreso “se produjo dos años y tres meses antes” de la entrega como dación en pago a Riezu de la mitad de dos fincas de Aoiz y de tres de Ayegui, que la acusación entendía que podían ser constitutivos del pago o dádiva por sus servicios. Antes de analizar el delito, la Audiencia examina las periciales respecto al valor económico de las fincas, en una de las cuales, como la casa palacio de Aoiz, se llegó a proyectar un apartahotel en 2006. “Los informes son abiertamente dispares”, ya que el perito del juzgado los valoró en 10.000 euros y la profesional contratada por la Seguridad Social estimó su valor en medio millón. Ante tal situación, sigue la Audiencia, “no podemos considerar justificado que el valor que se atribuyó a dichos bienes en la dación en pago fuere notoriamente inferior al que realmente correspondía a los mismos. No ha quedado desvirtuado que esa dación no obedeciese al motivo de devolución de lo debido”, reza la sentencia.

un único hecho condenatorioPor el único hecho por el que se condena a Riezu es por la negociación prohibida a un funcionario público y por los abusos en el ejercicio de su función en el asesoramiento a particulares. Así, se cita la adquisición de dos naves industriales de Olite a través de una sociedad en la que participaba la esposa de Riezu. Las naves se subastaron en la unidad de Riezu en 2008, quien gestionó luego la constitución de una sociedad para hacerse con las naves. “Se trató de un asesoramiento más allá del prestado a su esposa, alcanzando al mismo tiempo, a los demás partícipes de las sociedades. Y ese asesoramiento afectó a un asunto en el que el mismo había intervenido en su condición de jefe de la Unidad de Recaudación en la que se tramitaba el inicial expediente frente a las sociedades deudoras”.

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