Una Constitución para garantizar viejos derechos

Viernes, 30 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

El capitalismo ha salido de una de sus crisis periódicas consiguiendo implantar un nuevo modelo de precarización laboral y recortes de libertades. Lo ha hecho en un contexto de profunda debilidad de la mayoría social que está sufriendo las consecuencias de este modelo.

Y además la discusión, incluso hasta el hartazgo, sobre Cataluña, ha conseguido un refuerzo de las derechas, incluidas la catalana.

Sin embargo, en este contexto de debilidad, de falta de movilizaciones, hay tres factores que han surgido y que pueden alimentar la esperanza. Las movilizaciones del 8 de marzo, la salida a la calle de los y las pensionistas y alguna buena noticia, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea sancionando al Gobierno de España en el caso de la quema de la foto de un borbón, en un negro contexto de represión de las libertades, en particular de la de expresión.

Estas movilizaciones ahondan la crisis institucional que llevamos años arrastrando. Hace unos años era anatema la propuesta de una simple reforma constitucional, en estos momentos la necesidad de reformas es un clamor y parece que están dispuestos a cambiar algo para que nada cambie.

Se necesita una nueva Constitución feminista que recoja los avances conseguidos;divorcio, aborto, etcétera para que ningún gobierno las pueda eliminar. Y que además sea garantía de avance contra las desigualdades actuales y por la eliminación del patriarcado (al menos en lo legal). Que plantee una nueva economía basada en las necesidades reales de las personas y en valores que no sean la competitividad y el máximo beneficio. Y que garantice la igualdad en la Educación. La aceptación de la Ley Wert por el Constitucional explica muy bien las carencias de esta Constitución.

En cuanto a las pensiones públicas, decir que son una conquista de la clase trabajadora, que expresan la solidaridad entre generaciones, perfectamente sostenibles si hay voluntad política. No se puede dejar que desaparezcan, para beneficio de nuevo de la Banca, fomentando las pensiones privadas. Y deben ser blindadas en una nueva Constitución.

Necesitamos iniciar un proceso que se vincule a la construcción de un nuevo país con la base jurídica de una nueva Constitución

Y qué decir del asalto a la Constitución en cuanto a los derechos como manifestación, libertad de prensa, etcétera que comenzó con la ley antiyihadista aprobada por PSOE y PP, y que sigue con la ley Mordaza. Los mismos que se llaman constitucionalistas están despojándola de cualquier atisbo de aceptación. Hemos visto titiriteros encausados, jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo por una paliza de bar, libros secuestrados, blogueras encausadas, multas por doquier por manifestaciones pacíficas, artistas encausados por blasfemar. ¿Para qué nos sirve esta Constitución si ya no garantiza ni las libertades?

Todos estos movimientos ponen en cuestión, en nuestra opinión, una Constitución que blinda los supuestos derechos de la Corona o la sagrada indivisibilidad de la patria, pero que deja en el capítulo de meras intenciones los elementos básicos para la vida de la ciudadanía, como el derecho al trabajo, a la vivienda y tantos otros.

Necesitamos, por tanto, iniciar un proceso que se vincule a la construcción de un nuevo país con la base jurídica de una nueva Constitución. Un proceso que se apoye en la participación de los sujetos políticos, sindicales y sociales. Porque todas estas manifestaciones y movimientos se deben aunar en un objetivo político común. Como la lucha por la democracia aunó a todos y todas en el franquismo.

Para empezar planteando una huelga general parar garantizar los derechos sociales como es un salario justo, trabajo fijo y vivienda digna, pensiones dignas y una mejora del presupuesto para políticas de igualdad. Que sume a todos y todas a corto plazo incluidos los parados y paradas y la juventud y, cómo no, a los sindicatos, frente a la respuesta del PP y Ciudadanos. Las luchas de sectores aislados no lograran sacudir a este Gobierno (la respuesta a las pensiones ha sido gastar 10.000 millones en armamento).

Un proceso que concluya en una nueva Constitución. Para implantar unas relaciones que acaben con la sociedad patriarcal. Que garanticen una justicia igual para todos. Una Constitución que se replantee el modelo económico, para que la economía esté al servicio de los trabajadores y trabajadoras y no de una minoría. Con una democracia participativa y solidaria. En un Estado plurinacional que reconozca el Derecho de Autodeterminación de los pueblos. Que apueste por la laicidad, y por lo tanto la separación total de iglesia y estado, acabando con el Concordato.

Y, cómo no, desde la más absoluta igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas que todos los cargos puedan ser electos, lo que supone decidir también sobre monarquía o república.

Firman este artículo: Javier Barinaga, Javier De Miguel, Juan Carlos Esparza, Carlos Guzmán, Paco Jiménez y Carmen Rubalcaba, de la Asociación por una nueva Constitución