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155 días del 155

Bloqueo institucional y protestas en las calles es el balance de la suspensión de la autonomía impuesta por el Gobierno, que ha fulminado a 260 cargos catalanes.

Un reportaje de E. Bátori - Domingo, 1 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Un grupo de mossos intenta desalojar una carretera cortada por manifestantes.

Un grupo de mossos intenta desalojar una carretera cortada por manifestantes. (Foto: Efe)

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Un grupo de mossos intenta desalojar una carretera cortada por manifestantes.

cuando Mariano Rajoy anunció el 27 de octubre la destitución de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones para el 21-D en Catalunya, con la idea de abrir cuanto antes una nueva etapa de tranquilidad y normalidad, seguramente no imaginaba que 155 días después, aún estaría vigente el artículo 155.

El Gobierno siempre ha sostenido que no desea que el 155 esté en vigor en Catalunya ni un día más del estrictamente necesario, pero lo cierto es que ayer se cumplían precisamente 155 días de su aplicación, en medio de un bloqueo institucional que no permite atisbar una salida inmediata en el horizonte y de una escalada de protestas derivada de la detención en Alemania del expresidente catalán, en Bruselas desde finales de octubre para eludir la acción de la justicia.

155 días en los que se ha procedido a la destitución de 260 cargos de la Generalitat catalana, al desmantelamiento de la llamada estructura de Estado con la que se estaba preparando la secesión, al cierre de las “embajadas” en el exterior, excepto Bruselas y Madrid, y a la celebración de los comicios del 21-D, que por primera vez ganó Ciudadanos.

Su candidata, Inés Arrimadas, no obstante, renunció a la investidura por no contar con los apoyos necesarios, y los independentistas -con mayoría absoluta en la Cámara- intentaron primero investir a Puigdemont desde Bruselas, lo que frenó el Tribunal Constitucional, y luego a Jordi Sànchez, en prisión preventiva y a quien el Supremo se negó a excarcelar.

Eso sí, ya ha empezado a correr el “reloj” para la próxima convocatoria electoral con la fallida investidura de Jordi Turull, que no pudo someterse a una segunda votación porque el Tribunal Supremo ordenó su encarcelamiento.

La vertiente judicial ha estado en un primer plano estos meses, en los que han entrado en prisión el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Ya estaban en la cárcel preventivamente desde antes del 155 el expresidente de ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Todos ellos están procesados por el delito de rebelión, del que también se acusa a Puigdemont, y a los exconsellers fugados Antoni Comín (en Bruselas) y Clara Ponsatí (en Escocia), así como a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza el día que tenía que declarar ante el juez.

La detención en Alemania el pasado 25 de marzo de Carles Puigdemont, cuando volvía en coche de participar en un acto en Finlandia, ha soliviantado a muchos soberanistas hasta el punto de que han vuelto a activarse los llamados comités de defensa de la república (CDR) y se han visto contenedores ardiendo en las calles, que habían estado mucho más tranquilas los últimos cuatro meses tras la vorágine del otoño.

Tranquilidad que se reflejó en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado entre el 1 el 14 de febrero, en el que la situación de Catalunya era citada como uno de las tres principales preocupaciones del país por un 11,3% de los encuestados, cuando en octubre ese porcentaje llegaba al 29%.

Mientras tanto, el Gobierno ha intentado gestionar con la mayor discreción posible, casi de forma técnica, para reactivar una administración autonómica que, según el Ejecutivo, estaba paralizada.

Con ese objetivo, se han celebrado 22 reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, en las que se han aprobado cerca de 190 acuerdos sobre Catalunya, que han permitido desatascar subvenciones que llevaban sin pagarse cuatro años y autorizar ayudas pendientes desde 2015, entre otras actuaciones. De los 8.000 millones de euros en pagos efectuados en este tiempo, unos 2.000 millones corresponden a proveedores y otros 1.100 millones a ayuntamientos. Además, en este tiempo el Gobierno ha fulminado a 260 cargos de la Generalitat.

Junto a estas medidas, tal y como explicó la semana pasada en el Senado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se ha activado la convocatoria de acceso a la función pública en Catalunya: se han desbloqueado 2.000 plazas para maestros y profesores y 455 para Mossos d’Esquadra.

Actuaciones con las que el Gobierno asegura haber reactivado la agenda social y económica que “la Generalitat paralizó durante meses”. Desde el Gobierno se espera que los soberanistas puedan finalmente proponer a un candidato “limpio” para la Presidencia de la Generalitat y, de ese modo, dejar sin aplicación el 155. De no ser así, los catalanes volverían a las urnas en pleno verano.

El Post-it

Zoido vs Guardiola. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que “acosar a jueces, a periodistas, a policías y a todo el que no comulgue con el independentismo es violencia”, e intentar imponer un proyecto excluyente “no es democrático”. Zoido hizo estas manifestaciones al ser preguntado por las declaraciones de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, quien se refirió a la situación política en Catalunya y dijo que es “una gran injusticia” que los comparen “con ETA o con la kale borroka”.