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El programa de Ciudadanos sólo menciona a Navarra para quitarle derechos históricos

Entre sus medidas para “cambiar España a mejor”, figura la supresión de la Transitoria Cuarta
Advierte de que recalculará la contribución al Estado y de que no se cederán más competencias

Javier Encinas - Domingo, 1 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, saluda a simpatizantes del partido el 16 de febrero de 2017 en su primera y única visita oficial a Navarra. Tras él, Carlos Pérez-Nievas, portavoz del partido en Navarra.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, saluda a simpatizantes del partido el 16 de febrero de 2017 en su primera y única visita oficial a Navarra. Tras él, Carlos Pérez-Nievas, portavoz del partido en Navarra. (MIKEL SAIZ)

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Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, saluda a simpatizantes del partido el 16 de febrero de 2017 en su primera y única visita oficial a Navarra. Tras él, Carlos Pérez-Nievas, portavoz del partido en Navarra.

Pamplona- El antiforalismo de Ciudadanos (Cs) no es una crítica política o una coletilla utilizada por algunos periodistas. Más bien forma parte del ADN del partido que lidera Albert Rivera, que aprovecha el demagógico argumento de buscar la igualdad entre todos los españoles para profundizar todavía más en la recentralización del Estado puesta en marcha desde la llegada a la Moncloa del PP, que en los últimos años ha denunciado ante el Tribunal Constitucional casi dos decenas de leyes emanadas del Parlamento de Navarra.

Basta dar un repaso al programa con el que concurrió Cs a las últimas elecciones generales para comprobar que sus obsesiones centralizadoras son algo más que una amenaza para las comunidades autónomas. Su proyecto político, titulado 350 soluciones para cambiar España a mejor, sólo menciona a Navarra en dos ocasiones y lo hace con la indisimulada intención de quitarle derechos históricos.

En el capítulo II, bajo el epígrafe Unión e igualdad de todos los españoles, Ciudadanos avanza que, “mediante la reforma constitucional”, fijará el mapa autonómico de manera definitiva, que comprende las 17 actuales comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, establece que “se suprimirá la disposición Transitoria Cuarta que contempla la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco”. En otras palabras, borrará de un plumazo el derecho de los navarros a decidir su futuro, recogido tanto en la Constitución de 1978 como en el Amejoramiento del Fuero de 1982.

De esta forma, Cs se suma a las tesis de UPN-PP, que de forma recurrente apelan a eliminar una disposición que no hace sino profundizar en la democracia.

más competencias para el estadoEn esta línea de dar más poder al Estado en detrimento de las comunidades autónomas, Ciudadanos no quiere que la reforma de la Constitución se limite a suprimir la Transitoria Cuarta. También propone que la modificación de la Carta Magna “incorpore un listado de competencias exclusivas del Estado y de competencias compartidas, para clarificarlas y así permitir el desarrollo autonómico”.

Parte de la premisa de que esta es la forma de dar “servicios públicos y condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional”. Por ello, subraya que “se establecerá la prevalencia de la legislación del Estado y se suprimirá la posibilidad de ceder o delegar a las comunidades autónomas las competencias que la Constitución otorga al Estado”.

Supone, sin duda, otro paso atrás en el desarrollo autonómico, pese a que la experiencia diga que en los servicios básicos (educación, sanidad, dependencia, etc) se gana en eficiencia si se descentralizan y se imparten desde la cercanía.

Más allá de que Cs quiera poner fin al derecho a decidir de los navarros y de que tenga la firme intención de echar el cerrojo a las transferencias que Navarra todavía tiene pendiente de asumir desde 1982, quizá lo más preocupante de la formación naranja sea su modelo de financiación autonómica. Y sobre todo porque lo deja en una inquietante indefinición.

“Se recalculará de manera razonable la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal para evitar desigualdades en el acceso de los ciudadanos a los servicios”, se lee en el programa de este partido, como colofón a una medida que habla de impulsar “un mejor sistema de financiación autonómico, más equitativo, transparente y eficaz, fijando una cartera de servicios comunes a todos los españoles garantizados por el Estado”.

No hay que perder de vista que los habituales ataques que llegan desde España a la bilateralidad de Navarra con el Estado se hacen desde el desconocimiento. La última polémica en este sentido fue a primeros de febrero. Entonces, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs en Andalucía, Juan Marín, pidió suprimir el Convenio Económico que regula la relación de Navarra con el Estado. “Las dos comunidades forales -en alusión a Navarra y la CAV- deben incorporarse al sistema común a la hora de la participación y contribución del Estado del bienestar en todo el territorio nacional”, dijo Marín, sin que nadie de la dirección estatal del partido saliera a corregirle.

La única concesión de Cs al régimen foral la hace dentro de su apartado Regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En él adelanta que “suprimirán las diputaciones provinciales, garantizando unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción”, ya que entiende que “son entes de dudosa utilidad, escaso control democrático y foco de corrupción”. No obstante, matiza que “esta medida no afectará a las diputaciones forales -como es Navarra-, cabildos ni consejos insulares”.

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