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Puigdemont, Ponsatí y Puig recurren su procesamiento por 'rebelión' y malversación de fondos públicos

La extradición del expresident, "única hipótesis" que contempla el Gobierno español - Puigdemont pide a Llarena que anule la causa y alega inexistencia de violencia que sustente la rebelión

EP - Lunes, 2 de Abril de 2018 - Actualizado a las 17:54h

Un hombre con una estelada atada al cuello observa el interior de la prisión de Neumünster (Alemania), donde se encuentra Puigdemont.

Un hombre con una estelada atada al cuello observa el interior de la prisión de Neumünster (Alemania), donde se encuentra Puigdemont. (EFE)

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  • Un hombre con una estelada atada al cuello observa el interior de la prisión de Neumünster (Alemania), donde se encuentra Puigdemont.

MADRID. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha presentado este lunes un recurso de reforma ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -el primero que realiza tras permitirse su personación en la causa del 'procés'- en el que pide que revoque el auto por el que el pasado 23 de marzo fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y que se anulen todas las actuaciones contra él por no haberse poder defendido de ellas hasta este momento. Niega igualmente que se haya dado el requisito de violencia que se precisa para estimar el delito principal que se le imputa.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se representa de forma conjunta a Puigdemont y a los exmiembros del Govern igualmente huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig, la defensa ejercida por el abogado Jaume Alonso Cuevillas argumenta a lo largo de 85 páginas la inexistencia de rebelión y malversación y denuncia que por el contrario sus clientes han sufrido varias violaciones de procedimiento, entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento, lo que considera contrario al derecho europeo e internacional.

Además, pide que se anule toda la causa por varias razones, como la falta de competencia del Tribunal Supremo para entender de este asunto que a su juicio debería haberse sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

DEJAR SIN EFECTO LOS 2,1 MILLONES DE FIANZA Subsidiariamente a lo anterior, el aboga sin efecto la fianza de 2.1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento para los miembros del exGovern de Puigdemont al no existir constancia alguna de que se haya malversado o destinado ninguna cantidad y existir por el contrario constancia documental de que no se ha dispuesto de cantidad pública ninguna para sufragar el referéndum de autodeterminación celebrado en fecha 1 de octubre de 2017.

Sobre la inexistencia de violencia, el recurso señala que ninguno de los hechos relatados en el Auto puede considerarse como rebelión y el juez utiliza argumentos que resultan "llamativos" para justificar la existencia de violencia.

"En concreto, el Auto aprecia dicha violencia, principalmente, en las manifestaciones ocurridas el día 20 de septiembre frente a la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, en los hechos ocurridos en fecha 1 de octubre, y, de manera sorprendente, en la violencia que, en efecto, no se ha producido, pero que los procesados debieron suponerse".

Añade que otro de los motivos de nulidad es que el propio Llarena "se ha situado a sí mismo en la posición de víctima del delito, como integrante del conjunto de los ciudadanos españoles, infringiéndose así la elemental garantía de imparcialidad condensada en el clásico aforismo "in causa sua, iudicare nemo potest".

LA EXTRADICIÓN, "ÚNICA HIPÓTESIS" El Gobierno de España contempla como "única hipótesis" que las autoridades alemanas concedan la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, que sería una "lógica" consecuencia del normal funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea".

Así lo aseguró hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su participación en Marrakech en un gran foro de celebración del primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial (CSPJ) de Marruecos.

Pero la actualidad española se adueñó de la agenda de Catalá, que fue preguntado por los periodistas por la eventual extradición de Puigdemont, las condiciones del PNV para aprobar los presupuestos y el último comunicado de ETA.

Sobre Puigdemont, Catalá matizó que la solicitud de extradición y entrega fue formulada por un juez español, una decisión en la que el Gobierno no tuvo "ninguna participación" por tratarse de un procedimiento puramente judicial.

El juez (Llarena) "describe minuciosamente actividades que tipifica con penas muy graves", y "lo razonable y lógico (hasta en tres ocasiones lo repitió) es que las instituciones alemanas así lo reconozcan".

La Justicia española reclama a Puigdemont por posibles delitos de delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros, por su participación en el proceso independentista.

Para Catalá "el normal funcionamiento de las instituciones en el ámbito de la UE" hace que "la cooperación entre instituciones judiciales y las fiscalías facilite la entrega y sometimiento a juicio de quien se encuentra huido de la justicia".

Preguntado por qué hará el gobierno de España en caso de denegación de la extradición, Catalá descartó esa posibilidad diciendo que "la única hipótesis con que trabajamos es esa (la extradición)".

La construcción de un espacio único europeo -razonó- implica la libre circulación de las personas en el ejercicio de sus derechos, "pero la confianza mutua entre países socios del mismo club, que nos reconocemos como democracias va a asegurar que esa entrega se produzca".

El expresidente catalán ingresó el pasado 25 de marzo en la cárcel de Neumünster tras ser detenido en un área de servicio de una autopista alemana;de inmediato, el tribunal de primera instancia de Neumünster determinó que Puigdemont debía permanecer en la cárcel mientras se estudiaba el caso al considerar que existía riesgo de fuga.

También en relación con el caso catalán, el ministro se refirió a la exigencia del PNV de que el Gobierno español, para conseguir su apoyo para los presupuestos, levante la aplicación del artículo 155 y consideró que el partido vasco se equivoca ya que el final de la intervención de la autonomía catalana depende de los partidos catalanes y del Parlament regional.

Según dijo Catalá, el Gobierno español "no puede cumplir" la condición que pone el PNV, aunque añadió que "estamos deseando" la desaparición del artículo 155.

"Quien tiene la responsabilidad de que el 155 deje de aplicarse no es el Gobierno de la nación, sino el Parlament de Cataluña y los partidos catalanes", que deberán formar un gobierno "que cumpla con el Estatuto (catalán) y la Constitución", recalcó el ministro.

Con todo, subrayó que la aplicación de ese polémico artículo se está realizando "con total normalidad", pese a que respondió a "una circunstancia extraordinaria" como fue "el incumplimiento grave de las obligaciones que le corresponden a la Generalitat".

El ministro español viajó a Marraquech para participar en la celebración del primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial (CSPJ) de Marruecos, en un foro al que han sido invitados también ministros de Justicia, fiscales generales o altas autoridades judiciales de hasta ochenta países.

España ha sido uno de los invitados más importantes en este foro dada la asesoría que ha prestado a Marruecos en la definición de esta instancia de gobierno judicial, inspirada en el Consejo General del Poder Judicial español, dentro de los esfuerzos de Marruecos por conseguir la independencia del tercer poder.

La reforma acometida por Marruecos, que pasa por la separación entre el ministerio de Justicia, la Fiscalía y el CSPJ, va a ser así compartida con los cerca de 1500 delegados llegados de Asia, África negra e Iberoamérica, quienes por su parte explicarán los modelos elegidos en sus respectivos países, todos ellos con regímenes democráticos.

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