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La Audiencia de Navarra absuelve a una banda acusada de robar en camiones al anular las escuchas telefónicas que autorizó el juez instructor

Se enfrentaban a seis años de prisión pero la Audiencia dice que se les pinchó el teléfono por sospechas policiales que el juez no debió avalar y que posibilitaron en 2011 reabrir la causa

Enrique Conde - Lunes, 2 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Un camión, a punto de alcanzar un área de servicio.

Un camión, a punto de alcanzar un área de servicio. (Javier Bergasa)

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  • Un camión, a punto de alcanzar un área de servicio.

pamplona- La Guardia Civil les seguía los pasos, pero necesitaba como fuera encontrar más indicios de culpabilidad contra ellos. Y para ello elevaron un oficio policial para que el juez instructor les autorizara a intervenir el teléfono del presunto líder de la banda. El magistrado valoró que dichos indicios reunían la suficiente base como para ordenar las escuchar, pero la Audiencia ahora ha anulado de raíz el proceso, ha invalidado las interceptaciones telefónicas y ha absuelto, por ello, a todos los acusados. Estos se dedicaban al parecer a la sustracción de la mercancía de camiones que estacionaban en áreas de servicio de Aragón, Navarra y la CAV. Los agentes situaron a los acusados como sospechosos al verles circular por carreteras próximas con un Audi familiar A-6 que se usaba como lanzadera y una furgoneta Ford Transit, para transportar la carga que sustraían. Pero no les habían atrapado in situ en ningún robo y necesitaba más pruebas contra ellos. Por ello, tras haberse robado de un camión, aparcado en la AP-15 en Mugiro, 161 ordenadores de mesa, con un valor de entre 65.000 y 80.000 euros, se decidió pinchar el teléfono.

Según los investigadores, en Mugiro los ladrones tenía que haber utilizado un furgón con amplia capacidad de carga ya que el total de las cajas robadas ocupaba unos 10 metros cúbicos. Además, sospechaban que el número de autores debía ser elevado, al menos cuatro o cinco, para poder cargar y descargar ágilmente la mercancía y conducir los vehículos empleados. A raíz de esta denuncia, los agentes fueron investigando hechos similares en vías de alta capacidad de Navarra y Zaragoza.

Así, poco después, en Zuasti, rajaron las lonas de cuatro camiones y no se llevaron nada por considerar la mercancía de escaso interés. El 28 de agosto de 2011, los acusados, todos de la provincia de Barcelona, coincide que estaban alojados en el Hotel Alaitz de Idiazabal. El 12 de agosto de aquel año, en la AP-68 en Tudela, varios desconocidos también sustrajeron varias cajas de calzado de la marca Geox. Allí se vio a varias personas en los dos vehículos señalados. Además, el 24 de agosto a la 1.00 de la mañana, en el peaje de la AP-2 se identificó a los cinco ocupantes del Audi familiar y los guardias destacaban que poseían un amplio historial delictivo en cuanto a robos con fuerza “aunque nada pendiente en este momento”. Los investigadores entendían que podían tratarse de un grupo organizado dedicado a los robos en camiones en las áreas de servicio. La Ertzaintza localizó el vehículo en una gasolinera de Etxegarate el 29 de agosto a las 22.20 horas e identificó a sus siete ocupantes. Luego, circularon a gran velocidad por la A-1 en sentido Vitoria y ese día abandonaron el hotel en el que se alojaban.

Por todo ello, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona la intervención del teléfono del que se consideraba el líder del grupo. Así se concedió. La investigación terminó con el arresto de nueve personas, siete por robo y dos por receptación, que se enfrentaban a seis años de prisión en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Allí, en enero de 2017, hace 14 meses, se celebró el juicio e incluso tres de los procesados se conformaron con la pena solicitada, de 1,5 años de cárcel. Les imputaban también un robo en octubre en la N-II donde sustrajeron de un camión seis palés de ropa de Inditex;otro en similares fechas en Valtierra, en la AP-15, donde se llevaron 250 juguetes electrónicos Giochi Preziosi y a finales del mismo mes de octubre de 2011, en Zuasti, se llevaron 46 televisores Thomson de otro tráiler. Por último, robaron en noviembre del mismo año en Imárcoain 262 módems marca Belkin y, poco más tarde, en la A-2 en Calatayud desvalijaron 86 cajas de licores de otro camión y en Arcos de Jalón seis palets de cápsulas Nespresso.

Sin embargo, todos los hechos de la acusación han quedado invalidados porque la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado la cuestión planteada por las defensas y ha anulado las intervenciones telefónicas que sirvieron a la Guardia Civil para atrapar a los nueve procesados. Merced a dichas escuchas se cerró el círculo sobre la banda y se reabrió una causa que no tenía hasta entonces suficientes indicios de criminalidad contra los procesados.

NO SE JUSTIFICA LA MEDIDAAhora, en base a la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, la Audiencia expone que el auto del juez de Instrucción 4 que autorizó las escuchas al líder de la banda “contiene un déficit de motivación que lesiona el contenido esencial del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, pues no contiene un examen preciso de tales indicios, ni, menos aún, llega a justificar la necesidad de la medida de intervención telefónica mediante el cumplimiento de la exigencia de constatar, de forma razonada y razonable, la existencia de conexión entre el sujeto o sujetos afectados por la medida restrictiva de sus derechos fundamentales y el delito investigado, conexión que debe basarse en datos objetivos que permitan realizar al juez instructor el pertinente juicio provisional sobre su posible implicación, sin que, examinando su contenido, lleguemos a apreciar que el oficio que le precede ofreciese claramente datos concretos de tal naturaleza;datos objetivos que más allá de comprobar la existencia de los distintos robos deberían haber proporcionado al juez indicios suficientes que permitiesen inferir una vinculación entre investigados y hechos”.

No existe, según la Audiencia, en el auto judicial, “el menor examen crítico del oficio policial”, por lo que carecen de consistencia las inferencias que ahí se llevan a cabo, especialmente en lo que al delito grave investigado se refiere (delito de robo con fuerza en las cosas) “cometido de forma estable y organizada”, mención esta que, para el tribunal, “resulta insuficiente por su propia parquedad y falta de un mínimo desarrollo argumental, para justificar, siquiera indiciariamente, la existencia de un delito de organización criminal”.

Los magistrados exponen que el auto de 22 de septiembre de 2011 por el que se inician las escuchas “dedica sus dos primeros razonamientos a tratar de justificar de modo meramente formulario la necesidad de la medida restrictiva del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, no conteniendo más referencia concreta al caso que la mención de que el delito investigado es “un delito de robo con fuerza en las cosas que implica a varias personas y se repite en el tiempo”. Narran los jueces que habrá que recurrirse a una medida como las escuchas cuando “no haya otro medio de investigación menos lesivo de los derechos fundamentales”. En este caso, añade la Audiencia, “discrepamos de la valoración que realizó el juez de instrucción sobre el carácter objetivo que presupone, como indicios de criminalidad, a los datos aportados en el oficio policial a efectos de autorizar la intervención del teléfono de un miembro de la banda. En la solicitud policial apreciamos demasiada deducción y escaso dato objetivo fundante de esas deducciones”.

MERAS CONJETURASEntre las apreciaciones “subjetivas e intuitivas” de los instructores policiales, la Audiencia señala que hacen referencia a que “dado su perfil e historial de antecedentes, que utilizan un turismo familiar de gama alta, como el que fue descrito en agosto en el peaje de la AP-15, y que durante el dispositivo de seguimiento accedieron a varias áreas de servicio, los investigadores de esta unidad entienden que pudieran tratarse de parte del grupo organizado dedicado a los robos en los camiones en las áreas de servicio”. Según el tribunal, esos argumentos son “meras conjeturas y sospechas desprovistas de la necesaria calidad para fundamentar la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Así, “no se acierta a comprender cuál es el motivo por el que se considera que las personas que pernoctaron en el hotel Alaitz son integrantes de un grupo criminal que perpetra robos en autopistas;ni la razón por la que a la persona que realiza una recarga telefónica en una gasolinera se le atribuye la condición de supuestamente el líder del grupo”.

ni registros ni testificalesPor ello, la Audiencia concluye que el auto que permitió llas escuchas “no da por cumplidas las exigencias constitucionales de motivación, lo que debe dar lugar, por falta de la debida autorización judicial habilitante, a calificar la concedida en tal resolución como ilícita, ilicitud extensiva también a los registros domiciliarios autorizados y a las testificales de los agentes de la Guardia Civil en el juicio”.

cronología

Agosto de 2011. Comienzan a detectarse robos de importancia de mercancías de camiones que se encuentran estacionados en autopistas o autovías de Navarra, Aragón y la CAV. En Mugiro se roban por ejemplo 160 ordenadores de un camión el 22 de agosto de 2011. El día 12 ya habían robado calzado Geox de un camión en la AP-68 en Tudela. A finales de mes los acusados se alojan en un hotel de Idiazabal y se les ve merodear varias gasolineras.22 septiembre de 2011. Se remite un oficio policial al juez, que autoriza las escuchas telefónicas para obtener datos de los investigados entre julio y septiembre de ese año. Posteriormente al verano, se vuelven a detectar robos en áreas de servicio de la autopistas como en Valtierra (robaron juguetes electrónicos) y Zuasti (se llevaron televisores).

Enero de 2017. Se celebra el juicio. Tres acusados se conforman con 1,5 años de cárcel y otros seis se enfrentan a seis años de cárcel cada uno.

Marzo de 2018. La Audiencia dicta la absolución de todos ellos porque los teléfonos se intervinieron por meras sospechas.

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