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La cúpula de DEFEX obtuvo más de 20 millones en mordidas por vender armas

El expresidente de la empresa pública, José Ignacio Encina, y el coronel Ángel María Larumbe se han repartido más de 10 millones cada uno

Martes, 3 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública DEFEX, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, informó ayer la Cadena Ser. Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.

Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia DEFEX. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública. Pero ha sido DEFEX la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que “bajo ningún concepto” autorizaron jamás las comisiones.

El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública DEFEX, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros. La pública DEFEX, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.

Las fuentes de la investigación, dirigida por la UCO en colaboración con la Policía, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300%” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios de los países a los que vendía armas.

La pieza que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada pero no ha sido identificado el mayor comisionista, que solo por este contrato cobró 3 millones. - D.N.

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