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El Defensor del Pueblo pide alquiler social para los más desfavorecidos

Las quejas aumentan un 11% en 2017, tras la bajada del 40% de 2016, y las consultas suben un 35%

Leticia de las Heras - Jueves, 5 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Francisco Javier Enériz explica a Aznárez los asuntos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo.

Francisco Javier Enériz explica a Aznárez los asuntos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo.

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Francisco Javier Enériz explica a Aznárez los asuntos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo.

Pamplona- El Defensor del Pueblo, Francisco Javier Enériz, subrayó, en la presentación del informe anual de la actividad de esta institución, la necesidad de que el alquiler de vivienda social llegue a los sectores más desfavorecidos. El aviso llega motivado por las diversas quejas contabilizadas en 2017 ante la falta de adjudicación de viviendas protegidas a personas que llevan varios años inscritos en el censo de solicitantes por su delicada situación económica, personal o familiar.

Durante el 2017, el Defensor del Pueblo recogió 921 quejas. Esto supone un 11% más que en el ejercicio anterior, aunque se debe tener en cuenta que en el anterior informe recogió una reducción del 40%. Así mismo, el Defensor registró 1.231 consultas, aumentando estas en un 35%. En total la institución realizó 2.412 actuaciones, un 23% más que en el 2016.

Con 156 quejas, el ámbito que más reclamaciones recibió fue la educación. Enériz advirtió de que esta materia “se ha convertido en un campo de fricciones”, por lo que aconsejó que se busquen elementos lo doten de estabilidad. Entre las quejas presentadas destacan las cuatro relacionadas con situaciones de acoso escolar y aquellas alusivas al baremo de admisión de alumnos en centros públicos y concertados, incluidas las actuaciones fraudulentas de empadronamiento y declaraciones de renta para el ingreso en Infantil. Las protestas alcanzan también a la inexistencia de grado medio de auxiliar de enfermería en horario nocturno en Tudela, que fue lo que más quejas recibió, a la supresión del nivel A1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona y al transporte escolar.

En segundo lugar, con 96 quejas, se sitúa la función pública. Destacan las 1.838 firmas que alegan trato discriminatorio en la edad de jubilación del personal sanitario acogido al régimen de Seguridad Social. Otros 46 ciudadanos cuestionaron la interpretación que Educación hace respecto del personal docente con contrato temporal menor a un año, al que los días no lectivos se le computa como vacaciones.

De las 86 quejas referentes a Bienestar Social, 19 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento en los centros de observación y acogida. Se mantiene así una situación muy similar a la registrada el pasado año, en el que se contabilizaron 20 quejas por estos temas. En este sentido, Enériz advirtió de que “convendría hacer una reflexión sobre el aumento de menores en situación de desprotección”. Asimismo, constan otras 13 conectadas con la Renta Garantizada, tres de violencia de género hacia mujeres por parte de sus ex parejas y seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.

En cuanto a las consultas emitidas al Defensor del Pueblo predominaron las referidas a bienestar social sobre temas como la protección de menores, la renta garantizada, la atención a la tercera edad y la discapacidad. También tuvo un peso importante la educación, materia por la que se inquirió principalmente sobre los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros escolares, la denegación o concesión de becas, la implantación de la jornada continua y sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. En salud las consultas versaron sobre las listas de espera, la asistencia sanitaria dispensada y su demora.

El Defensor del Pueblo recibió también seis propuestas ciudadanas de mejora referidas a las becas, el control del uso de máquinas de juego y apuestas deportivas, la mejora de los procedimientos de selección de personal, en especial de personas discapacitadas o la actualización de las bases de datos gestionadas por las administraciones públicas.