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Jueces y fiscales navarros reclaman medidas para lograr una Justicia más independiente

Exigen un plan de inversión al Estado, pararán una hora todos los jueves y no descartan la huelga

Unai Yoldi Hualde Iñaki Porto - Viernes, 6 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- Una veintena de jueces y fiscales navarros se concentraron ayer a las puertas del Palacio de Justicia bajo el lema Por una Justicia independiente y de calidad, y anunciaron su adhesión a las movilizaciones propuestas por las asociaciones judiciales y fiscales, entre las que se encuentran una concentración en Madrid, paros de una hora los jueves (a partir del 22 de abril) e incluso la huelga “si fuera necesario”.

Así lo anunció ayer la jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, que finalizada la concentración leyó un comunicado consensuado entre las cuatro asociaciones judiciales y tres fiscales que han promovido esta convocatoria a nivel estatal. “Pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que refuerce la independencia judicial, a través de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que recupere el régimen competencial y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados”, manifestó Benito. Asimismo, añadió que el CGPJ debe amparar a los miembros “que sufran ataques”, “objetivar el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales y suprimir a los magistrados designados por los parlamentos autonómicos”.

Por otra parte, para mejorar las condiciones de los profesionales reclamó la convocatoria “inmediata y formal” de la Mesa de Retribuciones, con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010. “También exigimos un impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación se refiere”, apuntó Benito, y pidió la recuperación del régimen de vacaciones y permisos, así como el de paternidad.

Con el fin de modernizar la Justicia, las asociaciones apuestan por un plan de inversión “suficiente y prolongado” destinado a equiparar las plantas judicial y fiscal a la media europea, convocando al menos 300 plazas de cada cuerpo en los próximos 4 años. Además, a parte de modernizar los edificios judiciales y fiscalías, defienden “un proceso de digitalización que facilite el trabajo y la implantación de los tribunales de instancia” aunque, mientras tanto, sostienen “la creación de órganos judiciales suficientes para atender el incremento del trabajo”, explicó la magistrada, ya que actualmente hay 126 asuntos por cada 1.000 habitantes.

“Por más que pasen los gobiernos, seguimos teniendo las mismas necesidades sin cumplir”, lamentó, y citó como ejemplo “el llamado juzgado de cláusulas suelo”, que en Pamplona no existe. Según explicó, “lo que se hizo fue atribuir al Juzgado de Primera Instancia 7 la competencia en materia de cláusulas suelo junto a la que ya venía asumiendo”. “En lo referente al Ministerio Fiscal, abogamos por derogar el sistema de plazos máximos de instrucción, paralizar la implantación de la justicia digital, mientras no se garantice el correcto funcionamiento de los equipos, así como el refuerzo de la independencia y de la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal”, afirmó Benito.

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