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Europa frena el ‘a por ellos’ político, mediático y judicial

Por Joseba Santamaria - Domingo, 8 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la sentencia del tribunal alemán de Schweslig-Holstein que deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión es un varapalo a la estrategia judicial de impulso político contra los líderes democráticos del independentismo catalán. No es nuevo esto. Los altos tribunales españoles llevan años haciendo el ridículo en las instancias judiciales europeas, pero no parece importarles eso. Basta leer el imaginativo auto de la jueza Lamela contra el ex jefe de los Mossos Trapero a quien en un batiburrillo más literario que jurídico acusa de formar parte de una organización criminal. Lo dice todo del delirio judicial en que están embarcando a la Justicia y al Estado de Derecho. Otro ejemplo más -es la misma jueza que mantiene desde hace 509 días a tres jóvenes de Alsasua en prisión preventiva sin juicio acusados de terrorismo por una pelea en un bar con dos agentes de la Guardia Civil-, de ese todo vale que se ha puesto en marcha en el ámbito político, mediático y judicial para anteponer eso que se denomina razón de Estado a los principios garantistas y democráticos del Estado de Derecho. En este sentido, la imagen de jueces y fiscales de Navarra demandando más recursos humanos y materiales para garantizar una justicia independiente son muy significativas. Y ésa es creo la parte más grave de todo lo que está ocurriendo. Para defender esa ofensiva regresiva hacia un modelo de Estado autoritario y reaccionario se ha cosechado sin pudor alguno en la opinión pública española un a por ellos judicial, político y mediático que tiene una difícil vuelta atrás allá donde esos granos de confrontación e intolerancia han ido brotando. Y ese a por ellos no afecta sólo a los independentistas catalanes, abarca a todos aquellos ciudadanos del Estado español que discrepan con ese camino involucionista. Se persigue la libertad de expresión y de opinión y se ponen en riesgo derechos democráticos fundamentales. La deriva involucionista y los intereses particulares de las elites políticas y financieras están dejando esa Constitución, además de agotada por el paso del tiempo y la renovación de las inquietudes de las nuevas generaciones, en agua mojada también en el ámbito de la justicia democrática, los derechos sociales, civiles y políticos y la vertebración territorial. La sentencia del tribunal alemán debiera reabrir la vía del diálogo democrático, sacar del inmovilismo al Gobierno de Rajoy y facilitar la formación de un Gobierno en Catalunya. Pero el camino andado ya por esa inmensa campaña de manipulación mediática e intoxicación social tiene difícil vuelta atrás. Porque la política ha visto carnaza en ese discurso extremista de confrontación, sobre todo Ciudadanos, el partido más beneficiado por la agitación fascistoide del a por ellos. Difícilmente quienes han encontrado una presa electoral de fácil explotación la van a soltar ahora por el regreso a una racionalidad democrática que generaría estabilidad, la puerta que han abierto las decisiones judiciales de Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza. Su terreno de juego es el de la inestabilidad precisamente. La actual crisis del Estado español -política, financiera, institucional, socioeconómica y de corrupción generalizada-, no es sólo el problema de Catalunya, es al mismo tiempo un grave problema de democracia y de constitucionalidad. Si no se toman medidas de regeneración democrática y de diálogo y consenso político puede derivar en un Estado fallido.