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reclama al Supremo que envíe información

La justicia alemana también cuestiona el presunto delito de malversación de Puigdemont

JxCat obliga al juez Llarena a retratarse ante Naciones Unidas - Pide agotar la investidura de Sànchez y cree que un veto reforzaría al soberanismo en la UE

Lunes, 9 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El president cesado, Carles Puigdemont, en Berlín, donde fijará su residencia hasta que culminen los trámites de la euroorden.

El president cesado, Carles Puigdemont, en Berlín, donde fijará su residencia hasta que culminen los trámites de la euroorden. (AFP)

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  • El president cesado, Carles Puigdemont, en Berlín, donde fijará su residencia hasta que culminen los trámites de la euroorden.
  • La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, se dirige hacia una reunión de su grupo parlamentario.

PAMPLONA. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a la Justicia española que envíe información adicional sobre la acusación de malversación de fondos públicos contra el expresident de la GeneralitatCarles Puigdemont, al considerar que en la euroorden falta concreción.

"No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente con que los hechos que se le imputan", subraya la Audiencia en el auto emitido el pasado jueves y difundido hoy.

La Audiencia descartó la extradición por el delito de rebelión por considerar que no cumple el requisito de la violencia, pero aceptó estudiar el de malversación.

Según la resolución, la euroorden sí expone "claramente" que el acusado "fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum independentista por 1,6 millones de euros" cuando, ante la prohibición previa del Tribunal Constitucional, el gobierno regional no debía usar recursos presupuestarios para ese fin.

"Sin embargo, no queda claro si el Estado acarreó realmente con esos costes en tanto que fueron sufragados con cargo al presupuesto regional, y si el perseguido así lo dispuso", agrega el auto.

En opinión de la Audiencia, de las explicaciones de las autoridades españolas no se trasluce si, de acuerdo a la legislación española, sería también punible el hecho de contraer obligaciones financieras para el referéndum si no se han realizado efectivamente los pagos.

Según explica, con la documentación remitida hasta ahora se podría también pensar que, tras la destitución del gobierno autonómico catalán, los costes del referéndum no van a ser pagados o, al menos, no serán pagados con cargo a fondos públicos.

Podrían incluso haber sido saldados, como sostuvo Puigdemont en su primera declaración ante un tribunal de primera instancia alemán, con "donaciones privadas", con lo que no se habría causado ningún daño a las finanzas públicas, recoge el auto.

Por ese motivo la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General de este Land, que le remita información adicional que le permita analizar la acusación de malversación.

No pide ningún tipo de documentación añadida para sustentar el delito de rebelión, al considerar que no es admisible una extradición por ese cargo porque no se cumple el criterio de "doble incriminación".

A su juicio, no basta con que en el Código Penal alemán haya un delito "similar" que penalice actos "equiparables en esencia", sino que hay que analizar todo el caso como si hubiera tenido lugar en Alemania.

Esto es, como si un primer ministro de un estado federado hubiera buscado la independencia de su "Land" organizando un referéndum inconstitucional con medios públicos, a pesar de haber sido advertido de que podría haber actos de violencia.

Para la Audiencia, no se puede aplicar el delito de "alta traición" porque éste exige "el uso o la amenaza del uso de la violencia" y en el caso de Puigdemont faltan "los rasgos constitutivos" de la violencia que ha fijado la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán.

Recuerda así una sentencia de esa corte de 1983, centrada en las manifestaciones violentas que rodearon las protestas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort.

El Supremo revocó la condena impuesta a uno de los organizadores de las protestas por "coacción a un gobierno regional" -delito que también exige violencia o amenaza de violencia- y consideró que su definición de violencia se podría aplicar también al delito de alta traición.

Según el Supremo alemán, cuando la violencia no se dirige directamente contra los órganos constitucionales, sino contra objetos o terceros, la magnitud de esa violencia debe ser mayor para que se la considere el delito.

"La presión debe alcanzar tal grado que un gobierno consciente de su responsabilidad pueda verse forzado a capitular ante las exigencias para evitar daños graves al bien común o a ciudadanos individuales", según el Supremo alemán.

LA VÍA SÁNCHEZ JxCat quiere agotar la vía de Jordi Sànchez antes de proponer a otro candidato a la investidura. El exlíder de la ANC está en prisión preventiva por un delito de rebelión, pero los soberanistas quieren obligar al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a que se pronuncie otra vez sobre un eventual permiso de salida. La novedad ahora radica en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la queja de Sànchez y ha pedido como medidas cautelares que se garanticen sus derechos. Los soberanistas quieren que Llarena se retrate ante Europa. El juez, además, se verá en esta tesitura tras el correctivo de la justicia alemana contra el delito de rebelión que ve en el procés,que precisamente es el principal delito por el que mantiene a Sànchez en la cárcel. Solo cuando se agote esta vía y reciban una negativa de Llarena, los soberanistas pensarán en otro candidato. Creen que esta estrategia les servirá para reforzar su posición en Europa.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, consideró ayer en una entrevista concedida a Rac-1 que, si el juez no permite la investidura, va a “reforzar” a los independentistas. “Ayuda tanto en el caso de Puigdemont, como en el caso de Ponsatí en Escocia, el de los consellers en Bruselas y de las dos exdiputadas en Suiza”, dijo. Artadi avisó de que la candidatura de Sànchez obliga a Llarena a pronunciarse y decidir “si continúa violando los derechos fundamentales de los catalanes o aprovecha esta ocasión para comenzar a rectificar”.

Artadi defendió que Sànchez puede ser investido “con la ley en la mano” porque tiene todos los derechos intactos, y confió en que lograrán los votos necesarios. Sin los cuatro votos de la CUP, los soberanistas se quedan a dos de la mayoría absoluta. Artadi dijo que Puigdemont podrá volver a delegar su voto, como ya hizo en el último pleno, y que también lo podrá hacer el exconseller de Salud Toni Comín, de ERC: “Entendemos que hay una causa objetiva clara”.

Además, aseguró que no descartan investir a Puigdemont a través de la modificación de la Ley de Presidencia para permitir el voto telemático: “No renunciamos nunca a la candidatura del presidente Puigdemont”.

También el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, apostó ayer en una entrevista concedida a La Vanguardia por poner en un brete a Llarena. Tras el pronunciamiento de la ONU, cree que el Supremo “debe decidir si respeta la legalidad internacional” o escribe “una página oscura” de la historia. Torrent subrayó ayer que Sànchez tiene “todos sus derechos políticos intactos” y que, pese a estar en prisión preventiva, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide “permitir su investidura”.

En su opinión, tras la puesta en libertad de Puigdemont en Alemania, queda probado que “organizar un referéndum no puede ser perseguido en un país democrático, y menos como un delito de rebelión”, y a la vez “desmonta el intento del Estado español de criminalizar” al movimiento independentista. Ante las voces en el mundo soberanista que apuestan por volver a intentar la investidura de Puigdemont, Torrent dijo que “el problema es que actualmente el Estado español impide que pueda ser efectiva, porque no se respeta su derecho político”. No obstante, puntualizó que “eso no quiere decir que nos tengamos que resignar”.

SÀNCHEZ ACEPTAEn un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Jordi Sànchez, por su parte, aceptó ayer ser el candidato a presidente de la Generalitat “en plenitud” de sus “derechos políticos”, y pidió “hablar de todo” sin violencia ni renuncias. - D.N.

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