Editorial de diario de noticias

Justicia, proporcionalidad y garantías

El Gobierno de Navarra se suma a la manifestación que el sábado reclamará un juicio imparcial para los jóvenes de Alsasua, como la mayoría de esta sociedad, el Parlamento, ayuntamientos, sindicatos, partidos, instituciones, académicos y juristas

Jueves, 12 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la presencia del Gobierno de Navarra -acudirá su portavoz María Solana-, en la manifestación convocada este sábado en Pamplona para reclamar un juicio justo para los nueve jóvenes de Alsasua -tres de ellos cumplen ya 515 días de cárcel en prisión preventiva sin juicio-, acusados de terrorismo por una pelea en un bar de la localidad un día festivo a las cinco de la madrugada con dos agentes de paisano de la Guardia Civil, que acabó con la fractura del tobillo de uno de ellos, es una decisión responsable. También adecuada a la denuncia que agentes sociales, partidos políticos, sindicatos, instituciones -el Parlamento de Navarra y numerosos ayuntamientos-, incluso europeas, y académicos y juristas de todo el Estado contra una actuación de la Audiencia Nacional desproporcionada. Y un reflejo del sentir mayoritario de la sociedad navarra de rechazo e indignación contra esta actuación judicial desmedida que pone en duda los derechos de los jóvenes acusados y la propia calidad democrática, imparcial y garantista de la Justicia. Basta comparar la situación de esos jóvenes en prisión o los 370 años de pena de cárcel que se pide para los nueve acusados con la de cualquiera de los muchos condenados por corrupción, fraude fiscal, saqueo público, malversación, etcétera. Y es que se trata precisamente de eso: no de apoyar a los jóvenes implicados en los hechos ni menos aún su actuación o de reclamar impunidad, sino de exigir un juicio justo con una derecho efectivo a su defensa y una calificación penal de los hechos proporcionada a lo ocurrido, que en ningún caso puede ser calificada de terrorismo. Ni siquiera por mucha imaginación que aporte en sus autos la jueza Lamela. De hecho, ni los informes iniciales de la propia Guardia Civil de Navarra y de la Policía Foral, ni las declaraciones del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ni la valoración jurídica de la Audiencia de Navarra -antes de que el asunto fuera llevado a la Audiencia Nacional-, apuntaron en ningún caso a un presunto delito de terrorismo. Sin olvidar que los hechos de Alsasua derivaron de una enorme campaña de manipulación mediática que zarandeó indigna e injustamente a sus vecinos y vecinas y por derivación al conjunto de Navarra. Este sábado en Iruña se defiende el derecho a una valoración penal proporcionada y a una justicia garantista para los jóvenes de Alsasua, pero también el derecho de toda la sociedad a un justicia igual para todos y a un Estado de Derecho con independencia, calidad y valores democráticos.

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