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Escocia pospone hasta agosto la decisión sobre si entrega a Ponsatí

El juez de Edimburgo pide más información y otra audiencia antes de iniciar el proceso de extradición

I. Santamaría - Viernes, 13 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La exconsellera Clara Ponsatí y su abogado Aamar Anwer.

La exconsellera Clara Ponsatí y su abogado Aamar Anwer. (Foto: Efe)

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  • La exconsellera Clara Ponsatí y su abogado Aamar Anwer.

BILBAO- Mientras Alemania estudia si entregar a Carles Puigdemont por un delito de malversación de fondos públicos tras descartarse el de rebelión, el tribunal de Edimburgo resolvió sobre la euroorden cursada por Pablo Llarena para la extradición de la exconsellera Clara Ponsatí que no tomará ninguna decisión hasta el mes de agosto, e incluso podía demorarse por más tiempo. La corte necesitará una nueva audiencia para dictaminar cómo procede y exigió mayor información a sendas partes.

La política soberanista, profesora en la Universidad de Saint Andrews, donde ejerció como profesora de Economía y Finanzas entre 1996 y 2016, será requerida por la justicia escocesa y su defensa deberá argumentar el rechazo a la extradición. Su abogado, Aamer Anwar, precisó que la nueva vista tendrá lugar a partir del 30 de julio y que durará dos semanas, además de dos vistas preliminares previas, el 15 de mayo y el 5 de julio.

En la audiencia de ayer, presidida por el funcionario judicial de turno, Nigel Ross, el equipo legal de Ponsatí manifestó que rechaza su entrega a España por estimar que los cargos por los que fue procesada tienen una motivación política. El abogado defensor, Gordon Jackson, precisó que su cliente apelará la extradición por creer que la euroorden no resulta válida y para defender sus derechos humanos. Anwar es el representante legal de Ponsatí, pero Jackson es quien la defiende ante los tribunales, ya que en la Justicia británica cohabitan dos figuras de letrados.

un proceso “político”El abogado argumentó ante los medios de comunicación que “la posición fundamental aquí es el abuso de proceso;esto está envuelto en una forma legalista”, aunque “puramente” es una “decisión política”. “Es un intento de meterlo en alguna fórmula legal y tenemos intención de mostrar lo que realmente está pasando aquí”, añadió. En sede judicial alegaron que se trata de un “proceso político” y que Ponsatí en ningún caso ha participado en ningún acto violento ni ha instigado a la violencia, además de recordar la brutalidad policial del pasado 1-O. La exconsellera, que se entregó el mes pasado y se le concedió después la libertad condicional con medidas cautelares, llegó en marzo a Escocia tras su estancia en Bélgica desde noviembre.

Anwar indicó que Ponsatí “refuta completamente” la acusación de rebelión y la de malversación de caudales públicos, por lo que fue procesada el pasado 23 de marzo en el Supremo. El letrado subrayó que si es extraditada y condenada podría pasar el resto de su vida natural en prisión. “Clara desafía la validez de la orden de arresto, que la acusa de orquestar la violencia en 2.259 cabinas de votación pero fracasa en especificar un solo acto de violencia o de incitación que le sea atribuido a ella”, zanjó.

En una entrevista que concedió la semana pasada a la agencia Reuters, este abogado apuntó que el caso ofrecía “la posibilidad de enjuiciar al sistema judicial de otra nación en un tribunal del Reino Unido, y hacer que esa nación rinda cuentas”. “¿Es independiente el sistema judicial o está ligado al franquismo?”, matizaba. El diario independentista The National, fundado tras el referéndum escocés de 2014 y con una media de ventas de alrededor de 8.000 ejemplares diarios, dedicó la portada de ayer a la exconsellera. Y hasta la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que no tiene ningún poder para intervenir en el proceso judicial, mostró su oposición a la petición de extradición cuando Escocia recibió la euroorden, ofreciendo su apoyo a los soberanistas.

Ponsatí fue nombrada consellera de Enseñanza en julio de 2017 y estuvo en el cargo hasta el 28 de octubre, cesada en virtud de la aplicación del artículo 155.

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