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La excepcionalidad legal acaba en normalidad judicial

Por Joseba Santamaria - Domingo, 15 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

el magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez argumentaba este miércoles, en su comparecencia ante la ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento de Vitoria, que todas las medidas judiciales de excepción actuales tienen su origen en la lucha antiterrorista contra ETA y que una vez ETA ya no existe ni asesina, esas medidas ya no tienen sentido. Se refería en este caso a la necesidad de poner fin a la política penitenciaria de excepción que mantiene vigente el castigo añadido de la dispersión para los presos y sus familiares. Tiene lógica la reflexión de Giménez y me parece bien. Pero hay dos cuestiones más. Las excepcionalidades legales que se han aplicado en el Estado de Derecho contra ETA -la dispersión o el todo es ETA de la Audiencia Nacional, por ejemplo-, han sido siempre una excusa para saltarse gravemente las líneas rojas básicas de ese mismo Estado de Derecho. La excepcionalidad abre la puerta al todo vale, como de hecho ha ocurrido, y esa puerta abre otras puertas a la arbitrariedad, la parcialidad judicial, los abusos policiales, la persecución indiscriminada y la supresión de derechos civiles y libertades democráticas. Y, sobre todo, conforma un espacio ajeno a la justicia democrática y garantista en el que se instala la impunidad política, judicial o policial. La excepcionalidad judicial se defiende en función de sus objetivos, en este caso la desaparición de ETA, esto es, un ejemplo del argumentario tradicional de que el fin justifica los medios.Se quiera reconocer o no, la excepcionalidad judicial conlleva la devaluación del Estado de Derecho democrático y garantista y la existencia de abusos impunes. Sin olvidar, que si no el Estado como tal, si los gobiernos de turno se aficionan pronto a un sistema judicial excepcional que le deja mucho campo libre para actuar al límite de la legalidad o directamente por encima de ella, y siempre queda la tentación de convertir esas excepcionalidades judiciales en normalidades judiciales. Y eso ha hecho el Gobierno del PP con sus sucesivas reformas legislativas, desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la Ley Mordaza o el endurecimiento del Código Penal. Esos cambios han convertido buena parte de el entramado judicial excepcional construido para la lucha contra ETA en disposiciones legales aplicables a cualquier ciudadano o colectivo, como se está viendo ahora. Por ejemplo, el juicio mañana en la Audiencia Nacional contra nueve jóvenes de Alsasua -tres de ellos llevan 516 días de cárcel preventiva-, acusados de terrorismo por una presunta agresión en un bar de madrugada a dos agentes de la Guardia Civil de paisano. O la acusación de terrorismo y rebelión a los miembros de los Comités de Defensa de la República en Catalunya. O la condena a cantantes, raperos, tuiteros, actores o sindicalistas por expresar ideas y opiniones. O incluso la persecución del teatro crítico o del humor. Las medidas de excepcionalidad jurídica por encima de los valores de una justicia democrática siempre llegan para quedarse y resulta muy difícil resituarlas de nuevo en la ilegalidad de la que provienen. También porque permiten crear espacios igualmente excepcionales de privilegio profesional, como la propia Audiencia Nacional, a los que luego nadie quiere renunciar. Las medidas de excepción son la base de la paulatina sustitución de un Estado de Derecho democrático por un Estado autoritario y policial.

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