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Caso altsasu

Por una Justicia proporcionada

Voces de distintos ámbitos sociales, jurídicos y políticos, de la UE hasta Garzón, han resaltado la necesidad de que el caso Altsasu se juzgue dentro unos parámetros de proporcionalidad, y no como un delito de terrorismo

Un reportaje de Ibai Fernandez.| Fotografía Unai Beroiz/Javier Bergasa - Domingo, 15 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Los familiares abren la marcha con la representación de los partidos y sindicatos en segunda línea.

Los familiares abren la marcha con la representación de los partidos y sindicatos en segunda línea. (UNAI BEROIZ/JAVIER BERGASA)

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Los familiares abren la marcha con la representación de los partidos y sindicatos en segunda línea.

“No nos encontramos con indicios racionales de la comisión de un presunto delito de terrorismo” “Banalizar el terrorismo es una ofensa para sus víctimas. Les piden 375 años de cárcel. ¡Otra barbaridad!” (Esther Erice, Audiencia Provincial de Navarra).

“Parece que alguien quiere que esto no se acabe y es muy peligroso. Lo de Altsasu no es terrorismo” (Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional).

“La Comisión Europea sigue este caso con interés, la Carta de DDHH de la UE exige penas proporcionadas” (Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea).

“Hay una sobreactuación judicial. El procesamiento es desorbitado y está fuera de la realidad social” (José Antonio Martín Pallín, juez emérito del TS).

“La agresión de Altsasu encaja en la definición de delito de odio según el Código Penal, no de kale borroka” (Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior).

El Gobierno de Navarra ha sido el último en reclamar “proporcionalidad” en el juicio por el caso Altsasu, recordando que ni los 500 días de prisión provisional ni la acusación de terrorismo con peticiones de 375 años de pena acumulada para los ocho acusados entran dentro de los parámetros de una lógica jurídica. El pasado lunes lo hizo también el Parlamento foral, en términos similares, reclamando “justicia, no impunidad”. Las dos principales instituciones navarras, a las que también se ha sumado el Ayuntamiento de Pamplona, forman parte de una larga lista de voces que desde distintos ámbitos jurídicos, políticos y sociales han cuestionado la actuación de la Audiencia Nacional en un proceso que este lunes dará paso a la vista oral.

Porque no, lo que ocurrió en Alsasua no es terrorismo. Puede ser muchas cosas, y puede incluso encajar en otros tipos delictivos. Pero no en el de terrorismo. Y esa es una reflexión que va mucho más allá de la opinión de las familias de los acusados, de sus vecinos y de quienes simplemente desde una visión objetiva son capaces analizar con frialdad los hechos. Es algo que opina, o al menos opinaba unos días después de la presunta agresión, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Encaja en la definición de odio”, apuntó el dirigente del PP, hoy retirado de la primera línea política, que no pudo ir más allá a la hora de calificar jurídicamente la agresión. Díaz no solo rechazó que fuera terrorismo, es que ni siquiera lo consideró un acto de “kale borroka”.

Algo que en lo que coincide el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el impulsor de la teoría jurídica del Todo es ETAque supuso la ilegalización de muchas organizaciones cercanas a la izquierda abertzale y el encarcelamiento de sus dirigentes. “Parece que alguien quiere que esto (la violencia) no se acabe, y eso es muy peligroso”, advertía recientemente Garzón, para quien la decisión de la Fiscalía de pedir 375 años de prisión se enmarca “en la desnaturalización del concepto de terrorismo de los titiriteros, tuiteros y antisistema”. “Calificar esto como conducta terrorista es una inconsistencia jurídica de gran envergadura y demuestra la debilidad de los argumentos de la juez instructora”, señala el exmagistrado.

Una opinión que comparte la Audiencia Provincial de Navarra, que en marzo del pasado año mantuvo una disputa jurídica con la Audiencia Nacional sobre la calificación de los hechos, y que reclamó la competencia para juzgar el caso. En opinión de la sección primera que preside Esther Erice, podría haber un delito de lesiones, de atentado a la autoridad o de odio, pero no de terrorismo. “No nos encontramos con indicios racionales que nos pongan de manifiesto la comisión de un presunto delito de terrorismo”, resolvió el tribunal, que sin embargo no encontró el amparo del Supremo, que resolvió la divergencia en favor de la Audiencia Nacional.

Más concluyente ha sido José Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo, para quien la petición fiscal es “un disparate”. “Es una decisión desorbitada y fuera de la realidad social, fruto de una sobreactuación judicial”, apuntó recientemente.

Desde el exteriorLa desproporcionalidad con la que se ha gestionado el caso Altsasu ha despertado también el interés en el exterior, donde distintos organismos han levantado la voz para alertar de lo sucedido. Esta misma semana, Amnistía Internacional pedía que los cargos de terrorismo fueran “retirados” porque implican penas de hasta 50 años. “Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La preocupación también se ha extendido a Europa. El pasado julio, un grupo de 52 eurodiputados, representantes de cinco grupos parlamentarios europeos y procedentes de 15 países miembros de la Unión dirigieron una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para solicitar que el organismo intervenga en la investigación del caso Altsasu. En el escrito, consideraban “desproporcionadas, sin sentido y antidemocráticas” las peticiones del fiscal.

La respuesta vino por parte de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, que en septiembre aseguró que en Bruselas se sigue con “interés” el proceso judicial y que Carta de DDHH de la UE impide penas “desproporcionadas”. “La Comisión utiliza todos los instrumentos disponibles cuando es necesario, incluido los procedimientos de infracción, para garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, subrayó el dirigente europeo, que recordó al Estado español que dentro de la Unión las penas “no pueden ser desproporcionadas al delito penal por el que son condenados”.

Voces a las que se han suman otras desde diversos ámbitos sociales. Esta semana por ejemplo una treintena de personalidades como el físico Pedro Miguel Etxenike, los directores de cine Montxo Armendariz y Helena Taberna, o el pelotari Juan Martínez de Irujo suscribían un manifiesto apelando a la “proporcionalidad” jurídica. Ha sido sin embargo Gorka Landaburu quien ha dado seguramente una de las claves del debate al alertar del riesgo que implica tergiversar el tipo penal de terrorismo. “Banalizar el terrorismo es una ofensa para sus víctimas”, apunta Landaburu, periodista y víctima del terrorismo, y para quien además la condena planteada “es una barbaridad”.