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28 de abril. Nada que celebrar

Por Andoni Larralde - Miércoles, 25 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Andoni Larralde.

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A las puertas del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, creíamos necesario volver a poner la atención en la situación de precariedad que sufre la clase trabajadora de Navarra, así como enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las víctimas de su peor cara, la siniestralidad laboral. Conviene recordar que en esta Comunidad muere una persona al mes en su puesto de trabajo, al tiempo que el cómputo total de fallecidos por accidente laboral en la última década supera ya la centena. Y es que las estadísticas de 2017 no hacen más que ratificar el incremento de accidentes de trabajo, tanto en términos absolutos como relativos, y sin tener en cuenta el fraude en su declaración.

Por su parte, el subregistro de enfermedades profesionales continúa siendo de escándalo. Las mutuas niegan sistemáticamente su origen laboral, e incluso recurren a la vía judicial para evitar su reconocimiento. Cierto es que el sistema de comunicación de Navarra posibilita un mayor índice de declaración en determinadas patologías, pero en la medida que la competencia en Seguridad Social sigue dependiendo del Estado, su reconocimiento es tan solo del 5%. La propia UE remarca que por cada fallecido en accidente laboral se producen 26 muertes por enfermedades profesionales, y otras fuentes señalan que las víctimas mortales del amianto en Euskal Herria son más de 1.500 en los últimos 25 años. El registro oficial de enfermedades profesionales, sin embargo, no contempla más que siete cánceres laborales en los últimos cinco años en Navarra. Queda claro que las cifras no se acercan ni de lejos a la realidad.

Teniendo en cuenta que el deber de adoptar medidas para proteger de la salud de las personas trabajadoras es del empresario, se tienen, al menos, dos conclusiones:

1. La vida de la gente en el trabajo tiene precio.

2. La pérdida de la salud en el trabajo tiene responsables. La pregunta sería ¿qué está pasando?

En primer lugar, y en la medida que las empresas priorizan sus beneficios económicos, en los centros de trabajo se da una desinversión generalizada en esta materia. Y es que hay casos en los que pagar sanciones es económicamente rentable para la empresa. Por otro lado, debido a la vulnerabilidad post-reformas, a la regresión en condiciones de trabajo y a la precariedad en la contratación, la calidad del empleo empeora en perjuicio de la salud de las plantillas. La patronal, sin embargo, está cómoda. Tanto es así que mientras veta acuerdos de mejora de las condiciones laborales recibe subvenciones públicas del Gobierno de Navarra. Concretamente, entre 2016 y 2017 ha percibido más de medio millón de euros del departamento de Política Empresarial en ayudas para “proyectos de prevención de riesgos laborales”, justo cuando rechaza reiteradamente una formación con garantías en salud laboral. Todo sin contar con la adjudicación estatal de dinero de cotizaciones sociales, para financiar más “proyectos” mediante un sistema declarado opaco y clientelar por el Tribunal de Cuentas, y que este Gobierno ha apoyado.

Para 2018, el Presupuesto General de Navarra prevé destinar 3,6 millones de euros a salud laboral, donde 1,95 millones van a retribuciones y 1,3 a políticas públicas. El 85% de estas últimas son subvenciones, por lo que es previsible que se vuelva a producir una financiación de la que, aunque en menor medida, también participan UGT y CCOO. El resto se reparte entre el Plan de Acción de Salud Laboral, el Plan de desamiantado aprobado por el Parlamento de Navarra, y actuaciones en contados departamentos del propio Gobierno, donde reina la escasez de recursos y el porcentaje de asignación tiende a cero.

Los datos evidencian la resistencia a abandonar las ineficaces políticas de concertación social que duran ya demasiado. Es hora de volver a incrementar la plantilla del ISPLN, de igualar el ratio de la Inspección de Trabajo a la media europea, de garantizar la implementación de los planes aprobados, de actuar con contundencia frente a incumplimientos, de denunciarlos públicamente, de controlar estrictamente a empresas con actividades peligrosas, de aumentar los recursos destinados a la Administración, y de otras tantas iniciativas que se deberían de llevar a cabo desde los servicios públicos.

ELA adquirió hace tiempo el compromiso de luchar contra la precariedad en el empleo, y en ese empeño continúa concienciando y organizando a la gente en los centros de trabajo. A este respecto, ha organizado un acto en Iruña para mañana, donde el elemento central será la precariedad ligada a los riesgos psicosociales, y donde se hablará de instrumentos que dispone la salud laboral para sacar la malas condiciones laborales de las empresas.Lan Osasuna-Salud Laboral

ELA Nafarroa

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