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Navarra avanza hacia una de las leyes de Transparencia más punteras del Estado

La Administración foral tendrá que hacer públicas todas las retribuciones y agendas de altos cargos, y si no podrá ser multada con hasta 12.000 euros

Andoni Irisarri - Jueves, 26 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Unai Hualde, presidente de la comisión.

Unai Hualde, presidente de la comisión. (Javier Bergasa)

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  • Unai Hualde, presidente de la comisión.

pamplona- Navarra emprendió ayer el camino que le llevará a colocarse a la cabeza de las administraciones estatales (y también europeas) en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. La comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento foral aprobó ayer por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un texto legislativo que nace del propio Ejecutivo de Barkos y que aspira a sustituir y mejorar el conjunto de normas similares planteadas en lesgislaturas anteriores por UPN y el Gobierno del Estado, y que bien por no terminar de aplicarse o por haber acusado demasiado la revolución digital y el paso del tiempo han quedado obsoletas. En su lugar, la ley que aprobó ayer la comisión y que tendrá que ser ratificada todavía en pleno (como mero trámite, al igual que la reciente Oficina Anticorrupción) obligará a una rendición de cuentas exhaustiva a toda la Administración de todo aquello que se haga con dinero público;hace del Consejo de Transparencia el órgano encargado de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de las instituciones;y prevé un régimen de sanciones para aquellas entidades, altos cargos o particulares que incumplan sus obligaciones de transparencia.

Se trata de la tercera ley importante con la que Gobierno y Parlamento buscan una remodelación profunda del modelo de funcionamiento de la Administración foral. Junto con las recientes Ley de Contratos Públicos y Ley de Buenas Prácticas y Oficina Anticorrupción, las fuerzas del cambio quieren hacer del sector público navarro un territorio libre de mala praxis, comprometido con el desarrollo económico y social y abierto a toda la ciudadanía.

multas de hasta 12.000 €La ley no sólo coloca a Navarra a la cabeza del Estado;le sirve también para equipararse a países europeos como Inglaterra o Suecia, pioneros en rendición de cuentas. Eso hace que haya pocas restricciones al acceso a la información pública, sólo limitada por decisión judicial o por formar parte de otros expedientes administrativos;las restricciones impuestas por la Ley de Protección de Datos;o la preservación de las identidades de todas aquellas personas que participan en programas de inserción social. La idea es hacer de la transparencia un “valor que tiene que impregnar toda la actividad y organización” para con la ciudadanía, “legítima propietaria de la información pública”. ¿En qué se traduce esa declaración de intenciones? En que serán muchísimos los datos que tendrán que bien exponerse, bien facilitarse tras petición particular (se habilitarán buzones y existe ya un Portal de Gobierno Abierto) o bien servir para que sean “reutilizados”.

Esto engloba información económica, presupuestaria, financiera, de deuda, externalización de servicios y contratos (coste de toda la Administración);información relativa a los servicios públicos (datos de listas de espera en sanidad, información sobre oposiciones, listas de formación, empleo provisional, inscripciones en educación, vivienda...);toma de decisiones y acuerdos por parte de las instituciones;y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas: datos biográficos y profesionales de altos cargos (y exdirigentes) y directivos, agenda institucional, retribuciones de cualquier tipo, registro de obsequios, gastos de viaje y desplazamientos, entre otras muchas cuestiones. No sólo los altos cargos tendrán que responder: también los grupos de interés, definidos como organizaciones y personas que influyen en la toma de decisiones políticas, formarán parte de un registro y tendrán que dar cuenta de reuniones que se mantengan con cargos públicos o instituciones.

Para que no se quede todo en una declaración de intenciones, la ley también prevé un código disciplinario con multas y sanciones. La cuantía económica de las mismas puede ascender hasta los 12.000 euros en algunos casos, aunque habrá que ser reincidente en las infracciones o desatender, hasta en cuatro ocasiones, los requerimientos del Consejo de Transparencia. Todos los grupos coincidieron en que la aprobada ayer es una “buena ley” y emplazaron el debate político para el pleno. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E celebraron que la Ley de Transparencia era también una exigencia del acuerdo programático, y que abunda en el acercamiento de las instituciones a una sociedad que necesita “herramientas” para juzgar a la Administración. UPN, PSN y PP, aunque conformes, exigieron transparencia desde ya.

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