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El fiscal apoya en meros indicios la “planificación” e insiste en ver terrorismo

Afirma que los acusados son herederos del entramado ideológico de ETA

Mantiene las peticiones de penas, que oscilan entre 12,5 y 62,5 años de prisión

Andrés Martorell/ Jesús Morales - Viernes, 27 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

El fiscal José Perals expone su informe en la sesión de ayer.

El fiscal José Perals expone su informe en la sesión de ayer. (D.N.)

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El fiscal José Perals expone su informe en la sesión de ayer.Los ocho acusados, en las dos primeras filas, escuchan el informe del fiscal.

MADRID/PAMPLONA- Aferrándose a la tesis de que “todo es ETA” y apoyándose en indicios sobre la supuesta planificación del altercado en el que resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas,el fiscal José Perals mantuvo ayer la acusación por delitos de terrorismo para los ocho acusados del caso Altsasu, que se enfrentan a entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel, si bien modificó las penas alternativas que pide para ellos al introducir el delito de desórdenes públicos terroristas de forma subsidiaria al delito de lesiones terroristas.

La novena sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional fue el marco en el que el fiscal modificó su escrito de acusación original e incluyó unos párrafos en los que afirma que “la agresión multitudinaria y salvaje en la que participaron activamente todos los acusados estaba ligada por la finalidad de expulsión de la Guardia Civil de la localidad de Alsasua y de la Comunidad Foral de Navarra”. A su juicio, esta agresión “fue premeditada y organizada, impulsando la misma los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, de tal manera que lograron que se reunieran en el interior del bar Koxka y en el exterior unas 50 personas que hicieron suya la calle alterando gravemente la paz publica de la localidad” y para justificar el delito de lesiones agravadas de género, incluyó en el escrito que “la agresión a las dos mujeres se produjo única y exclusivamente por ser las parejas de los dos guardias civiles con la finalidad de demostrar una clara superioridad sobre las mismas por parte de los acusados”.

Para mantener su acusación por terrorismo, a la que se adhirieron la Abogacía del Estado y las distintas acusaciones particulares y populares, Perals se tuvo que retrotraer a los años 70 y recurrir a la narración pseudohistórica del “todo es ETA”, que ya fue invalidada en sentencias de la Audiencia Nacional en los años 2010 y 2011 (casos Egunkaria, Udalbiltza...), y usó gran parte de su intervención en intentar arropar su tesis acusatoria con idearios políticos legítimos, elementos extrajudiciales y sin ninguna vinculación con los hechos del día 15 de octubre de 2016, de manuales sin autoría de hace 18 años, y de hechos y contextos superados en la sociedad actual. “No importa que los acusados no hubieran nacido, porque ello no impide que estos jóvenes sean herederos de esas ideas políticas y de que esas ideas pueden ser defendidas con violencia”, alegó el fiscal, que calificó a los acusados de “supremacistas abertzales de nacionalismo trasnochado”.

Según el fiscal, “ha quedado probado que los acusados, guiados por Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, se concentraron con muchas más personas que no han sido identificadas para agredir de forma salvaje a los dos guardias civiles. A ellos por el hecho de ser guardias civiles y a ellas por ser sus parejas con una finalidad esencial: expulsarles del pueblo e infundir terror”.

PRUEBA INDICIARIASin embargo, José Perals reconoció que no había ninguna pruebas directa para concluir que los hechos fueron “una agresión multitudinaria planificada y organizada”, y únicamente aludió a la existencia de “prueba indiciaria” para rebatir que no fue un altercado fortuito. En este sentido, relató que “Jokin Unamuno entró en el bar Koxka y fue directo hacia los guardias”, que “dentro del local había 20 o 25 personas y más personas les esperaban fuera”, “el cruce de llamadas entre Jokin y Adur”, “el borrado de los teléfonos móviles de los acusados”, que “nadie telefoneó a emergencias”, que “nadie ayudó a los agredidos” o que “nadie aportó grabaciones sobre lo ocurrido”, desglosó.

Por otra parte, el fiscal destacó la “unanimidad y consistencia” de las versiones aportadas por las cuatro víctimas de la agresión al identificar a los ocho acusados y relatar los hechos, ya que no incurrieron “en ninguna contradicción”, razón por la cual ratificó su acusación contra los jóvenes sentados en el banquillo, a los que atribuyó, de una u otra forma, su participación en los altercados.

PRUEBA CLAVE

¿GRABACIÓN manipulada?

Camisa muy blanca, para el fiscal. El fiscal José Perals intentó ayer cuestionar la validez de la grabación aportada por las defensas y que fue realizada por uno de los acusados fuera del bar instantes después de los hechos, que contradice el relato del sargento. Al respecto, afirmó que el vídeo grabado con un teléfono móvil podría haber sido manipulado mediante una aplicación informática con la que incluso se habría blanqueado la camisa del agente de la Guardia Civil. “Es chocante que la sea tan blanca”, dijo José Perals, que previamente se había preguntado “cómo es posible que un vídeo aparezca un año y pico después de ocurrir los hechos, cuando ha podido ser objeto de todo tipo de manipulaciones. No me estoy refiriendo a las defensas, pero si a una persona se le piden unos cuantos años de cárcel puede hacer cualquier cosa con Photoshop”, por lo que aseguró que, a su juicio, “es una prueba más que dudosa”.