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Republicanismo

Autarquía judicial

Por Santiago Cervera - Domingo, 29 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Se indignaba la abogada feminista Lidia Falcón en la mesa de Ferreras: “aquí cualquier psicópata se aprende de memoria el código penal, gana unas oposiciones y se pone a firmar sentencias”. Será psicópata aquel a quien un médico le haya diagnosticado, pero lo que subyace en lo dicho es algo tan evidente como que el único requisito necesario para creerse intérprete de la diosa Iustitia es haber pasado un examen. Cuando me tocó conocer cómo funciona ese mundo pude ver lo mejor y lo peor del sistema. Lo mejor, jueces y fiscales, que los hay, ecuánimes, íntegros, de notable capacidad intelectual y que trabajan tiempo incontable en la conjunción de su vocación y el servicio público. Lo peor, que junto a ellos desprestigian la función jurisdiccional una pléyade de garzonitos, vagos, prepotentes o incompetentes (con la posibilidad incluso de que haya personajes en los que concurran todas esta características). El drama de la justicia española es no poder separar unos de otros;o, por mejor decir, que los que son bien conocidos por sus actitudes impresentables sigan ahí, impunes e inmunes. No pasa nada si a un determinado juez las instancias superiores permanentemente le corrigen sus actos, en ocasiones notorias excretas antijurídicas: seguirá cobrando, aparentando dignidad y disponiendo de vidas y haciendas. El control de calidad no existe, y así es como es posible que aparezcan sentencias como las de La Manada, ese bodrio. Una sentencia paupérrimamente mecanografiada, en la que ni siquiera están bien puestas las comas y la sintaxis es de suspenso en selectividad. Una sentencia en la que se toman como antecedentes jurisprudenciales casos de violaciones no grupales. Una sentencia, y esto es seguramente lo peor, en la que no se considera violación algo que los hechos probados configuran como violación. Una sentencia que ni repara a la víctima ni sirve para proteger a la sociedad, porque se muestra benigna con una piara de la que constan antecedentes penales y declarada intención de delinquir. Una sentencia que está basada simple y llanamente en la apreciación de hasta qué punto una mujer puede estar intimidada por cinco bestias, y sobre la que los jueces que la suscriben no podrán alegar deficiencias atribuibles al legislador puesto que el tipo penal de violación existe y aquí no lo han querido considerar. De fondo, un corporativismo que genera náuseas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dice que hay críticas de intención política, cuando en este asunto hay coincidencia desde lo más a la derecha hasta lo más a la izquierda, y desde Ana Patricia Botín hasta Amaia Romero. La presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, nos cuenta que “el TS clarificará conceptos como la intimidación”, como si cualquier instancia judicial no tuviera la obligación de producir sentencias de la misma calidad jurídica que el Supremo, o directamente sobraran todos los tribunales de primera instancia. Es todo un mundillo creado a imagen y semejanza de quienes lo habitan, y como se está viendo estos días absolutamente autárquico, en ocasiones tan alejado de la sociedad a la que se ha de servir. La justicia es desde hace mucho tiempo uno de los poderes públicos peor valorados, y obvio es recordar que nadie hace nada para que esto cambie, menos que nadie quienes en ella moran. Cualquier desbarre en una sentencia parece que ha de tener como consecuencia un cambio en las leyes, patadón palante, cuando leyes ya hay demasiadas. Lo que tiene que cambiar es un determinado funcionamiento, y especialmente muchas actitudes letales contra la exigible probidad de los tribunales. Respetar la independencia judicial es esencial para la democracia, el día que desaparezca del todo será el día en el que los ciudadanos sí dejaremos de estar protegidos contra el abuso. Pero la independencia sólo es posible si quienes adquieren la encomienda de ser jueces y fiscales se ganan el respeto en cada uno de sus actos, no acaban convertidos en unos ególatras, y caso de que objetivamente degeneren, sean expulsados de la carrera. Y menos mandíbula de cristal ante la crítica, que todavía hay quienes quieren autoasignarse una especie de fuero especial en virtud del cual no se les puede reprochar nada de lo que hagan. Otro día contaré quién es el único personaje que me ha puesto una demanda por el contenido de una de estas columnas.