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Miradas

La Mezquita

Por Pablo Gorría - Domingo, 29 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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Luce la primavera verde y esplendorosa en Andalucía. En la Judería de Córdoba y en el barrio de San Basilio ya preparan las flores para la Fiesta de los Patios de mayo. La obligada visita a la Mezquita impresiona, como impresionan los 10 euros que cuesta la entrada a beneficio del obispo. En 2016 visitaron el edificio 1,8 millones de personas, más que todos los turistas que vienen a Navarra. Solo hay que hacer una sencilla multiplicación para atisbar las dimensiones del negocio. Porque se trata en definitiva de una actividad mercantil que se desarrolla mediante una estructura organizada pero que no paga impuestos. En la propia entrada se deja claro: IVA 0%. Cuentan en Córdoba que cada noche las sacas llenas del dinero recaudado cruzan la calle desde las taquillas al obispado, que está enfrente.

Pero el aspecto económico solo es una de las aristas de una polémica apasionante. La Mezquita de Córdoba es el buque insignia de las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia católica, de las que tanto sabemos aquí en Navarra. El obispo cordobés inmatriculó la Mezquita en 2006 por 30 euros y sin más papeles que su palabra. Pero en este caso no puede aducir que siempre ha sido un templo católico porque durante siglos, desde el año 786 al 1236, se dedicó al culto musulmán. O sea que un imán tendría el mismo derecho teórico de propiedad que aduce el obispo.

A lo largo de los siglos el edificio original se ha alterado con una catedral y decenas de capillas, y se ha sustituido el alminar por un campanario. Eduardo Manzano, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, critica que a la apropiación material del edificio se une el secuestro de su memoria de forma que al visitante apenas se le explica el pasado andalusí. La última polémica ha llegado esta Semana Santa por la instalación de palcos metálicos contra los muros centenarios. Por eso muchos en Córdoba piden que la mezquita-catedral pueda compartir el uso como templo católico y como espacio civil y que se gestione de forma mixta. Otros creen que eso es imposible y que la única solución es que alguna instancia (el Supremo, Europa...) anule las inmatriculaciones de la Iglesia católica y sus privilegios. Es una cuestión pendiente en un Estado que se dice aconfesional.