Contra la Pobreza, solidaridad

Por Javier Irisarri y Teresa Burgui - Martes, 1 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La precariedad, el modelo laboral capitalista impuesto por los gobiernos del PP y PSOE con sus reformas laborales de 2010 y 2012, y de pensiones 2011 y 2013, que reducen salarios y pensiones, viene siendo el motor de lucha y organización, nada despreciable por cierto, para diferentes sectores de las clases trabajadoras y populares.

Si bien las ganancias patronales y la banca se han recuperado a niveles anteriores a la crisis, no ha sido así para la inmensa mayoría social, en materia salarial, calidad del empleo y número de personas paradas existentes, de las cuales, un número muy importante ni tan siquiera tiene derecho a prestaciones. El Estado español está a la cabeza de las cifras europeas de pobreza y precariedad, no sólo como una de las consecuencias de la crisis, sino como uno de los motores de la recuperación.

En estos años de crisis, la desigualdad en el Estado español no ha dejado de crecer, situándolo como uno de los Estados más desiguales de Europa. Mientras los ricos se han hecho más ricos, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras sobreviven con salarios de miseria y contratos precarios, que, en el caso de las personas más jóvenes, dificulta, cuando no, impide, hacer planes de futuro.

Los enormes saltos en los procesos de robotización y automatización de la producción y el comercio, han traído un aumento importante de la productividad en el trabajo, que no han tenido su reflejo en un descenso de las horas de trabajo, ni en la mejora de las condiciones laborales, antes al contrario, se acentúan el paro, los bajos de salarios y la precariedad. Asignatura pendiente también la importante brecha salarial entre hombres y mujeres, y la superación del acoso laboral.

Se ha aprovechado la crisis para privatizar y llevar a cabo importantes recortes en sanidad, educación, dependencia, cuidado de mayores y sistema de pensiones, convirtiendo derechos básicos, como sanidad, educación, vivienda, etc. en puro negocio. Por eso, blindar el sistema de pensiones en la Constitución, luchar por pensiones dignas, servicios públicos gratuitos, de calidad y de carácter universal, es una cuestión vital para combatir la precariedad social.

Igualmente, qué decir de las miles de familias que han visto cómo perdían su vivienda durante la crisis, siendo esta cuestión uno de los problemas más agudos entre las familias trabajadoras y uno de los rasgos distintivos de la precariedad: la exclusión residencial.

En nuestra opinión, resignarse ante esta realidad no es una opción, debemos unir voluntades encaminadas a revertir las desigualdades que se han instalado entre nosotros y nosotras, buscando una redistribución de la riqueza que permita generar empleo de calidad, unos salarios dignos, una más justa distribución fiscal, pagando más quien más tiene, o asegurar una renta de garantía que cubra las necesidades de las personas más desprotegidas o el acceso a una vivienda de alquiler social.

Lo que no se comparte, se pierde. Justicia, cohesión social y un modelo socio-económico más justo, para superar las desigualdades. Que este 1º de Mayo nos sirva para avanzar hacia ello.Los autores pertenecen a Batzarre