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Heroína, jeringuillas, punk y kale borroka

Varios autores reavivan un viejo debate: si la relación entre el brutal consumo de heroína en los 80 y 90 en Navarra y la corrupción policial tuvieron además un interés político, un plan para desactivar la insurgencia social de los jóvenes

Martes, 1 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Multitudinaria manifestación de los vecinos de la Rochapea con el lema 'Casi todos contra el tráfico de drogas', en abril de 1990.

Multitudinaria manifestación de los vecinos de la Rochapea con el lema 'Casi todos contra el tráfico de drogas', en abril de 1990. (JAVIER BERGASA/ XABI VENTURA/ CHEMA PÉREZ)

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Multitudinaria manifestación de los vecinos de la Rochapea con el lema 'Casi todos contra el tráfico de drogas', en abril de 1990.

Los vecinos de la Rochapea pusieron fin al pleno municipal arrojando jeringuillas y limones contra el suelo. Estaban hartos. Entre gritos y silbidos despidieron a los concejales. "Seguro que no tenéis jeringuillas en la puerta de vuestra casa", les espetaron airadamente antes de abandonar la sala. Era el 27 de abril de 1990. El Ayuntamiento de Pamplona acababa de aprobar por primera vez en mucho tiempo una serie de medidas contra las drogas, que también contemplaba la colaboración con la Policía Nacional en este asunto. Pero a la Asamblea de Vecinos de la Rochapea –que asistían como invitados– estas medidas les parecían puro maquillaje. Denunciaron que el pleno era "un auténtico fraude" y se quejaban de la "inoperancia municipal para resolver el problema de las drogas". Durante la sesión, los portavoces de los vecinos de la Rochapea señalaron conocer a los traficantes "por sus nombres y apellidos". "A pesar de que hemos presentado denuncias, la Policía no actúa", declararon a los medios.

Dos días antes, el 25 de abril, una multitudinaria marcha con más de mil personas, con muchos niños/as a la cabeza, había salido desde el barrio de la Rochapea. La pancarta no dejaba dudas del hastío de los vecinos: "Casi todos contra la droga, kamelloak kanpora!". Ese "casi todos" se hizo más evidente e incisivo cuando la manifestación subió por la avenida Carlos III y se detuvo frente a la sede de la Delegación del Gobierno. Arreciaron los gritos y se pasó de lemas como "Heroinarik Ez! ¡Fuera camellos de la Rochapea!" a otros como "el gobernador ya sabe quiénes son". Y directamente se abroncó a la Policía. La portavoz de los vecinos leyó un comunicado final en el que aseguraba que al barrio le "faltan parques, aceras, aparcamientos y locales para jóvenes y le sobran camellos, heroína, vertederos, terrenos yermos y coches abandonados". Pero sobre todo el comunicado denunciaba "la inmunidad policial de la que goza el tráfico de drogas" y recriminaba directamente al delegado del Gobierno y "su negligencia". "Que nos lleva a pensar que algo se esconde detrás de este sucio y macabro negocio que juega con la vida de las personas", aclamaba la portavoz.

Apenas un mes más tarde, el 3 de junio de 1990, ETA asesinaba a tiros en la puerta de su casa del barrio de la Rochapea a Francisco Almagro Carmona, de 30 años de edad, natural de Granada, ex policía nacional, casado y con dos hijos, que en el año 1980 había sido expulsado del Cuerpo Nacional de Policía bajo la acusación de tráfico de estupefacientes cuando estaba destinado en la comisaría de Benidorm (Alicante). Durante sus años de estancia en Pamplona nunca fue detenido o procesado, ni existió cargo judicial contra él, siempre según las fuentes oficiales. Sin embargo, era ampliamente conocido en el barrio. "Subían y bajaban muchas personas desconocidas a su casa. Nosotros no sabemos en qué trabajaba. Aunque creo que no tiene ningún empleo", explicó una vecina que no quiso identificarse al diario El País al día siguiente del atentado. Otro vecino anónimo le calificó sin rodeos como un "camello del barrio".

Estos hechos son el retrato de una época y una sociedad absolutamente violenta, rota y convulsa. Pero bajo esa denuncia real está velada también una sospecha recurrente, un rumor o un mito que ha sido constante durante los últimos años y décadas: si la corrupción y vínculos entre agentes de la ley y narcotraficantes, que se produjeron en todo el Estado, tuvieron además en el ámbito vasconavarro un respaldo desde las estructuras del poder. Si de alguna forma se fomentó o facilitó la propagación de la heroína. Y en este caso con el propósito político de desmovilizar a la juventud vasca.

Todo este debate fue reavivado hace tan solo días en la capital navarra. El pasado 19 de abril, Justo Arriola, vecino de Elgoibar, activista e investigador autodidacta, presentó en Pamplona su libro A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria. Arriola recopila recortes de prensa, investigaciones, informes y testimonios de la época desde autoridades, consumidores, vecinos, cargos policiales o narcotraficantes. Esta teoría de la conspiración tiene numerosos detractores, no sólo desde la derecha o el oficialismo del Estado, el principal desmontador de esta hipótesis es el historiador, experto en drogas y contracultura, Juan Carlos Usó, que mantiene un pulso público con Arriola en este asunto. Pero por primera vez y durante 500 exhaustivas páginas, Justo Arriola da consistencia y evidencias a la tesis de que hubo convivencia y conveniencia, lucro económico, negligencia y permisividad desde las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso amparo a los narcotraficantes.

Entre los documentos que maneja: las bajas cifras de aprehensiones y alijos que se registraban aquí, el "informe Navajas" –un documento elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia de Guipúzcoa, Luis Navajas, que detallaba supuestos vínculos entre narcos y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) pero que nunca fue investigado por los jueces– y unas pesquisas de la Policía Municipal de Arrasate-Mondragón en tiempos de la alcaldía de Ardanza que persiguiendo de incógnito los automóviles de unos traficantes acabaron frente a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo y La Salve en Bilbao.

A Justo Arriola, le acompañó en la presentación del libro José Paulos –educador de 55 años–, vecino del pamplonés barrio de la Txantrea y uno de los fundadores de la plataforma Askagintza, que desde su creación en 1986 lleva trabajando desde la base de los barrios por la prevención del consumo de drogas y la sensibilización. "Y también para denunciar la corrupción –apuntilla Paulos– que era muy amplia y conocida, entre aquellas autoridades que debían proteger a los jóvenes".

DATOS Y EVIDENCIAS

Mucha Policía y mucha droga

"Es cierto que era un contexto de crisis, de conflicto, en el que en nuestros barrios el desempleo juvenil era del 50%, el punk y la contracultura fomentaba una visión de presente sin futuro. Y en definitiva, una época en la que o te enganchabas a la política y a la lucha social o te enganchabas a la droga", recuerda Paulos. "Muchos compañeros dejaron la lucha política al engancharse a la heroína, les daba paz, les anestesiaba, les quitaba preocupaciones", analiza desde su experiencia de más de 20 años de activismo.

Paulos apunta que un uso político evidente de la dependencia por parte de la Policía fue con el propósito de obtener información. A cambio de un pico era más fácil penetrar en ámbitos sociales que son muy herméticos, como las cuadrillas en Pamplona –un lugar donde se conoce todo el mundo– y es difícil introducir topos o infiltrarse en grupos y lograr tener chivatos en asociaciones vinculadas a la izquierda abertzale en la época. Esta misma idea la avala el profesor e investigador del Instituto Vasco de Criminología Xabier Arana, que afirma que la utilización de consumidores de drogas como confidentes a cambio de sustancias, chantajes o protección en el tráfico de heroína está probada y refrendada por denuncias incluso de instituciones oficiales.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil eran quienes mayores medios tenían para luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, pero, además de no gozar del apoyo de la población en general, estaban más centrados en la lucha contra ETA, que en los delitos contra la salud pública. Que la prioridad fuese el terrorismo no significa que las Fuerzas de Seguridad no actuaran. Lo hacían cuando les interesaba y utilizaban su supuesta lucha contra la droga para otros fines", explica Arriola en su libro.

Y añade datos oficiales de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional: De 1985 a 1990, las Fuerzas de Seguridad del Estado solamente se incautaron en la Comunidad Autónoma Vasca de unos 60 kilos de heroína. "Parece una broma cuando se compara las cantidades aprehendidas en relación al volumen de consumo. Con esa cantidad de caballo apenas alcanzaba para un par de semanas de consumo de los yonquis vascos y estamos hablando de un período años", explica Arriola. Datos de las diputaciones vascas e instituciones navarras estiman que en 1990 unas 10.000 personas estaban enganchadas a la heroína, casi tantas como en el área municipal de Barcelona, que cuenta con el doble de población.

"Si tenemos en cuenta que en el Estado se incauta apenas un 5 o 10% de lo que se mueve en el mercado negro, ¿quién puede negar que lo incautado en el País Vasco es insignificante en relación a los niveles masivos de consumo de heroína?", relata Arriola. Tan solo en aquel mismo año 1990 en el Estado se incautaron 774 kilos de esa misma sustancia. Son datos de los que hacía gala en ruedas de prensa el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Solans. Arriola contrasta estas cifras con el creciente número de agentes del orden, llegando a los 15.000 efectivos a principios de los años 90 tan solo en la Comunidad Autónoma Vasca. Sin contabilizar el Ejército ni a los casi 8.000 efectivos de la Ertzaintza, es una media de 7,14 policías por cada mil habitantes.

Paulos también apoya este argumento: "Teníamos la mayor concentración de efectivos policiales de Europa y sin embargo el negocio ilegal de las drogas gozaba de total impunidad. En el barrio conocíamos a los traficantes y nunca se les molestaba. Si bien las autoridades como mínimo, como mínimo, miraron para otro lado. Hubo negligencia". Y también apunta a casos concretos como la desaparición de alijos, las denuncias de José Piñeiro, secretario general del Sindicato Unificado de Guardias Civiles, que acusaba a sus propios compañeros de la Sakana de distribuir droga en la zona. "Las Fuerzas de Seguridad del Estado se limitaron a cruzarse de brazos y la represión del tráfico de heroína fue superficial", hace hincapié Arriola. En general, no existen pruebas contundentes que demuestren que existiera una dirección política oculta para facilitar el narcotráfico, la falta de investigación ha sido generalizada, pero sí que ha quedado en evidencia la corrupción y el lucro.

Al margen de eso, un hecho es irrefutable: la heroína aniquiló una generación entera. El caballo cabalgó rampante también por las venas de los jóvenes navarros sin apenas resistencia de las autoridades. La incidencia del consumo de heroína aquí a finales de los 80 y la década de 1990 era una de las más grandes del Estado en relación a la población. Un estudio realizado en 1990 por el médico forense pamplonés Mikel Urtiaga identifica a 1.231 drogodependientes tan solo en aquel año. Esto supone que uno de cada 417 residentes en Navarra era consumidor de opiáceos. La edad media de los usuarios era de 26 años. La investigación comparaba la prevalencia de la droga en Navarra con otros estudios similares realizados en suburbios de Londres o Liverpool. Y una de las conclusiones era que, aun sin poder ser extrapolables porque el 40% de la población navarra aun vivía en un ámbito rural y esta era una droga eminentemente urbana, en Navarra se "reflejaba una magnitud de uso muy alta".

Dentro del área urbana de Pamplona se observaban grandes diferencias: el Casco Viejo, Txantrea, Rochapea o Berriozar tenían una incidencia superior a siete casos cada mil habitantes;mientras que en Iturrama la tasa era tan solo de dos. Esto quiere decir que en el año 1990 la frecuencia de uso de heroína en los residentes del Casco Viejo de Pamplona era cuatro veces superior a la de Iturrama. Y este índice se disparaba en la franja de edad de entre 25 y 29 años hasta los 48,9 casos por mil habitantes. Esto es que uno de cada veinte varones de entre 25 y 29 años en el casco viejo pamplonés en esa época era adicto a la heroína. Años más tarde, el mismo investigador pamplonés Mikel Urtiaga analizó las muertes que la heroína causó en Navarra y defendió en su tesis doctoral que en la década de 1990 a 2000 entre 450 y 600 heroinómanos, con una media de 31 años de edad, murieron a causa del sida y las sobredosis. El mismo estudio reconocía que las cifras podían ser ligeramente mayores y que el aumento de las muertes en esa década se debían a la profusión de la epidemia del sida. No obstante, los datos de la Comunidad Foral de contagio de sida por uso de drogas vía parenteral (uso de jeringuilla) no dejaban de ser alarmantes. "España y Navarra presentan unas incidencias acumuladas que duplican a las de Italia, país que presenta el segundo lugar de incidencia de Europa Occidental, cinco veces superiores a las de Francia, 26 veces superiores a las notificadas por Holanda y 51 veces superiores a las del Reino Unido", explicaba el médico pamplonés.

"En barrios como la Txantrea, cuadrillas enteras desaparecieron, las sobredosis o el sida se los llevaron por delante. Hay familias que perdieron a sus tres hijas por culpa de la heroína. Esa gente no pudo elegir, les faltaba información, formación y un Estado que les protegiese en la infancia y recursos para hacerle frente", recuerda José Paulos, en referencia a vecinas y compañeras del instituto María Ana Sanz que acabaron enganchadas a la edad de 12 o 14 años. Justo Arriola también dedica su libro a "todos los que les dejaron" y también a "los supervivientes".

"Este tema, sobre las responsabilidades políticas de unos y otros es siempre recurrente, siempre sale a relucir porque no está bien resuelto. La heroína afectó a miles de personas, destrozó y deterioró a miles de familias. No podemos banalizar su consumo. Es un dolor muy profundo y un relato que durante décadas ha quedado relegado a la intimidad, en el silencio de muchos hogares. Muchos padres sentían vergüenza y sufrían la culpabilidad al enterrar a sus hijos. Y un estigma social. Es muy duro y causó un dolor que aún hoy no alcanzamos a comprender", reflexiona Paulos. Y añade: "Por respeto a todas esas personas, no está bien que se cierre este capítulo como si nada hubiese pasado".