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La judicatura navarra y la estatal reclaman la dimisión del ministro

Califican su actitud de “especialmente escandalosa” y le atribuyen “una intención de confundir a la ciudadanía”

Martes, 1 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

PAMPLONA- Los jueces y magistrados de Navarra pidieron ayer la “inmediata dimisión” del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las manifestaciones realizadas este lunes referentes al juez que emitió su voto particular en la sentencia del caso La Manada, una actitud la del ministro que consideran “especialmente escandalosa”. La petición de dimisión fue refrendada también por las sietes asociaciones de jueces y fiscales de ámbito estatal.

El comunicado, firmado por los jueces y magistrados de Navarra y de las secciones territoriales de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, denuncia que el ministro, “sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular tiene algún problema singular que todo el mundo conoce”.

En opinión de los jueces y magistrados de Navarra, “estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión”, ya que “el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados que integramos el poder judicial siendo fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones”.

independencia JUDICIALSegún continúan, “como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de jueces y magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones”. Afirman que “la independencia judicial garantiza el sometimiento de jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley, ley que emana del pueblo a través del poder legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa ley y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones siendo mucho más importante garantizar ese respeto a la ley que los reproches sociales que nuestra labor puede provocar pues solo de esa manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho”.

A su juicio, “es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial”. “Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el poder legislativo de quien emanan las leyes que los jueces aplicamos”, indican. Añaden, no obstante, que “el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia”.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firmaron un comunicado conjunto en el que reprocharon al titular de Justicia que con sus manifestaciones había sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.

En su nota exponen que el “verdadero peligro” es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la “confusión intencionada” de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, “respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”. - J.M./Agencias