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Una Memoria Histórica de consenso

Por Martín Zabalza Arregui - Viernes, 4 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La popularmente denominada Ley de Memoria Histórica del Estado (o ley Zapatero) fecha el periodo histórico que abarca, mediante la condena del franquismo contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, y denuncia las graves violaciones de derechos humanos cometidos en España entre 1939 y 1975. Si realizamos un ejercicio de análisis de legislación comparada entre las distintas comunidades autónomas de España, tenemos un resultado que avanza en la misma línea que el legislador estatal. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía contempla el periodo de la II República, Guerra Civil, dictadura franquista y la Transición hasta la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía. La Ley de Memoria Democrática de Aragón sitúa el periodo entre 1931 y 1978. La Ley de la Comunidad de Valencia lo hace entre la Guerra Civil y 1978. La legislación sobre memoria de Cataluña fija el inicio en 1938 y el final en 1978. En la ley que crea el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Euskadi no se concretan fechas, pero clasifica como memoria histórica la Guerra Civil y la dictadura franquista (en memoria reciente incluye el terrorismo de ETA y el contraterrorismo ilícito). El debate que en este momento se está produciendo en la Asamblea de Extremadura establece los límites históricos entre el 18 de julio de 1936 y el nacimiento de su primer gobierno autónomo. En la misma orientación se encuentra la propuesta de la futura ley de la Memoria Democrática de Asturias. ¿Y en Navarra, cuándo se inicia y finaliza la memoria histórica? Si nos atenemos a la literalidad de la Ley de Memoria Histórica de nuestra comunidad foral: “Desde el golpe de estado franquista y posterior dictadura a partir del 18 de julio de 1936”. El inicio está claro para el legislador, pero no fija una fecha final. Y no lo hace porque, evidentemente, no hay consenso político para establecerlo.

La Ley Foral de víctimas de extrema derecha o funcionarios públicos (una mixtura de memoria histórica y reciente) establece su inicio competencial el 1 de enero de 1950, ¿pero el final? La ley Foral de Víctimas del Terrorismo fecha el principio de su actuación en 1960 (en plena dictadura franquista), pero tampoco establece una fecha de finalización. Sabemos que la UPNA y la UPV están investigando “los asesinatos y violencia ultra, malos tratos y tortura desde 1960, pero no sabemos hasta cuándo. La izquierda abertzale entiende por memoria histórica la suma de los siguientes periodos (utilizando su terminología): Guerra Civil, posguerra, franquismo y conflicto político (ETA 1960-2015). Euskal Memoria Fundazioa, en su declaración de principios dice textualmente: “En cuanto entendamos que la guerra de 1936, el franquismo, la reforma, el centralismo francés y el constitucionalismo español son eslabones de una misma cadena, la perspectiva global sobre el conflicto, su origen, efectos y resolución se alterará”. Para la derecha política, social y cultural de Navarra, la memoria histórica simplemente no existe, en el mejor de los casos, porque el PP la combate directamente y sin tapujos. Es decir, memoria histórica y reciente se superponen y son conceptos distintos, con valoraciones distintas, dependiendo del grupo político, social, cultural o académico que lo afronte. Hay un mayoritario consenso de inicio pero no de final. Mi opinión, absolutamente personal, es coincidente con el espíritu del decreto que sobre lugares de memoria aprobó la Junta de Andalucía en agosto de 2011, donde se defienden las políticas públicas de memoria “porque sirven como recordatorio de los hechos más transcendentales acaecidos desde el estallido de la sublevación de 1936 y hasta la Constitución de 1978, así como homenaje a todas aquellas personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad como consecuencia del golpe militar y de la posterior dictadura franquista”. A partir de aquí se debería de hablar de memoria reciente que, precedida de la histórica, conforman memoria democrática. También un buen ejemplo de lo anteriormente expresado puede ser el Instituto Vasco Gogora.

El Gobierno de Navarra afrontará en próximas fechas la creación del Instituto Navarro de la Memoria y enviará al Parlamento la Ley Foral de Lugares de Memoria. Ya que poner fechas de final será imposible, me permito aportar un texto de la catedrática de la UNED Paloma Aguilar, donde se define a la memoria histórica como: “La interpretación (no recuerdo) del pasado que comparten de forma mayoritaria los miembros de un grupo que disponen de un sentimiento de identidad común (familiar, profesional, de género, local, de barrio, etcétera). Este sentimiento, a su vez, se habrá ido construyendo sobre la base de dichas interpretaciones compartidas. Cuando digo compartidas no quiero decir que no haya múltiples interpretaciones del pasado, sino que casi siempre existirá una especie de denominador común más ampliamente participado que los demás. Una memoria de consenso”.

El autor es miembro de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica

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