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[Caso 'La Manada'] La comisión del Gobierno que revisará los delitos sexuales del Código Penal la forman 20 hombres y ninguna mujer

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha considerado "bochornoso e incompresible" que la composición sea exclusivamente masculina

EFE - Viernes, 4 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 14:11h

Concentración en Pamplona el día 27 en protesta por la sentencia del juicio de 'la Manada'

Concentración en Pamplona el día 27 de abril en protesta por la sentencia del juicio de 'la Manada'(Patxi Cascante)

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MADRID. - Ninguna mujer forma parte de la sección sobre Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, que es la encargada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras la polémica por la sentencia de La Manada.

Dicha sección penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer.

Los hombres representan asimismo mayoría entre los vocales permanentes de las demás secciones de la Comisión General de Codificación, que engloba a 120 personas y que incluye, además de expertos en Derecho Penal, en Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Público y Derecho Procesal.

De esas 120 personas, el 86,6 % son hombres y el 13,3 % mujeres.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha considerado "bochornoso e incompresible" la composición exclusivamente masculina de la citada comisión.

Una composición, ha añadido, "totalmente inexplicable" por dos cuestiones fundamentales: porque son las mujeres mayoritariamente las víctimas de este tipo de delitos;y porque existe un gran número de mujeres profesionales en el mundo de la judicatura, y con mayor formación en materia de violencia género, capaces de realizar una gran labor en este ámbito.

Por ello, el CJE ha considerado en una nota que las mujeres no son solo víctimas de la violencia de género, sino también del "machismo institucional que las relega y las invisibiliza como profesionales".

Ante esta situación ha reclamado que se incluya a mujeres profesionales en la citada comisión.

También exige que el Pacto contra la Violencia de Género incluya medidas de luchar contra la discriminación y que se le dote del presupuesto necesario para que sea efectivo.

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