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LAS DEFENSAS alertan al cerrar el caso alsasua de que es un “disparate jurídico que banaliza el terrorismo”

Visto para sentencia el juicio y las defensas recalcan lo forzado de la acusación
Solo los denunciantes sitúan a los acusados en la agresión del bar
Tres de los acusados siguen presos tras 537 días

Andrés Martorell/ E.Conde - Sábado, 5 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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“Una cosa es no olvidar el terrorismo pretérito y otra inventar un terrorismo inexistente” “Se ha tratado de fundar un delito premeditado en un cruce de llamadas para localizar a un amigo” “Mucha gente percibe que las víctimas han pasado de ser cuatro a ser doce personas”

madrid/pamplona- Visto para sentencia. Para una sentencia que se espera que haga justicia y enmiende el “disparate jurídico” en el que se ha convertido el caso Alsasua, con una calificación de terrorismo que excede de cualquier lógica y proporción y con un juicio realizado por ello en la Audiencia Nacional (AN), con el temor que ello puede suponer por tratarse de un tribunal tan esponjoso a los vaivenes políticos que podría incluso continuar con el disparate de la causa, en la que conviene recordar que se solicitan entre 12 y 62 años de prisión para ocho acusados, tres de los cuales llevan ya 537 días en prisión preventiva. En el cierre de la vista oral, los acusados optaron por no ejercer su derecho a la última palabra y encomendaron su defensa a sus respectivas representaciones letradas. Todas las defensas han pedido así su absolución y han negado que los ocho participaran en la agresión a los agentes y sus parejas. Nadie salvo los denunciantes los identifican en ruedas de reconocimiento puestas en cuestionamiento por las defensas. Los letrados de los tres acusados en prisión solicitaron su puesta inmediata en libertad pero la Sala no ha respondido al respecto.

josé luis galán

Abogado defensor

jaione karrera

Abogada de Adur Ramírez

eva gimbernat

Abogada de Jon Ander Cob

SE HA FORZADO EL TERRORISMOEn la última jornada intervinieron los defensores de cuatro de los procesados para concluir la vista oral. El abogado José Luis Galán, que defiende a Aratz Urrizola e Iñaki Abad (para los dos se pide 50 años de cárcel) criticó el proceso desde su inicio y entendió que en el mismo se ha hecho una “intolerable banalización” del concepto de terrorismo al atribuirles este delito a los procesados. “Aunque ETA haya anunciado su disolución y no debe olvidarse su actividad, una cosa es no olvidar el terrorismo y otra inventar un relato y forzar los tipos penales” y aplicar un “terrorismo inexistente”, defendió en su alegato el experimentado letrado. “En materia de terrorismo, España ha conocido ETA, Grapo, GAL, el yihadismo... Sabe lo que es terrorismo, por lo que es intolerable banalizar el concepto”, sentenció. Para Galán, en este caso las acusaciones “han forzado el adjetivo terrorismo por motivos propagandísticos” o para “jugar en casa” y que se juzgara en la Audiencia Nacional, aplicando un “derecho de excepción” por el que les imputan lesiones y amenazas terroristas.

un informe sesgado y de parteTambién pidió la absolución de su defendido, Jon Ander Cob, la abogada Eva Gimbernat, quien aseguró que no estuvo esa noche en el bar y no tiene “absolutamente ninguna vinculación” con Ospa. Para la letrada, aplicar terrorismo a lo ocurrido en Alsasua es un “disparate jurídico” que ha llevado a que “las víctimas hayan pasado de ser cuatro a ser doce personas”. Recordó asimismo que la vinculación que hace la Fiscalía del movimiento Ospa con su supuesto antecesor Alde Hemendik (Fuera de aquí), promovido por ETA, se basa en un informe de Inteligencia de la Guardia Civil “completamente sesgado” y “de parte. En el informe de los móviles se da por hecho que esas personas de las que se está analizando el móvil han participado en los hechos. La praxis y el poco rigor mostrado por los guardias civiles que emiten ese informe claman al cielo”. A lo largo de sus informes, la mayoría de las defensas de los procesados cuestionaron el informe de la Brigada de Información y coincidieron en señalar que los hechos ocurridos aquella noche se han “magnificado” para hacerlos compatibles con la gravedad de lo que se les acusa.

La abogada de Adur Ramírez de Alda, Jaione Karrera, a quien el fiscal le sitúa como uno de los impulsores de la agresión pero del que no se ha probado que estuviera aquella noche en el bar Koxka, aseguró que tampoco se puede concluir que su defendido estuviera esa noche en el bar. “No puede ser suficiente que las víctimas manifiesten estar seguras de identificaciones para darlas por válidas”.