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Colectivos piden en el Parlamento "cambios profundos" en las políticas de control migratorio

"Les invito a que hagan una reflexión profunda, y que fruto de esa reflexión haya cambios normativos profundos", han trasladado a los parlamentarios, tras criticar las políticas de control migratorio y las leyes de extranjería que de ellas derivan

EFE - Miércoles, 9 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 17:51h

Pamplona. La representante de SOS Racismo Beatriz Villaizán ha criticado en el Parlamento de Navarra las políticas de control migratorio existentes, y tras pedir "cambios normativos profundos" en la materia, ha apostado por la derogación de la Ley de Extranjería.

Así lo ha afirmado esta tarde en una sesión de trabajo de la comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional, donde ha comparecido junto al miembro de Caminando Fronteras Ernesto García para informar sobre las demandas de verdad, justicia y reparación de la Asociación de Familiares de Víctimas de Tarajal.

"Les invito a que hagan una reflexión profunda, y que fruto de esa reflexión haya cambios normativos profundos", ha trasladado a los parlamentarios, tras criticar las políticas de control migratorio y las leyes de extranjería que de ellas derivan.

Además ha apostado por derogar la ley de extranjería, que es un "agujero negro del derecho fundamental porque categoriza a las personas por su origen y vincula el derecho a la residencia con la obtención de un contrato de trabajo o relaciones familiares".

La comparecencia, solicitada por EH Bildu, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu, PSN e IE, estaba relacionada con la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014 en las playas de Tarajal, cuando un grupo de migrantes que intentaba alcanzar territorio español a nado fue repelido por miembros de la Guardia Civil, provocando 14 muertes y una desaparición.

Villaizán ha lamentado la ausencia de los protagonistas de esta historia: "los familiares de los que fueron abatidos un 6 de febrero de 2014 en la playa de Tarajal quienes, al dolor de su terrible pérdida, tuvieron que sumar la falta de reconocimiento y desprecio de los responsables directos de la muerte de sus seres queridos".

De eta forma se ha referido a la decisión del Gobierno español de no conceder el visado a los familiares de los fallecidos para que expusieran su situación en la Cámara navarra.

"El gobierno español ha decidido seguir como hasta ahora: frontera cerrada, visados de entrada no concedidos y negación de toda explicación", ha lamentado, tras criticar las políticas de control migratorio y las leyes de extranjería que de ellas derivan.

Aunque ha reconocido que "la ley de extranjería excede de las competencias navarras", ha advertido que existen "infinidad de mecanismos para garantizar el derecho de las personas que aquí viven o por aquí pasan, independientemente de su origen, situación administrativa y figuras jurídicas creadas para seguir categorizando a las personas".

"Esto pasa, además de por hacer planes de inclusión o integración, por modificar leyes o incluso desobedecer las que vulneran los derechos fundamentales -ha añadido-, de lo contrario, estarán ustedes haciendo un discurso de acogida o de integración vacío de contenido y cómplice con un sistema que nos reduce a cifras o, lo que es peor, no nos reconoce como personas.

Por su parte, Ernesto García ha coincidido en que quienes deberían haber comparecido eran los familiares. Esta "infame tragedia" fue un "día oscuro para los derechos humanos", pues 14 personas "murieron abatidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que les recibieron a balazos de goma, gas lacrimógeno y golpe de porra cuando su vida corría peligro en el mar", ha aseverado.

"Hoy, las familias no están aquí porque el Estado español y sus responsables políticos, les han negado el derecho de venir", ha lamentado, tras criticar la actitud del Estado español, que "no les quiso dar explicaciones sobre ocurrido" y "enterró a sus muertos en menos de 24 horas con autopsias mal hechas que escondían la verdad".

Entre otras cuestiones ha reivindicado la necesidad de un "protocolo de atención a víctimas de tragedias como se le podría ofrecer a cualquier ciudadano europeo de pleno derecho".

También ha pedido la creación de un registro oficial de desaparecidos en la guerra de fronteras y un protocolo de identificación de muertos y búsqueda de personas migrantes desaparecidas en costas españolas y ha solicitado fijar las obligaciones de las funerarias de "guardar los cuerpos un tiempo prudencial para que los familiares puedan llegar a ver el cuerpo", como también la exigencia de autopsias "respetuosas y correctas".

Del mismo modo, ha reivindicado la necesidad de que las administraciones autonómicas y locales "favorezcan la emisión de visados y acompañen a las familias en sus desplazamientos para dignificar a sus muertas", así como la exigencia de "vigilar los fondos de cooperación al desarrollo, usados muchas veces de forma perversa para favorecer el control migratorio".

Finalmente, ha defendido la "investigación de los hechos en los que se vulneren los derechos fundamentales de personas migrantes en las frontera" y desarrollar, junto con la sociedad civil, "amplias estrategias de reparación para las familias".

Además ha denunciado el caso de la activista Helena Maleno, acusada de favorecer el tráfico de personas y que se enfrenta a una posible cadena perpetua. Una vez escuchada la intervención de los comparecientes, los grupos presentes se han mostrado dispuestos a estudiar las demandas planteadas.