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El CGPJ investiga la filtración de la sentencia de ‘La Manada’

La directora de Justicia afirma que “no ha sido un fallo de seguridad del Gobierno de Navarra”

Jesús Morales / Iban Aguinaga - Miércoles, 9 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Una mujer exhibe un cartel a favor de la víctima en la concentración celebrada el lunes en Pamplona.

Una mujer exhibe un cartel a favor de la víctima en la concentración celebrada el lunes en Pamplona. (Iban Aguinaga)

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Una mujer exhibe un cartel a favor de la víctima en la concentración celebrada el lunes en Pamplona.

PAMPLONA- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, acordó ayer abrir un periodo de diligencias informativas para determinar si se ha producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia de La Manada. La Audiencia Provincial de Navarra facilitó erróneamente a los medios de comunicación la resolución sin omitir el código de verificación -por “desconocimiento”, según fuentes del TSJN- que posibilitaba acceder a través de Internet al documento íntegro, incluido el nombre completo de la víctima, lo que favoreció la filtración de datos de la joven en distintas páginas web.

El órgano de gobierno de los jueces adoptó esta decisión tras tener conocimiento a través de las noticias publicadas en varios medios de comunicación de la difusión de los datos personales de la víctima de los hechos enjuiciados y, más en concreto, del acceso producido vía código seguro de verificación contenido en la resolución, informó el CGPJ. Se trata de una combinación de 50 caracteres única y asociada a cada documento judicial que permitía acceder a la sentencia íntegra a través de una página web gestionada por el Gobierno de Navarra, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia en lo relativo a los recursos humanos y materiales.

Aunque la Dirección General de Justicia del Ejecutivo foral bloqueó el acceso a la sentencia el sábado al tener constancia de la incidencia, una restricción que extendió el lunes a todos los documentos judiciales generados por el sistema de gestión procesal Avantius, la Comisión Permanente del CGPJ consideró ayer necesario investigar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos, por cuyo cumplimiento debe velar en orden a sus atribuciones.

Fuentes del CGPJ indicaron que si se concluyera que se ha cometido alguna irregularidad, la responsabilidad última correspondería al propio Poder Judicial, ya que es la institución que debe supervisar los sistemas informáticos utilizados por la Administración de Justicia, así como la difusión de las sentencias, por lo que podría exponerse a una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha abierto otra investigación.

En este sentido, la directora general de Justicia, Lourdes Aldave, explicó ayer a la agencia Efe que existe un protocolo establecido por el CGPJ y el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), en el que están representadas las comunidades autónomas con competencias en justicia, para garantizar la protección de datos, por lo que “no ha sido un fallo de seguridad del Gobierno de Navarra”. Tampoco, añadió, es un problema del sistema de gestión procesal Avantius, desarrollado en Navarra, que ya han adoptado otros territorios como Cantabria, Andorra y Aragón, porque este programa incluye todas las medidas de seguridad acordadas en el CGPJ y el CTEAJE y anunció que mañana jueves se celebrará una reunión del CTEAJE para tratar las comunicaciones electrónicas de justicia, en la que Navarra planteará una revisión de los protocolos.

APUNTES

Colaboración de Navarra. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado la colaboración del Departamento de Justicia de la Comunidad Foral en las actuaciones dirigidas a clarificar los hechos y determinar si se ha vulnerado la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Posible responsabilidad. Si la investigación concluyera que se ha vulnerado la normativa, la responsabilidad sería del propio CGPJ por que es la institución que debe supervisar los sistemas informáticos de usados por la Justicia.