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SESIÓN PLENARIA DEL LEGISLATIVO FORAL

El Parlamento amplía las funciones del Defensor del Pueblo de Navarra

EFE - Jueves, 10 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 11:35h

El defensor del pueblo, Javier Enériz, junto con el parlamentario Patxi Leuza (Geroa Bai), durante una comisión en el Parlamento.

El defensor del pueblo, Javier Enériz, junto con el parlamentario Patxi Leuza (Geroa Bai), durante una comisión en el Parlamento. (OSKAR MONTERO)

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El defensor del pueblo, Javier Enériz, junto con el parlamentario Patxi Leuza (Geroa Bai), durante una comisión en el Parlamento.

PAMPLONA. El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una modificación de la ley foral del Defensor del Pueblo, por la que se amplían las funciones de dicho órgano en relación con las quejas por falta de transparencia en las administraciones públicas de Navarra.

La modificación contempla que, sin perjuicio de la reclamación que pueda interponerse ante el Consejo de Transparencia contra las resoluciones de los órganos de la Administración que impidan o limiten el ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la información pública, podrá dirigirse también una queja al Defensor del Pueblo.

Junto a ella, se ha aprobado también la modificación de la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente, así como la Ley Foral de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral.

El "nexo común" de las tres leyes modificadas es su consideración de leyes de mayoría absoluta, que complementan las disposiciones de la nueva Ley Foral de Transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno, aprobada en la sesión plenaria de esta misma mañana.

En lo relativo a la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente, se añade un nuevo título dedicado a la ética y la transparencia en la acción de Gobierno.

En él, se establece que la actuación de los miembros del Ejecutivo Foral y de los altos cargos de la Administración Pública "estará presidida por el interés general y la transparencia en su gestión, debiéndose observar los principios éticos y de conducta contemplados en el Código de Buen Gobierno".

De esta forma, se regula el deber de abstención de toda actividad privada cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las responsabilidades públicas contraídas, cuestión que se hace extensiva a los altos cargos de la Administración Pública.

Por otra parte, se mantiene que la permanencia en el cargo en la situación procesal de investigado por la presunta comisión de los delitos de corrupción "resulta incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

Respecto a la Ley Foral de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Foral, se modifica el régimen sancionador, de forma que las infracciones muy graves, penadas con una multa de entre 600 y 6.000 euros, y las muy graves, que podrán ser causa de cese del cargo, serán castigadas con la declaración de incumplimiento de esta Ley Foral, cuestión que será objeto de publicación en el BON.